En Mendoza empieza a instalarse una sensación que la política todavía no dice en voz alta, pero ya actúa en consecuencia: el proceso hacia 2027 se adelantó. No por estrategia ni por ambición, sino por algo más determinante. La economía, por ahora, no está llegando a tiempo. “El 2027 empieza ahora”, comentamos la semana pasada en esta misma columna, ilustrada con el video del abrazo que se dieron en Nueva York Javier Milei y Alfredo Cornejo, el presidente y el gobernador.

El ordenamiento macroeconómico que impulsa el Gobierno nacional logró desactivar urgencias en un comienzo y bajar tensiones que condicionaban cualquier escenario.
Los triunfos iniciales fueron evidentes. Pero ese ordenamiento —y el sinceramiento que hizo crujir al país— también tuvo un costo. El impacto social de esa reconversión, casi como un parto, se instaló.

Sin embargo, ese reacomodamiento todavía no se traduce en mejora concreta para la vida cotidiana. Y aquel trofeo ganado en la primera etapa, en la pelea contra la inflación, con el paso de los meses fue perdiendo potencia.

Y es en ese desfasaje —entre lo que se estabiliza arriba y lo que no mejora abajo— donde empieza a reconfigurarse la política.

Los datos empiezan a marcar ese límite. En el Gran Mendoza, la desocupación es del 6,7 por ciento, pero el dato más inquietante es otro que persiste con el paso del tiempo: crece la cantidad de personas que, aun teniendo trabajo, buscan un segundo ingreso. El salario no alcanza. El consumo no reacciona. Y la mejora macroeconómica todavía no logra traducirse en alivio cotidiano.

Ese desacople —cada vez más evidente— no solo ordena el clima social. También empieza a tensionar las herramientas con las que se cuenta para las contingencias. Porque incluso instrumentos históricos de la política económica mendocina entraron en zona de revisión.

El caso más emblemático es el Fondo para la Transformación y el Crecimiento. Creado en 1993 con más de 600 millones de dólares provenientes de regalías mal liquidadas por la Nación, durante años fue una pieza central, modesta, sí, pero simbólicamente fuerte, para el financiamiento productivo a tasas subsidiadas.

Hoy, ese esquema muestra signos de agotamiento. En el propio Gobierno admiten lo que hasta hace poco se evitaba decir: el Fondo se fue licuando. Se quedó sin combustible tras años de prestar a tasas blandas. Ya no tiene la capacidad de apalancamiento que supo tener. Y, en consecuencia, tampoco está en condiciones de cumplir el rol que lo definió durante décadas.

La discusión ya no es cómo potenciarlo, sino qué hacer con él. Sobre la mesa aparecen dos caminos: su disolución o una reconversión hacia una estructura más chica, más ágil, más enfocada en articular herramientas financieras existentes —como las sociedades de garantía recíproca, entre ellas Cuyo Aval, Acindar y otras— en lugar de sostener un esquema de crédito directo que hoy resulta inviable en escala.

El dato es más que técnico. Es político. Porque revela un límite estructural: en términos generales, Mendoza mantiene orden en sus cuentas, pero ha ido perdiendo capacidad de intervención en la economía real. Tiene administración, pero menos músculo financiero y menor capacidad para influir en la economía de la que dependen más de 2 millones de mendocinos.

Dicho de otro modo: la provincia conserva el control, pero resigna potencia. Y ese límite se percibe. Se ve en una actividad privada que no termina de arrancar, en sectores productivos que operan con cautela, en una matriz que no logra expandirse al ritmo que exige el contexto. Y se percibe, sobre todo, en una sociedad que ve cómo se agudizan los signos de fatiga tradicionales —y lamentablemente históricos— en la Mendoza de los últimos tres lustros: salarios bajos, empleo de calidad escaso y una pobreza que, aunque haya retrocedido desde los picos más altos, sigue siendo una preocupación persistente.

A ese cuadro se suma un ruido de fondo que empieza a filtrarse: los indicios de conflictos internos en el gobierno nacional y los escándalos que lo rodean. No definen por sí solos el escenario, pero erosionan expectativas en un momento donde la confianza es un activo central. No solo la economía estaba en juego en 2023. También la ética.

En ese contexto, la política no solo se mueve: empieza a negociar. Durante la Argentina Week en Nueva York, se activaron conversaciones que pueden tener impacto directo en el tablero mendocino. Hubo contactos entre Karina Milei y Alfredo Cornejo que abren la puerta a un entendimiento electoral que se ha esbozado en borrador, de manera preliminar.

La hipótesis que circula en la dirigencia —y que empieza a ganar volumen en la agenda nacional— es que La Libertad Avanza podría no presentar una oposición directa en Mendoza, convirtiendo a la provincia en una de las pocas excepciones dentro del esquema político del oficialismo.

Si ese escenario se confirma, la discusión deja de ser abstracta y pasa a ser concreta.

Porque en el corto plazo Mendoza pone en juego tres bancas en el Senado y varias en Diputados nacionales. Y cualquier acuerdo implicará definir cómo se reparten esos lugares: quién encabeza, quién acompaña y bajo qué condiciones se ordena la representación legislativa.

Ahí es donde la alianza deja de ser discursiva y pasa a ser poder. Por ahora, el vínculo entre Cambia Mendoza y el oficialismo nacional se sostiene en la conveniencia mutua: gobernabilidad para uno, cercanía al poder para el otro. Pero como toda construcción política, tiene un punto de tensión inevitable.

El calendario.

A medida que se acerque 2027, lo que hoy es cooperación puede transformarse en competencia. Y lo que hoy se negocia en términos de bancas, mañana se discutirá en términos de liderazgo. Es ahí donde la política se adelanta. No sólo por ambición, también por lectura. Lectura de una economía que estabiliza, pero no mejora lo suficiente. De herramientas que se achican. De una sociedad que empieza a ajustar expectativas.

El riesgo no es el desorden. Es la insuficiencia. Mendoza no está en crisis. Pero tampoco está despegando. Y en ese punto intermedio —ese donde no hay derrumbe, pero tampoco alivio— es donde se define la política que viene. No en los discursos. En las decisiones. Y, sobre todo, en los acuerdos.

Porque cuando la economía no alcanza, la sociedad se inquieta. Y la política, bajo la lupa, no espera. Se adelanta.