Pocas situaciones resultan tan deprimentes para la crónica periodística como describir un episodio de alta burocracia —en su acepción negativa y peyorativa— protagonizado por un organismo del Estado. Por lo común y repetitivo, estos hechos ofrecen la imagen de un país atrapado en la decadencia, el subdesarrollo, la ineficiencia y la falta de profesionalismo e idoneidad.
Mucho más aún cuando esa inacción de una repartición, de un funcionario o de varios integrantes del servicio público, insensibles a los reclamos previos, se convierte en un factor esencial de una tragedia con pérdida de vidas humanas.
Desde que el viernes Cristina Alejandra Funes, de 37 años, perdiera la vida de manera inesperada, absurda y evitable desde muchos puntos de vista —aplastada por un árbol que cayó sobre su auto en la calle Rawson, en Maipú— no ha cesado el cruce de versiones, reproches y pases de factura entre el municipio y Vialidad Provincial. Y, no es un dato menor, entre un municipio gobernado por el peronismo y un organismo dependiente de la administración radical. Todo ello en plena campaña electoral, con el clima político enardecido y propenso a lecturas conspirativas.
Municipio y Vialidad se han limitado a sacarse de encima un problema que, además de exponer su negligencia, seguramente derivará en un perjuicio económico para el Estado por una demanda civil inevitable. Nada comparable, claro está, al dolor que pesa sobre la familia de Cristina.
Hace demasiado tiempo que el arbolado público en el Gran Mendoza se transformó en un problema grave. No es la primera vez que alguien muere por la caída de un árbol que debió ser removido si hubiese existido una decisión firme, rápida y de sentido común por parte de la primera autoridad que recibió la advertencia.
Ese concepto de “primer nivel de autoridad” no es caprichoso. Si el municipio fue el primero en advertir que un árbol estaba en malas condiciones, pudo disponer su remoción directa. Sin embargo, tras la tragedia, su respuesta fue culpar a Vialidad Provincial porque Rawson es una calle bajo jurisdicción provincial. Vialidad, por su parte, devolvió el golpe: responsabilizó al municipio por obras supuestamente mal ejecutadas y no autorizadas que habrían afectado la estabilidad de un árbol que —según afirmaron— estaba en buen estado.
La consecuencia inmediata fue un sentimiento de impotencia ciudadana al escuchar las justificaciones cruzadas de ambas jurisdicciones. En realidad, cualquiera de las dos pudo haber actuado en función de sus facultades para evitar la tragedia, independientemente de la responsabilidad primaria, que parecía recaer en Vialidad.
La Dirección de Recursos Naturales, autoridad de aplicación del arbolado público, había emitido resoluciones para agilizar la remoción de árboles peligrosos. La 092/2008 autorizaba a los municipios a intervenir en casos de peligro inminente de caída. Más tarde, la 400/2022 eliminó trámites que demoraban decisiones urgentes, habilitando a los municipios a actuar con rapidez. En esa misma línea, se dispuso que cada cuadrilla de poda estuviera dirigida por un ingeniero agrónomo, para garantizar eficiencia y seguridad ambiental.
Estas resoluciones, debatidas entre municipios, Vialidad y Recursos Naturales, buscaban clarificar competencias y facilitar intervenciones. Señalaban casos específicos: árboles en mal estado vegetativo sin posibilidad de recuperación, forestales ubicados en sitios inadecuados y especies no recomendadas para el arbolado urbano —como la morera de fruto, el olmo bola, el álamo carolino, los frutales carnosos o el álamo blanco—. Este último, justamente, fue el árbol que cayó sobre el auto de Cristina y le arrebató la vida.