Si la ley de reforma tributaria que surgió a fines del 2017, durante el gobierno de Cambiemos, hubiese tenido continuidad en el de Alberto Fernández, sin ser alterada, estaría vigente un mínimo imponible de alrededor de 12.000 pesos por cada empleado, monto a partir del cual, los empleadores comenzarían a calcular el pago de los aportes patronales mensuales. Sin embargo, el nuevo gobierno, que asumió en el 2019, decidió congelar la actualización del monto, que quedó estancado en 7.000 pesos, aproximadamente.

Este lunes, los seis legisladores nacionales radicales de Cambia Mendoza, anticipándose quizás a lo que creen que será un cambio en la dirección de los vientos políticos para el 2023, presentaron un proyecto para restituir aquel mecanismo suspendido por Fernández y que había ideado el ex ministro de Mauricio Macri, Dante Sica, y aseguraron que, de implementarse, las pymes con una planta de personal de hasta 25 empleados podrían llegar a tener una reducción en el pago de las contribuciones patronales de 50%, y, de ahí en adelante, la nueva medida comenzaría a reducir su impacto gradualmente mientras aumenta el tamaño de cada firma empleadora.

El proyecto no es uno más destinado a promocionar o estimular la creación de empleo en el país o bien mejorar la competitividad y rentabilidad de las pymes, sino, más que nada, representa una mirada diametralmente opuesta a lo que se instauró con el cambio de gestión. Estaba claro que el nuevo gobierno avanzaría por sobre las medidas, básicamente económicas, que había instaurado Cambiemos. Lo haría por convicción y por su concepción, ubicada en las antípodas del modelo que derrotó en las urnas en las elecciones del 2019 y que le permitió al kirchnerismo retomar al poder. Lo que no tenía demasiado estudiado y analizado era un plan de contingencias para el caso de que todo lo que se reimpulsaría una vez más, todo aquello que el ascenso de Macri al poder había dejado trunco, no resultara como lo esperaban. Con lo que, hoy, la vuelta de la política del subsidio –sobre todo los económicos– y el Estado benefactor que todo lo puede gracias a la magia de la emisión sin freno no lograron detener el descontento y el malhumor. Por el contrario, la pandemia primero y la continuidad y el agravamiento de la crisis económica mundial por la inesperada invasión de Rusia a Ucrania, más los problemas irresueltos de naturaleza propia, extendieron el hastío que Macri no supo o no pudo dominar.

Aquel congelamiento de lo que sería la actualización progresiva del mínimo imponible para el pago de las contribuciones patronales ha sido considerado uno de los nuevos impuestos, o impuestazos, que creó la actual administración para financiar el gasto y el déficit fiscal. Los radicales han hecho mención, con el relevamiento que dieron a conocer con el proyecto, del aumento de 19 impuestos en dos años, más la creación de otros 6, sin que la inflación descendiera ni aumentara el empleo registrado ni menos el crecimiento de la economía sobre lo que existía en la Argentina del 2019.

El nivel de los subsidios económicos ya está por arriba de los 3 puntos del PBG. En el 2019, ese monto se ubicaba por arriba del 1%. Las Leliq, (letras de liquidez del Banco Central) que en el 2019 estaban en un nivel sorprendentemente alto, de 1,9 billones de pesos, hoy supera los 5 billones. Fernández había prometido no sólo terminar con las Leliq, porque suponía –y bien– que conformaban una bomba de tiempo de difícil desactivación. Con los intereses que generaban, había dicho en plena campaña electoral, financiaría un aumento de 20% en las jubilaciones y pensiones. No sólo no logró terminar con ellas, sino que crecieron como una bola de nieve. Tampoco, se sabe, las jubilaciones se recompusieron.

Así como Máximo Kirchner ha dicho que el modelo debe cerrar con la gente dentro, también es cierto que no hay plata ni recursos que lo financien si no es a través de la presión impositiva y la creación de nuevos gravámenes, algunos de característica extraordinaria y única, como el Impuesto a la Riqueza, del año pasado; o el nuevo en tratamiento sobre los bienes no declarados en el exterior para pagar, supuestamente, la deuda contraída con el FMI.

Pero, no hay generación de riqueza que alcance, aunque tampoco bajo las condiciones actuales. El proyecto para revitalizar las pymes de los radicales hace mención a que Argentina exhibe la mayor carga tributaria sobre los salarios de la región. Con datos de la OCDE, el costo laboral total para el empleador y el salario neto alcanza el 34,6%, mientras que el promedio de América latina es de 24,6%. Según los datos de la OIT, dice el proyecto presentado este lunes, la informalidad en establecimientos de menos de 5 ocupados es de 59% (trabajadores sin aportes a la seguridad social); en establecimientos de entre 6 a 15 se reduce a 31%; entre 16 y 40 resulta de 15% y luego desciende a niveles de 10% en establecimientos con más cantidad de ocupados. En tanto, en los últimos diez años, la informalidad en algunos países vecinos ha bajado, como en Ecuador (14%), en Brasil y Chile (6%) y, en Perú (7%). De acuerdo con datos oficiales, un tercio de los trabajadores ocupados en Argentina se desempeña en la informalidad: de los 9 millones de trabajadores, 6 millones están registrados, mientras que los 3 millones restantes están en negro.

El proyecto apunta a que si de esos 3 millones, con los nuevos incentivos, se lograran blanquear 400.000 puestos de trabajo, el costo de la medida que se propone quedaría cubierto. Ese impacto hoy sería de 0,3% del PBI, según la iniciativa. 

La detracción que se propone es de 40.000 pesos, sobre los 7.000 de la actualidad, que se quedaron sin actualización desde el 2019. Las empresas con hasta 25 empleados podrían, después de ese monto, calcular los aportes patronales, lo que supondría 50% menos de lo que aportan hoy.