¿Podrá el peronismo volver a hacer pie al nivel de las demandas sociales de la provincia y construir desde allí un plan, con una dirección clara y determinada, y un mensaje que lo posicione como una alternativa competitiva ante un oficialismo que obligadamente tendrá que sacar a la cancha a nuevos jugadores que lo representen hacia el fin del ciclo de Alfredo Cornejo? El interrogante configura por este tiempo una de las mayores incertidumbres de la política mendocina.
El debate por ese triplete de leyes medulares para la provincia –el conformado por el Presupuesto, Impositiva y Avalúo–, develó cuanto menos dos hechos contundentes que se desprenden, como una consecuencia, de la hegemonía que el radicalismo viene ejerciendo sobre la marcha de la política y todo el andar institucional del Estado. El primero de todos surge de la prepotencia numérica que posee en ambas cámaras y que Cornejo ha venido usando a su favor sin clemencias y mucho menos miramientos por sobre el resto de las bancadas. Se trata de una mayoría cómoda que podría verse modificada para la segunda parte de lo que viene de la gestión, hacia el fin del gobierno de Alfredo Cornejo, si Cambia Mendoza –o lo que quede de ella–, no logre un claro y extendido triunfo en las elecciones de medio término que se avecinan.
El segundo factor se evidencia en la fractura y división que padece el peronismo, por sobre toda la oposición, desde el mismo tiempo en que comenzara esa seguidilla de derrotas electorales que recibió durante los últimos diez interminables años. Precisamente las diferencias entre los K y el sector de los intendentes, no sólo le impidió al PJ en muchos pasajes de ese tiempo de derrotas tras derrotas moverse en bloque, hacer valer su posición, aunque minoritaria, pero valiosa cuando aún se presentaba fuerte y con algo de vigor; sino por sobre todo –lo que al final de cuentas ha sido lo más importante–, no consiguió elaborar esa propuesta de ideas y proyectos, el plan del que ha adolecido alimentando, desde esa debilidad persistente y constante, la hegemonía oficialista y de Cornejo particularmente a la que tanto ha aludido como nociva para los intereses provinciales y culpable de sus propias carencias, errores y decisiones desacertadas, a contramano del gusto y las necesidades mendocinas.
En cuanto a la dinámica interna, esa división expuesta entre los que gobiernan en las comunas que mantiene el PJ y que tienen responsabilidades concretas y ejecutivas en el territorio, los intendentes, con los K o camporistas que son quienes han llevado la impronta del movimiento e impuesto el estilo y el modo para relacionarse con la comunidad, resultó ser clave, por supuesto, el método del gobierno para inducir ese efecto, precisamente, el de su propia descomposición, hasta sumirlo en lo que hoy se ha transformado: menos que una sombra de aquella expresión que gobernara durante 12 años continuos entre fines de los 80 y todos los 90.
La puja se circunscribe en torno las demandas urgentes de los intendentes y los sueños de que la taba caiga al revés y cambie la suerte que anidan los K. Los intendentes cada vez más necesitados de recursos que necesariamente deben surgir de la provincia para financiar obras, por ejemplo, que mantengan más o menos en pie la actividad económica y garanticen la paz alrededor de los edificios municipales. Mientras, a la dirigencia kirchnerista la mueve la obsesión de castigar a Cornejo y al gobierno por entender que es ése el mandato de quienes con su voto los ha puesto en el lugar de oposición.
De esas diferencias se ha venido beneficiando el Ejecutivo, claro está. Y en los hechos recientemente con la discusión de las leyes económicas. Mientras los K pretendían que se usara como elemento de presión en la Legislatura la necesidad del gobierno para que se le aprobara el roll over (autorización para tomar deuda y canjearla por más plazos, menos intereses y mejores condiciones) y negociar ese apoyo por ganar injerencia y participación en temas clave de Estado, como el uso de los recursos del Fondo de Resarcimiento de la Promoción Industrial (los 1.023 millones de dólares de Portezuelo). Los intendentes peronistas hacían valer su posición para obtener, con la aprobación de las leyes presupuestarias en donde se incluía el roll over, mejores tratos de parte del mismo gobierno y una respuesta positiva a distintas obras en sus departamentos financiadas con “las últimas joyas de la abuela”, aceptando incluso promesas de dudoso cumplimiento.
