El 14 de febrero la provincia de Corrientes inaugurará el inicio de ciclo lectivo. Será el primer arranque del año 2022, el más prematuro de todos. Una semana después, el 21 del mismo mes, las clases empezarán en Mendoza y en CABA. El resto de las provincias decidió empezar el 2 de marzo, aunque algunas de ellas tomarán algunos días de febrero, los últimos, para que los chicos con trayectorias débiles o que no lograron alcanzar los objetivos básicos del 2021 puedan ganar algo de tiempo para nivelar conocimientos con sus compañeros.
¿Cuánto de ideológico o de visiones políticas diferentes en pugna se podrían esconder y contener al momento de decidir, desde un Gobierno provincial, el inicio del ciclo lectivo anual? Hasta algunos pocos años atrás, hacerse tal pregunta podría corresponder, sin temor a equívocos, a una mente retorcida o afiebrada. Pero hoy todo es pertinente, incluso el prestarle atención a la fecha del comienzo de clases, como está visto.
Mendoza y Corrientes tienen en común estar gobernadas por una coalición en la que la fuerza dominante es el radicalismo. A la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CABA, hace quince años que la gobierna el Pro, que creó Mauricio Macri. Las tres, con Rodolfo Suarez, Gustavo Valdés y Horacio Rodríguez Larreta al frente, son parte de la sociedad opositora que viene de ganar las legislativas de medio término del año pasado y que se prepara, casi impensada e inesperadamente dos años atrás, a jugar una chance real de vuelta al poder nacional que le arrebató el kirchnerismo. Jujuy, la otra provincia en manos de la oposición nacional con Gerardo Morales al frente decidió, al igual que el resto del país, ordenar el comienzo para el 2 de marzo.
Cuesta creerlo, pero no hay muchos argumentos objetivos y científicos si se quiere para disponer tanto una fecha de inicio como la otra. Pero, en verdad, sí hay mucho de diferenciación política entre una y otra. Así como buena parte del 2020 y todo el 2021 los enfrentamientos políticos se trasladaron al ámbito de la educación y de la estrategia a seguir desde los gobiernos, es de esperar que para el 2022 ocurra exactamente lo mismo. Porque no hay indicios de que ocurra algo diferente.
En gran medida está envuelta en una incógnita: cuál será la relación aquí en Mendoza entre el sindicato docente –conducido ahora por el kirchnerismo más duro y puro– con un gobierno como el de Suarez que, pese a sus particularidades respecto de la administración a la que sucedió, siguió adelante con la misma estrategia rígida y casi sin concesiones con el sindicato que había inaugurado Alfredo Cornejo. Pero es de esperar que, en breve, cuando los docentes tengan que volver a las aulas en los primeros días de febrero, el sindicato presione fuertemente para instalar en la agenda paritaria no sólo el salario y el monto de incremento para el año, sino también el estado de los establecimientos y, por sobre todo, la discusión sobre los protocolos en medio de la tercera ola de la pandemia de COVID con el acento puesto en la presencialidad.
El escenario nacional tendrá lo suyo, claramente. Con el grueso de los sindicatos alineados con el gobierno de Alberto Fernández, sólo habrá que seguir la calidad y la salud de ese vínculo para imaginar el nuevo rumbo de la educación en el país que, sí o sí, se tiene que dar en el 2022, tras dos años absolutamente irregulares y fuera de contexto.
Si bien la conflictividad entre sindicato y gobierno forma parte de la habitualidad y de una marcha normal y natural en la relación, son tantas las diferencias que, para el caso de Mendoza, casi no existieron puntos de acuerdo y todo se impuso por la vía de la fuerza de un decreto u otro para, el caso del Gobierno, o por la vía del reclamo airado y en las calles, por el lado del sindicato. Y no hubo, hay que decir, resultados buenos o destacables que hayan surgido de ahí.
En la semana, es muy probable que de las reuniones que surjan entre el Gobierno nacional con las provincias, la presencia total o al 100 por ciento de los alumnos en las escuelas sea el gran tema de debate. Si se tiene que avanzar en un proceso que tenga como prioridad la asistencia de los chicos de forma presencial en las escuelas o no. Allí se verán las distintas posiciones marcadas por las diferencias políticas y la incidencia de los gremios en la opinión de los gobiernos.
Es probable también que aparezca como un componente central la vacunación. No sorprende que comenzaran a escucharse en las últimas horas algunas voces con condicionamientos tales como que sin vacuna nadie podrá ingresar a las escuelas. Por lo tanto, no extraña que en la próxima reunión del Consejo Federal de Educación se instale con fuerza tal discusión.
En esa línea de debate, si las clases se iniciaran ahora en Mendoza, el sistema educativo se encontraría con 75 por ciento de los chicos de 3 a 11 años vacunados con la primera dosis y 42,4 por ciento con el esquema completo de dos dosis considerado para ellos. En tanto que, del universo de chicos de 12 a 17 años, 82 por ciento recibió la primera dosis mientras que 65,7 por ciento se encuentra ya con esquema completo.
