Una de las pruebas que juega en contra del juez federal Walter Bento es el almanaque. Entre los elementos usados por los investigadores para formalizar la acusación que pesa sobre el magistrado, aparece un juego de coincidencias en los turnos judiciales. Todas las maniobras confirmadas se dieron cuando su juzgado estaba activo.

Es un dato que, tanto para el juez Eduardo Puidgéngolas como para el fiscal Dante Vega, confirma la relación vertical de la figura de la “asociación ilícita” que tenía como objetivo el cobro de coimas a cambio de beneficios judiciales como, por ejemplo, modificaciones de calificaciones en las causas o dictados de falta de mérito para favorecer la situación procesal de un imputado. En esa estructura, según el expediente, Bento aparece como jefe.

Cada audio, cada escucha telefónica y cada testimonio fueron dispuestos en un gran mapa de vínculos y se lo cruzó con la información del calendario. Así, logró demostrarse que los abogados involucrados y también imputados se movieron siempre en el lapso de tiempo en que Bento estuvo de turno. Por eso Marcelo Garnica, titular del Juzgado Federal 3 de Mendoza, quedó fuera de toda sospecha.

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Es más: existe una resolución firmada por Garnica en un expediente que originalmente instruía Bento. En esa subrogancia, lo único que tenía que hacer Garnica era rubricar la decisión de su colega. Quienes conocen el detalle, creen que fue una trampa; que le hicieron una “cama” para ver si lo podían dejar pegado.

Para configurar la estructura criminal que es investigada fue clave la participación de otros abogados mendocinos, entre ellos el penalista Carlos Varela Alvarez. El letrado aportó pruebas que sirvieron para confirmar todos los puntos en común que existían en diferentes casos y que apuntaban al funcionamiento de una banda que vendía favores judiciales a cambio de dinero.

En los últimos años, varios profesionales quedaron impactados al ver que su trabajo se volvía estéril. Hacían presentaciones a favor de sus defendidos, pero las resoluciones no salían o se demoraban una eternidad desde el punto de vista procesal. Sin embargo, notaron que cuando sus clientes les pedían la renuncia y cambiaban de abogado, recibían buenas noticias casi de manera inmediato. En algunas ocasiones, con pedidos escrito a mano alzada, como para dejar asentado algún papel legal.

“Fernández” y “primo”

En la reconstrucción del accionar de este engranaje, una de las piezas clave era Diego Aliaga, el ex despachante de aduana convertido en empresario y el facilitador. Era una suerte de lobbysta.

Aliaga y Bento tenían un diálogo fluido. Está comprobado que en menos de cuatro meses tuvieron más de 250 comunicaciones a través de Telegram.

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Aliaga, secuestrado y asesinado en julio del año pasado, se anoticiaba de las causas vigentes en ese juzgado y contactaba a los involucrados. Les sugería cambiar de abogados y les explicaba que, si ponían una cantidad determinada de dinero, su situación procesal iba a cambiar de un momento para el otro. ¿Cuánto dinero? En algunos casos se habla de entre 100 mil y 200 mil dólares. Siempre el pago debía hacerse en moneda estadounidense.

En los sótanos judiciales, a Aliaga lo conocían como “Fernández”. Era su nombre clave y así aparece agendado en la mayoría de los celulares de las personas involucradas en la trampa. En tanto, él había decidido agendar en su celular a Bento bajo la figura de “Primo”.

Cuando los investigadores quisieron ver quién era ese “Primo” con quien tanto hablaba Aliaga, comprobaron que era el celular oficial que el Consejo de la Magistratura de la Nación había asignado al juez Bento.

Si no podía convencer a los acusados, Aliaga iniciaba su método de presión. Eso incluía amenazas con armas de fuego a los familiares. Cuando finalmente los persuadía, el paso siguiente era sencillo. Reunían el dinero, elegían a un abogado entre el listado que se les ofrecía (Martín Ríos, Matías Aramayo o Luciano Ortego) y esperaban a que Bento hiciera su magia.