La sesión de acuerdos del Senado, un rito institucional atravesado de intereses.

La candidatura de Norma Llatser a la Suprema Corte no tuvo objeciones. El pliego de la actual jueza laboral postulada por el gobernador Alfredo Cornejo, además de cumplir con los principales requisitos que exigía la oposición, pasó sin sobresaltos ni impugnaciones la audiencia pública. Sin embargo, a la hora de la votación secreta, 14 senadores rechazaron su postulación. Los motivos parecen estar más vinculados a la costumbre de oponerse “porque sí” que a argumentos concretos que pongan en tela de juicio su capacidad jurídica.

El número no sorprendió pero sí molestó a Cambia Mendoza, que esperaba un apoyo superior. De todas maneras, Llatser será desde marzo de 2025 ministra de la Corte gracias a los votos de 23 senadores. Sin embargo, lo que siguió después de la sesión legislativa también configura una controversia encarnada en la política mendocina: la foto institucional que cada designado o designada a la Corte comparte con el gobernador que lo nombra.

En ese sentido, la imagen de Llatser sentada en la oficina de Cornejo no es la señal más sana para reforzar la división de los poderes Ejecutivo y Judicial, que en los últimos años transitó por caminos sinuosos en Mendoza.

Suspicacias legislativas

El Senado avaló los créditos y la experiencia de Llatser, pero la votación a puertas cerradas no agradó para nada al oficialismo, que esperaba un mayor número de votos a favor de la candidata de Cornejo. Con todo, esta nueva conformación será un hito histórico: por primera vez habrá dos mujeres en el máximo tribunal de Mendoza.

El sistema de votación para los cargos constitucionales suele despertar suspicacias, porque las puertas se cierran y los senadores deciden “en secreto” su apoyo o rechazo. Es probable que ese sistema esté caduco a esta altura y que los legisladores tengan que hacerse cargo de lo que deciden de manera abierta a los mendocinos. Si sobrevive es puramente por la connivencia de intereses que se cruzan en estas instancias. Es una cuestión de madurez del sistema político y tienen que ser responsables. No fue este un escándalo, claro, como el que vivió el PJ cuando propuso a Miriam Gallardo y hasta Carlos Ciurca mandó a votar en contra a una senadora de la tropa. Sería un sainete si no hubiera pasado en la Legislatura, pero pasó. Grotesco.

Conocido el resultado, en Cambia Mendoza aseguraron no sentirse sorprendidos y achacaron las culpas en la oposición que prometió el apoyo a una candidata no identificada directamente con el poder de turno y técnicamente impecable.

En secreto, borran con el codo“, bramó en reserva un senador oficialista que ponderó el perfil de Llatser porque reunía todo lo que se demandaba: con independencia -algo que deberá ratificarse en los fallos que firme-, sin militancia partidaria -aunque en la universidad fue filorradical-. Y mujer, que es lo que le exigían a Cornejo.

Hay que decir que Llatser no fue funcionaria, como Mario Adaro y Dalmiro Garay, ambos ministros de Gobierno de gestiones peronista y radical, respectivamente; no fue legisladora provincial, como Pedro Llorente y Julio Gómez; tampoco estuvo envuelta en la controversia por sus antecedentes, como Teresa Day. Por el contrario, pasó los filtros constitucionales sin objeciones ni impugnaciones.

También en la oposición comparten estas suspicacias. Es que a priori se entiende que algunos referentes del justicialismo aportaron su voto a favor de Llatser por pedido del radicalismo.

Las miradas apuntan a algunos, incluso, de extracción gremial o con ascendencia en el sindicalismo peronista que han sabido tejer lazos con los radicales más recientemente en oposición al cacique de su departamento.

Son las grietas que el peronismo mendocino no puede cerrar y que lo condicionan a un sometimiento, desde hace años, al radicalismo.

La foto que ya no da

Hay una cuestión más, que parece haberse naturalizado con el tiempo. Si bien la Constitución es la que permite a cada gobernador elegir al candidato a la Corte cuando se produce una vacante, hay un gesto cuestionable. Se trata de la foto institucional que el/la designado/a tiene con el mandatario de turno tras la sesión de acuerdos.

Pasó ahora con Cornejo y Llatser, a la que se ponderó su independencia. En este caso, sería un gesto más saludable mantener una prudente y más clara distancia institucional entre poderes. Una alternativa simbólica podría ser que la primera foto oficial de un nuevo ministro o ministra de la Corte fuese con sus futuros colegas del tribunal, reafirmando así la independencia y autonomía institucional del Poder Judicial.