En Mendoza los radicales no solo gobiernan, también se controlan ellos mismos y pasan de cargos políticos o de representación a controladores de sus propios correligionarios.

Algunos ejemplos: Gustavo Pinto, ex Intendente de La Paz y ex senador de la UCR, fue nombrado como Director del Hospital Arturo Illia o Gustavo Boullaude que pasó del ejecutivo a juez y la lista sigue.

Esto pasa todas las semanas en el Senado Provincial, cámara por la que ingresan los pliegos propuestos por el ejecutivo de los aspirantes a jueces, fiscales o cargos que requieren votación en mayoría simple para ser nombrados. Ex legisladores, ex funcionarios o sus propios familiares son propuestos para cargos en los organismos de control, donde claramente debería haber alguien que audite las acciones y cuentas del gobierno provincial, pero que no esté identificado con el ejecutivo de turno. Pero esto no pasa, en Mendoza controlan todo.

En la provincia existen órganos de control, independientes del ejecutivo que deben garantizar la transparencia en la gestión, pero esto en la práctica no sucede. Muchos de los que deben controlar vienen directamente de cargos políticos en el ejecutivo o legislativo y con una clara identificación partidaria, lo que no garantiza velar por los intereses del Estado provincial. A esto se suma que muchas veces sus currículums no demuestran conocimientos relacionados con los cargos a ocupar y otras tantas veces con la tarea que desempeñarán como controladores.

El sistema de concurso tampoco es transparente. Esta semana entraron los pliegos para ocupar cargos en el Ente de la Movilidad Provincial, abiertamente ligados al Frente Cambia Mendoza. Se trata del exsenador sanrafaelino y quién se desempeñó también en EMETUR durante parte de la gestión de Cornejo, Lucas Quesada.  El llamado a concurso solicitaba competencias necesarias para acreditar idoneidad en el cargo.

Es claro el direccionamiento del concurso público y la evaluación de perfiles y elección del gobernador Suárez. Algunos de los aspirantes, profesionales con sobrados antecedentes en la materia, incluso que trabajan actualmente en el ente de control, no fueron tenidos en cuenta. Suárez eligió sumar un correligionario al Estado en vez de priorizar la calidad en la función, la experiencia técnica y profesional en servicios públicos, acciones que se vienen repitiendo y que lamentablemente se ve reflejado en una Mendoza dónde hay una monopolización en los organismos de control del Estado provincial.

En febrero de 2022 desde el bloque de Senadores del FDT – PJ advertimos que el oficialismo estaba cooptando el Poder Judicial y se decidió no participar más de las sesiones de acuerdo para la elección de jueces y fiscales. Desde hace seis años más de un tercio de los jueces, fiscales y defensores de la provincia de Mendoza han sido puestos por Cambia Mendoza entre los gobiernos de Alfredo Cornejo y Rodolfo Suarez.

Con este mecanismo fueron designados en la gestión radical en cargos que son vitalicios tanto la antes Ministra de Hacienda de Cornejo, luego diputada provincial de Cambia Mendoza y posteriormente contadora general de la provincia Paula Alassino así como Néstor Parés otrora presidente de la Cámara de Diputados y ahora presidente del Tribunal de Cuentas.

Esta práctica recurrente del radicalismo vulnera la calidad institucional de la provincia, sin diálogo, sin consensos e imponiendo la mayoría automática para el nombramiento en cargos de control y auditoría a ex legisladores o ex funcionarios radicales o familiares de estos.

Un ejemplo cercano en el tiempo es el del 16 de agosto pasado cuando desde el PJ rechazamos en el Senado los pliegos propuestos por el Gobierno para Irrigación. Gennari renovará por 5 años y Gustavo Ruiz, ex diputado provincial de la UCR será consejero. Los que dicen ser respetuosos de la institucionalidad omiten que la Constitución dicta mandatos de 5 años con el objetivo de desvincular al gobierno del agua del Ejecutivo de turno. Cómo ya mostramos en los ejemplos anteriores tanto Marinelli, como los cinco consejeros de Irrigación son del mismo color político que el gobernador.

En Mendoza controlan todo: Tribunal de Cuentas, la Oficina de Ética Pública y tienen mayoría automática en la Corte.

No desconocemos las reglas del juego de la democracia y las mayorías necesarias para gobernar, pero estos abusos sobrepasan los límites. El  pueblo de Mendoza nos puso en el lugar de oposición para controlar las actos, acciones, omisiones y errores del ejecutivo y en nuestra provincia se están cometiendo abusos. El sistema de control mendocino está lejos de ser el ejemplo de institucionalidad que muchos le atribuyen a la provincia.

* La autora es senadora provincial por el Frente de Todos.