Sin tiempo para revertir nada ya, el gobernador Julio Cobos, atribulado y aturdido por el problema, pareció decirse a sí mismo: “Todos buscan salvarse, todos acusan al otro, todos hacen campaña con esto, pues yo también”.Y, pensado esto, se sacó los lentes de lectura, miró fijo al presidente de la Suprema Corte, Jorge Nanclares, y desde lo alto de la honorable tarima desde la que leía el discurso ante la Asamblea Legislativa, le descargó un arsenal de quejas y reproches contra jueces, fiscales y el procurador, pese a que el viernes anterior le habían advertido que se equivocaría si insistía con eso de que los delincuentes, cuando llegan a los tribunales, entran por una puerta y salen por la otra, levantando un manto de sospecha sobre el accionar profesional de los enemigos favoritos de su gobierno cuando de ineficacia se habla en el combate contra la inseguridad: los jueces y el criterio de estos y los abogados que defienden a los acusados de algún delito y los abogados conocidos como de los Derechos Humanos. Un discurso totalitario, absolutista, primitivo e inconstructivo.
La falta de un programa y de un plan concreto en materia de seguridad le ha significado a la administración de Cobos, en términos políticos, una pérdida de casi la mitad de las adhesiones que cosechaba algunos meses atrás sobre el humor social ante el resultado o la marcha del accionar de Gobierno. En realidad, este aspecto poco le importa a su entorno, que sólo saca cuentas de los minutos y segundos que faltan para el 28 de octubre y actúa como pidiendo la hora.
Porque no se sabe, a ciencia cierta, cuándo ni cuánto de ese fastidio que comienza a notarse en la ciudadanía podría reflejarse en un voto contrario al candidato del oficialismo. Hay tres sondeos de opinión de confección reciente muy comentados: Enrique Bollati, Elbio Rodríguez y Santiago Alé. Los tres darían por ganador claro en las elecciones al godoicruceño César Biffi, el candidato de la muy marketineada Concertación Plural, sin que por el momento la insatisfacción por los resultados de la gestión y, especialmente, por la inseguridad le mellen alguna posibilidad a la entente oficialista, con Kirchner y Cobos como sus abanderados.
Alé hizo dos trabajos, uno pedido por un sector del peronismo que se debate entre sumarse a la corriente concertadora o apoyar al malargüino Celso Jaque. En ambos surge un marcado y ascendiente fastidio de los consultados no sólo por el delito, sino también porque el acceso a la salud pública continúa siendo irrespetuoso y el transporte público, pese a las mejoras, está lejos, muy lejos, del ideal.
El 46,7 por ciento de los encuestados sostiene que la gestión es negativa (entre regular y mala). Al Gobierno le preocupa que ese sentir se transforme en votos en contra, cosa que todavía no ocurre y que le tiene que agradecer a la misma oposición tradicional, que ha expuesto su incapacidad para mostrar alternativas al discurso y al modelo oficialistas. Desde el martes 1 de mayo, Cobos ha dejado en claro que la campaña electoral versará sobre la inseguridad. Su actuación y sus dichos, meticulosamente preparados, ya generaron impacto.
En primer lugar, desconcertó a la derecha y centroderecha mendocina, que se preparaban para asestar un golpe importante reclamando más mano dura y acción policial a más no poder. El discurso descolocó hasta a algunos dirigentes del Partido Demócrata y a especialistas conservadores que, preocupados, recordaron que vivimos en un sistema de derecho con libertades consagradas por nuestra Constitución.
Pero la derechización –desde lo ideológico– del discurso de Cobos y cierto giro hacia el populismo demagógico tendría un sentido: ante la falta de tiempo para aplicar cualquier plan serio que mitigue los efectos del delito, el ponerse en el mismo lugar desde donde reclama el ciudadano común, tomando su propio discurso y haciendo suyo el clamor general de seguridad a lo que dé lugar –comprensible emocionalmente para cualquier persona pero que torna en irresponsable a la administración–, anestesia, calma la agitación y le roba algunas banderas a la oposición.
El decir lo mismo que todo el mundo dice, transforma la protesta, la queja y el reclamo airado por acciones contra la inseguridad en un sinsentido, al menos por un tiempo. Sin embargo, las expresiones organizadas de la sociedad civil, conducidas por referentes sociales, inquietan al Gobierno.Y una en particular, por la cercanía con el presidente Néstor Kirchner que tiene al menos uno de los firmantes de un documento particularmente duro con las señales autoritarias del gobierno de Cobos. Se trata del escrito del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que firman Gastón Chillier, su director ejecutivo, y Horacio Verbitsky, su presidente y uno de los asesores comunicacionales más cercanos a Kirchner.
El CELS se queja del “desprecio por las garantías individuales” que surgen de las declaraciones del ministro Alfredo Cornejo y del gobernador Julio Cobos, las que constituyen “un menosprecio por los principios que rigen el Estado de derecho”. Y luego de recordar que las medidas que endurecen el sistema penal van contra lo establecido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que no han dado resultado en ninguna parte del mundo donde fueron aplicadas, y de hablar de la ineficiencia y mala fama de la policía mendocina, advierte: “Si el sistema político traduce la multitud de reclamos sociales en forma lineal e irreflexiva, pierde su función de mediar en los conflictos, construir acuerdos y diseñar políticas públicas y, con ello, actúa de modo irresponsable”.
A este documento, el más temido por Cobos y su gente, se le suman otros: el firmado por más de treinta ONG (entre las que se cuentan religiosas, católicas y evangélicas), que le reclaman retomar el control civil sobre el manejo de la policía, y otro, que se conocería hoy, firmado por cerca de veinte curas, algunas monjas y otros tantos diáconos. Éste último apela a las causas que provocan inseguridad haciendo foco en la exclusión y la marginación.
“Si los derechos ciudadanos como vida, trabajo, educación, libertad entre otros, no son para todos, se transforman en privilegios para algunos”, dicen los curas Vicente Reale, Carlos Flecha García, Marcelo Debenedectis, Roberto Juárez, Jorge Contreras, Juan Miranda y Augusto Barachini y la hermana Nelly Cruz, del barrio La Gloria. La fuerza de los religiosos, su llegada a la sectores más humildes, debería hacer reaccionar al Gobierno, antes que una señal adversa en las encuestas.