En el kirchnerismo admiten, entredientes, que les ha resultado indescifrable el laberinto en el que los introdujo Cornejo y su estrategia de elegirlos como rivales directos en cada elección desde el 2013 en adelante. Pero allí no entienden –o eso parece–, que padecen un problema de muy compleja resolución mientras sigan alrededor y sometidos a los designios de la ex vicepresidenta de la nación, condenada en doble instancia por hechos de corrupción.
En cambio, los intendentes y todo el universo no K sí parece comprender la extrema debilidad en la que se encuentran, particularmente en Mendoza, mientras se muestren con Fernández de Kirchner. Pero tampoco demuestran, al menos hasta ahora, contar con la solución del problema: no enfrentan a los K, ni tampoco se desembarazan de la líder del peronismo nacional. O no quieren, o no saben cómo hacerlo o no se animan. Mientras tanto los legisladores que les responden en las cámaras muchas veces terminan votando junto al gobierno, divorciados de sus compañeros K, haciendo crecer las sospechas que los hacen por acuerdo alcanzados entre el gobierno y los caciques que conducen en sus territorios.
Ambas facciones, los K y los no K, deben afrontar, en tanto, la idea que se tiene de ellos de no contar con un plan, ni tan siquiera de un mínimo proyecto alternativo sobre Mendoza. Y Cornejo los corre por ese callejón: “Mientras nosotros gobernamos y hablamos de Mendoza, ellos siguen con Cristina trabajando para sus intereses en otros confines”, parece decirles el gobernador; un discurso que ahora ha empezado a utilizar para intentar desenmascarar al mileísmo que ve venir amenazante: “Se agarran de Milei y critican a mi gobierno, pero los funcionarios de Milei apoyan y están de acuerdo con lo que hacemos en Mendoza”, les dice.
Hay, sin embargo, en el peronismo, y contra todo lo que se podría pensar desde el kirchnerismo más que nada, un esbozo por cambiar la historia y esa fuerza que los somete a quedar discutiendo, quejosos y a los gritos, sólo detrás de los muros legislativos. Necesitados de salir a la calle y que se conozcan sus ideas sobre el funcionamiento del Estado, intentan darle aire a los observatorios que han montado alrededor de la seguridad, del desarrollo municipal y su particular lógica de funcionamiento y el último que han llamado “cosecha”, el centro de observación y seguimiento de la economía y la crisis hídrica. Al menos un intento por hablar en mendocino, descubriendo lo que consideran las inconsistencias del oficialismo y en general de toda su política de gestión. No está mal y por algo tenían que empezar.
Por supuesto que llevarán a esos foros otros asuntos que se desprenden de lo específico: temas como que el gobierno se ha quedado no sólo con el manejo y la suerte institucional de la provincia por el avance sostenido de Cornejo sobre los tres poderes, sino que además ha buscado definir por sí sólo y sin otras miradas el destino de los 1.023 millones de Portezuelo bajo un método discrecional en el financiamiento de las obras. Los k pretendían, en el debate que perdieron, que el fondo se incorporara al presupuesto de alguna manera y contar con alguna presencia política más fuerte. Y claro que, a todo eso y a modo de queja resignada, comentan que toda la oposición fracasa en eso de imponer un seguimiento más firme y cercano al uso del mismo presupuesto y de los recursos que ha ganado el gobierno por afuera de las miradas molestas al subestimar los ingresos y pisar o demorar las ejecuciones de obras: “Con todo eso tienen aire para rato, mientras los intendentes dependen cada vez más de las cuentas provinciales”, argumentan amargamente.