Sin duda alguna, la dirigencia política argentina, cuando se le ha dado la responsabilidad de conducir, al frente de los Ejecutivos, poca voluntad ha demostrado tener al momento de ajustar o hacer calzar los gastos a los recursos con los que cuenta. La historia, con todo lo que ha venido pasando en el país, ha dejado al descubierto que la conducción política institucional, en general, y en todos los niveles, no ha tenido nada de contrición frente al desastre fiscal que ha provocado tras las decisiones y medidas sistemáticas y sin freno por gastar hasta el último centavo depositado en la Tesorería, para el caso del Gobierno nacional, o en las cuentas de los bancos oficiales, fondos de inversión y plazos fijos administrados por las provincias y los municipios abonados a la misma doctrina.
El populismo, probablemente y sin margen alguno de error, haya sido el que –una vez instalado en el poder– más haya exprimido las cuentas públicas por medio de una presión impositiva extrema, a fin de responder y justificar una política de falsa distribución de la riqueza, con el objetivo de establecer un esquema de justicia y equidad. Cuando la plata se acabó, tuvo que tomar caminos no acostumbrados a los transitados por la casta que lo ha representado. Es, justamente, esto último, lo que ha comenzado a ocurrir en este presente incierto por el que transita el país. Se está ante una nueva versión de aquel populismo inaugurado por los Kirchner en el 2003 y que se extendió con un éxito relativo hasta fines del 2015, cuando ya no respondía a las expectativas que creó y que siempre mantuvo altas, incluso, derrotado.
Esta cuarta versión apela a los eufemismos y, claro, a la hipocresía. Parece estar convencido de que, si de una vez por todas decidiera hablarle a la sociedad y a sus seguidores, particularmente a estos últimos, con la verdad, es probable que consiguiera como respuesta algo de comprensión. No lo hace, ni tampoco está dispuesto a arriesgar un cambio de giro que considera vergonzoso y propio de traidores. Esto último, podría pensar en su extraño sistema de pensamiento, sólo está reservado para los pusilánimes, débiles y cobardes. Pero hubo, y hay, regímenes populistas, entre ellos, los mismos en los que se dice haberse reflejado y tomado como modelo, que en su momento no tuvieron pudor en asumir medidas contrarias a su doctrina. Y han quedado como ejemplo plasmadas en la historia. China, Rusia, Vietnam, las reformas cubanas del 2008 y la actual decisión de abrir la isla a las inversiones extranjeras, los recientes ajustes ordenados por Nicolás Maduro en Venezuela y la apertura parcial al capital extranjero de los coreanos del norte, no han hecho otra cosa que lo que el sentido común y el equilibrio económico han mandado hacer.
Una economía sana, un gasto público racional, un régimen impositivo acorde a un modelo de crecimiento sustentable, un sistema de atracción de inversiones foráneas, un sistema de inversión en infraestructura pública que asegure un clima de desarrollo privado razonable, un esquema de servicios públicos eficiente, prestado por un modelo de Estado sujeto a lo que se puede sostener, en línea con los recursos y un tamaño soportable, ¿por qué razón debiesen ser todas medidas propias del estilo de modelos liberales? No debiese ser, porque, de ninguna manera, es así. Las izquierdas y los socialismos europeos, con sus luchas y enfrentamientos permanentes que sostienen con las ideas de derecha, o con las mismas izquierdas y socialismos de corte liberal, conducen a los Estados cuando tienen la responsabilidad de conducirlos, hacia los caminos sin salida en los que el populismo argentino ha enfilado.
Como un ejemplo de esa característica particular, o de ese esquema cerrado del que no puede salir o no quiere por el temor de perder adhesiones de un público al que formó y forjó a imagen y semejanza, bien puede mencionarse el caso del Consenso Fiscal que la Cámara de Diputado se apresta a aprobar, luego de que el Senado le diera media sanción la semana pasada. En verdad, es un pacto entre la Nación y las provincias que, a esta altura del año, ya deviene en abstracto. Se firmó a fines del 2021, como se ha venido haciendo todos los años, desde la llegada de Alberto Fernández al poder. Ese consenso les ha permitido a las provincias, en buen romance, abandonar las políticas de reducción del gasto que se había iniciado en el 2017, acompañando ese esquema con una reducción gradual de los impuestos, como Ingresos Brutos y Sellos.
Con la crisis propia agravada por la pandemia, más las consecuencias inflacionarias y hasta recesivas provocadas por la invasión de Rusia a Ucrania, los gobernadores se sometieron rápidamente a la Nación cuando les propuso darles un aval a los aumentos de impuestos y creación de otros a cambio de retacearles, a las provincias, los recursos no automáticos con los que el Gobierno nacional habitualmente los asiste, siempre con criterios políticos más que objetivos. Por este consenso, en una de sus cláusulas, se autorizó a las provincias a crear un impuesto a la transmisión gratuita de bienes, lo que se conoce como el impuesto a la herencia.
La aprobación del consenso, tanto en el Senado como en Diputados, ha dividido a la oposición, con legisladores claramente condicionados por sus gobernadores. En el caso de Mendoza, Rodolfo Suarez, fue uno de los mandatarios que firmó el consenso, aunque aclaró que no lo hizo con la intención de aumentar los impuestos, sino más que nada para que la Provincia lograra refinanciar las deudas que se mantenían con el Banco Nación y organismos como la Anses. “Eso ya lo hicimos y no tenemos previsto aumentar los impuestos. Por el contrario, se han reducido las alícuotas de Ingresos Brutos a 64 actividades económicas”, ha dicho Suarez. Pero la Nación, para que se firmara el consenso, también había prometido hacer algunas compensaciones por la inflación, aspecto en el que habría un incumplimiento. “La verdad, no estoy al tanto”, admitió Suarez cuando fue consultado sobre el asunto, aunque agregó: “Tampoco es relevante, porque, aunque hubiesen frenado el envío de las partidas no automáticas y discrecionales, a Mendoza no la afecta porque no envían nada”.
