√ “Todo ha sido un fracaso institucional y político aberrante”, dijo ayer María Milagros Noli, la directora de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia de la Suprema Corte de Justicia.
√ Antes, la ministra de Seguridad, Mercedes Rus, había reflexionado en público asegurando que desde la gestión no niegan los problemas: “Nos ponemos al frente y trabajamos en ello. La seguridad y la justicia van de la mano, pero es difícil lograr seguridad si no hay justicia”.
√ El juez de ejecución penal, Sebastián Sarmiento, en una de sus varias apariciones del día, llegó a confesar sentirse solo y sin más apoyo intelectual especializado y técnico a quien acudir para definir situaciones como con la que se encontró al ordenar la libertad condicional de Roberto Rolando Pereyra Cruz tras unos siete años preso y cuando le quedaban un poco menos de cinco para cumplir con la condena. El magistrado, objetivo de todas las críticas realizadas por el gobierno de Alfredo Cornejo y a quien se lo acusa de ser el único responsable y culpable de la libertad de un reo que volvió a matar en el mismo momento en que encontró su propia muerte, avanzó más allá en su queja al apuntarle al Organismo Técnico Criminológico (OTC), el que había desaconsejado la libertad de Pereyra Cruz, por contar con un nivel de error en sus informes alarmante, poco confiable porque a su entender sólo un grupo reducido de presos liberados, de entre el 18 y 20 por ciento vuelve a reincidir, punto que el Ejecutivo también ha rechazado al ubicar el porcentaje de la reincidencia, con datos actualizados a fines del 2023 en el orden del 53 por ciento.
√ El propio Alfredo Cornejo, luego de acusar directamente al juez de no cumplir con la ley, de lamentar la muerte del policía retirado Héctor Pelayes, la víctima de Pereyra Cruz, convocó a mirar para adelante, rogando que hechos como el de la libertad del asesino no vuelvan a ocurrir y que una decisión como la que tomó Sarmiento fuese la última conocida.
Si se repasan las declaraciones de cada uno se verá que no hay nada desconocido a todo lo que ha venido pasando con situaciones de alto impacto y conmoción casi total como la ocurrida el domingo a la noche en Los Corralitos, cuando Pereyra Cruz irrumpió junto a un cómplice que está prófugo en el domicilio de Pelayes con intenciones de robo, en apariencia, y al enfrentarse a tiros con el dueño de casa ambos caen muertos en la misma habitación.
Las repercusiones del caso, con el parecer y opinión de estos funcionarios en sus distintos niveles, no ha hecho más que sumir en una profunda impotencia y desconcierto a la sociedad atenta a la inseguridad en general y al comportamiento institucional cuando se procede a la liberación de asesinos, con derechos o sin ellos, les correspondiese o no y el seguimiento de su supuesta reinserción social tras el cumplimiento de la condena. El fracaso es descomunal. Ni pensar lo que ocurre en el seno de una familia víctima absoluta y total de ese fracaso, como la de Héctor Pelayes, re victimizada una y otra vez.
El domingo a la noche Roberto Rolando Pereyra Cruz ingresa al domicilio de Héctor Pelayes, a quien mata y quien lo mata ejerciendo su derecho de defensa propia. Pereyra Cruz estaba libre desde el 26 de abril del año pasado, cuando el juez Sarmiento resuelve en su favor, pese a que tenía informes que le sugerían lo contrario. Pereyra Cruz había sido condenado a 11 años y 6 meses de prisión en el 2018 y cuanto menos debería haber estado preso hasta el 2027. Pereyra Cruz, en el 2016, había asesinado en ocasión de un robo. Por eso estaba preso. Debió recibir una pena mayor, quizás hasta 25 años o prisión perpetua, pero al beneficiarse en un juicio abreviado consiguió su primer resultado positivo, a su favor con menos años de encierro. Más tarde Sarmiento le daría una de las mejores noticias de su vida al dejarlo en libertad. Para ello, el juez debió declarar inconstitucional un artículo del Código Penal, el 14, el que le impedía darle el beneficio. Dijo por entonces Sarmiento que además de inconstitucional el artículo era inaplicable, cuando se trataba de un caso de homicidio agravado.
Tanto para la legislación provincial como para la nacional, Pereyra Cruz nunca debió conseguir la libertad condicional, como tampoco la reciben los autores de homicidios simples y agravados; los que cometen delitos contra la integridad sexual; los que cometen robos agravados y los que matan en ocasión de robo. Como está dicho, el artículo 14 del Código Penal es el que impide la libertad condicional a los reincidentes. Sarmiento dice, entre sus argumentos, que cuando concedió la libertad a Pereyra Cruz éste no era reincidente.
El Organismo Técnico Criminológico (OTC), el mismo que para Sarmiento falla en sus dictámenes de manera “alarmante”, fue el que le desaconsejó al juez aprobarle la libertad condicional. El informe fue firmado por la psicóloga Elena Vergara. Allí se lee que en el caso de Pereyra Cruz “persisten factores de riesgo criminológico los cuales se advierten en el posicionamiento desafectivizado frente al delito y las víctimas, destacando falencias de significación clínica en la posibilidad de desarrollo de procesos reflexivos y autocríticos orientados hacia su conducta disruptivo-violenta, la cual no es percibida como tal, lo que permite estimar inconveniente el acceso al instituto solicitado, sugiriéndose conveniente dar continuidad a las actividades educativas y laborales emprendidas, e inclusión de talleres psicológicos y psicoeducativos orientados hacia el ejercicio de autocontrol impulsivo, así como a las distintas etapas de la progresividad del régimen de la pena con la finalidad de optimizar pronóstico de reinserción social”.
Ahora bien, el colapso institucional, que llega indefectiblemente al fracaso con consecuencias de alto impacto, se completa cuando se toma conocimiento de cómo vivió el asesino del policía retirado, hasta que se encontró, también como está dicho, con su muerte. Pereyra Cruz, tenía 36 años y había nacido y crecido en un hogar vulnerable por donde se lo viera. Tuvo cuatro hermanos, uno de ellos purgando una pena por homicidio por haber matado a su padre, el padre de todos los hermanos, un tipo violento y golpeador y que había sometido a toda la familia a un infierno constante.
Estos datos se desprenden del informe de la psicóloga Vergara, la misma que desaconseja la libertad condicional del reo. Pereyra Cruz apenas había ido a la primaria, la que terminaría en la cárcel según se dijo. Cuando abandonó las clases se dedicó al trabajo informal y precario en condiciones más vulnerables de las que había tenido en la infancia. El informe sostiene que todo incidió en su criminología delictiva. Pese a eso, tuvo dos hijos, de 17 y 14 años con una mujer con la que mantenía un vínculo de pareja. Cuando Sarmiento le otorgó la libertad condicional, fijó en el escrito que el domicilio del liberado estaría ubicado en el Barrio 25 de julio, de Rodeo del Medio, Maipú, el mismo lugar de residencia de sus hijos y de su pareja.