En una sucesión de diez días, quince como máximo, la actualidad política mendocina pone en escena tres elementos que debiesen marcar el futuro electoral del gobierno mendocino para el turno de medio término del 2025 y comenzar a definir el perfil económico provincial para más allá del 2027. Son tres hechos potentes: el proyecto de presupuesto que ordenó elaborar Alfredo Cornejo para el año que viene; la presentación de las declaraciones de impacto ambiental (DIA) en bloque para lo que se conoce como el Distrito Minero Malargüe con 34 proyectos de exploración de cobre, todos juntos y en un mismo acto, y los primeros llamados a licitación para un grupo de obras de riego y eléctricas que marcarán el camino del uso que se le darán a los 1.023 millones de dólares de ese fondo de resarcimiento que debió pagarle la nación a Mendoza luego de probar que resultó seriamente afectada por la promoción industrial que rigió en las provincias vecinas por casi 30 años, entre los 80 y los primeros años del siglo. Estos millones de dólares, se sabe, debieron financiar la construcción de Portezuelo del Viento en Malargüe, la obra que quedó trunca a instancias de La Pampa que siempre se opuso con la complicidad del último gobierno perokirchnerista liderado por Alberto Fernández.
El presupuesto debió presentarse hacia fines de setiembre, pero la presencia de Cornejo en Londres para participar del encuentro anual de la Bolsa de Metales de Londres, demoró su ingreso a la Legislatura, hecho que probablemente se produzca este jueves en un encuentro de comisiones de carácter bicameral. En principio no habría mucho de qué sorprenderse de la pauta de gastos, porque seguiría la línea que el propio Cornejo le indicó a los presupuestos desde el 2016 en adelante, con ajustes generalizados, una baja de impuestos leve pero sostenida en ingresos brutos y sellos y una estrategia austera, finita, de gastos para el área de recursos humanos que le valió una crítica constante del arco de sindicatos estatales que siempre le exigió sumas superiores. Desde ese año en adelante, el uso de los recursos públicos se ganó la aceptación de parte de la mayoría de los mendocinos que ha ido acompañando al gobierno durante las elecciones. Pero a la vez resultó mezquino en la inversión destinada a infraestructura en un contexto nacional para ese rubro que se fue sistemáticamente reduciendo, o bien por incumplimientos en lo prometido por la nación o por cero envíos de fondos como sucede ahora con Javier Milei en el gobierno. La clave para este presupuesto 2025, puede que esté en esta área. Una mayor inversión de pesos para la infraestructura podría darle a Cornejo una carta de diferenciación con el gobierno libertario de Milei. Y se disparan algunas especulaciones, como la posibilidad de que Cornejo pida autorización para tomar deuda con ese destino o disponer de un porcentaje extraordinario de la pauta general para obras que se combinarían con los recursos del Fondo de Portezuelo. Por lo demás, sí se sabe que el proyecto incluye otro roll over por los vencimientos en dólares que se acercan a los 100 millones en el año; las sumas del superávit conseguido a obras y el descenso de alícuotas en ingresos brutos y sellos, particularmente éste último para las transferencias de vehículos 0Km.
La operación más delicada de todas, sin dudas, será la que tiene enfrente el gobierno con la presentación en la Legislatura del decreto con las DIAs de los 34 permisos de exploración de Malargüe. Si ingresan en lo que queda de la semana y obtienen estado parlamentario, recién podrían discutirse en los días venideros. Su aprobación no está amenazada porque el oficialismo cuenta con los votos para aprobar el bloque de estudios ambientales. El punto es evitar el escándalo y avivar la grieta entre quienes están convencidos de avanzar con la minería en la provincia y los que se apoyan en la oposición a la misma con fines especulativos y electorales, básicamente. Los estudios ambientales están autorizados por técnicos y expertos, pero la Legislatura le tiene que dar el visto bueno final, una anomalía más de la restrictiva ley antiminera 7722. Además, para la exploración ni siquiera se utilizan químicos, ni prohibidos ni habilitados y ni siquiera agua. Tampoco estos proyectos se encuentran cerca de glaciares. Hay un dato más a favor de la aprobación política de las DIAs: el hecho de que los proyectos están ubicados en Malargüe, un municipio conducido por el ex gobernador peronista Celso Jaque, el que les ha pedido a los diputados y senadores de su partido que no bloqueen la marcha de los emprendimientos.
La activación del mecanismo para comenzar a usar la última joya de la abuela mendocina, la plata destinada a Portezuelo, se ha convertido en la herramienta que cualquiera en lugar de Cornejo quisiera tener hoy gobernando una provincia, como ha sido Mendoza, que a duras penas se ha mantenido a flote, sin terminar de morir definitivamente, ni tampoco de resucitar de manera vigorosa, por casi quince años. ¿Qué se sabe de esto? Que probablemente la semana próxima se activen los primeros llamados a licitación para concretar los proyectos de inversión que ya están terminados. Son iniciativas que debieron haber pasado por el registro de proyectos que abrió el gobierno para incentivar a la presentación de iniciativas, en su gran mayoría originadas desde los municipios. En este caso, marcharían en punta algunas obras eléctricas, de agua y saneamiento, las de Irrigación que conforman un bloque de alrededor de 200 millones de dólares y otras de infraestructura vial. En el gobierno sostienen que todas ellas tendrían adosado un mecanismo de repago que permitiría recuperar un monto similar a lo invertido para realimentar un fondo que tendría que acompañar a varias generaciones más de mendocinos. Para alcanzar esta meta, la de la existencia a lo largo del tiempo de esos recursos, casi la mitad del presupuesto que tuvo la provincia para funcionar en este 2024, sólo tendrían que seguir el camino inverso que tomaron los gobiernos desde los 90 en adelante, cuando se recibieron casi 700 millones de dólares por regalías mal liquidadas con las que se formó el pomposo Fondo para la Transformación y Crecimiento (FTyC) para quedar reducido a una cuenta más en la actualidad, sin demasiada relevancia, ni mucho menos una herramienta trascendente para modificar el rumbo de la economía provincial en épocas de necesidad como estaba llamado a ser en su origen.