Han pasado pocas horas del anuncio de un acuerdo entre los Estados Unidos y Argentina sobre una nueva relación bilateral en torno al comercio e inversiones recíprocas. No se conoce la letra chica, ni mucho menos fina de su contenido. Pero eso no ha impedido, claramente, que tanto en Mendoza como en el resto del país la política y la economía –esta última representada por las cámaras empresarias– junto a los sectores gremiales, hallan avanzado en las posibles consecuencias y en el impacto que un acuerdo de tal magnitud provocaría en el particular universo nacional y en sus regiones.
Si hay una preocupación visible, ésta se centra en el futuro de las empresas, no importa su magnitud, de los sectores industriales y agroindustriales con más precisión. Y concretamente en lo que podría ocurrir con el empleo, tan precario e inestable como es su característica, abriendo una enorme parábola (una más) de incertidumbre sobre el mismo, porque junto con la economía en general se han convertido en los objetos clave a cambiar de cuajo y restructurar como el mandato primordial que recae sobre la presidencia de Javier Milei desde que asumiera en diciembre del 2023, una orden o recomendación con cargo que la ciudadanía ha vuelto a ratificar recientemente con el triunfo alcanzado en las elecciones del 26 de octubre.
La economía mendocina está observando el acuerdo desde sus dos grandes vértices, el tradicional que se mueve entre la cautela, algo de preocupación y la expectativa y otro flamante, que se incorpora y que espera su momento para jugar con marcado optimismo. Se trata del agroindustrial, de fuerte arraigo histórico, y el minero, con ese potencial largamente postergado. Las posiciones no son unánimes.
El gobierno de Alfredo Cornejo, alineado con la Casa Rosada, adelantó apoyo político por las expectativas de inversiones y por ese mensaje claro hacia fuera que viene blandiendo desde hace tiempo sobre la voluntad de insertar a la provincia en el comercio internacional y particularmente en la agenda de los minerales críticos. La minería, de hecho y como se sabe se ha constituido en la mayor apuesta de Mendoza hacia los próximos años. Si el acuerdo con Estados Unidos consolidara un marco estable, la provincia podría acelerar la llegada de capitales para proyectos que hoy esperan condiciones de previsibilidad, especialmente bajo el paraguas del RIGI.
Pero el sector agroindustrial no tiene la misma lectura. Entidades vitivinícolas, cooperativas y cámaras empresarias celebran la posibilidad de ganar competitividad exportadora, pero sin entusiasmos alocados. La competencia con productos estadounidenses —con otra escala, otro financiamiento y otros costos— podría presionarlos aún más cuando registran y sufren caídas de volumen y alguna que otra pérdida de mercados. El temor a que el acuerdo los desbalancee, por la asimetría que pareciera tener, ha ido en aumento en las últimas horas y ya levantan la voz para la inclusión, de confirmarse la alarma, de salvaguardas o períodos de transición, como le llaman.
A Mendoza se la puede ver como una metáfora del país: un territorio con sectores que pueden ganar y sectores que pueden perder. Un acuerdo que promete mucho, pero que todavía no muestra qué áreas protege y cuáles deja expuestas. Y un gobierno provincial que apuesta a la minería como locomotora futura, mientras la agroindustria pide certezas para no quedar rezagada en el nuevo mapa comercial.
En el escenario nacional las lecturas sobre lo que pueda sobrevenir en un contexto en donde el país encara un proceso de profunda reforma fiscal y económica se inscribe en un marco amplio. El Gobierno lo presentó como un paso geopolítico mayor, capaz de reorientar la economía hacia los mercados de donde el país ha estado ausente y hacia occidente para atraer las inversiones que el país necesita para recuperarse. Pero, como suele ocurrir con las acciones oficiales de política exterior y sus obligadas derivaciones económicas, las señales conviven con una misma palabra que atraviesa al sector privado de punta a punta: cautela.
Es atendible que se lo mire así: cualquier proyección carece de firmeza y mucho menos seguridad sin conocer la “letra chica” del acuerdo. Y justamente ahí –en los detalles técnicos, en los alcances sectoriales, en las salvaguardas o en la ausencia de ellas– es donde se jugarán los verdaderos costos y beneficios del pacto.
Las cámaras empresariales de igual modo, al menos en la retórica, reaccionaron rápido. La UIA respaldó el acuerdo como una señal correcta de alineamiento y previsibilidad, pero dejó claro que su apoyo es condicionado: sin precisiones sobre qué industrias se verán expuestas y cuáles podrían ser las beneficiadas, es imposible medir su impacto real. Otras organizaciones del comercio, en particular, celebraron la posibilidad de abrir mercados y mejorar la competitividad exportadora, particularmente en sectores como acero, aluminio y agroalimentos, siempre y cuando se confirmen las posibles bajas arancelarias que hoy aún no están aseguradas.
En el campo, la lectura es más prudente. Ya se viene de una eventual ampliación de cuotas de carne hacia Estados Unidos desde antes del anuncio del acuerdo y no esconden entusiasmo. De igual modo, la cautela domina: no está claro qué productos podrían beneficiarse y cuáles enfrentarían una competencia más dura. Algo similar ocurre en la industria farmacéutica, química y tecnológica, donde la asimetría con empresas estadounidenses plantea riesgos evidentes.
La AmCham (empresas estadounidenses radicadas en Argentina) ha sido, por lejos, la más entusiasta. Para las empresas de capital norteamericano, la sola mención de un marco recíproco de comercio e inversión es una señal de previsibilidad en un país que hace años vive en la inestabilidad macroeconómica. Ese diferencial de confianza explica, en parte, la reacción positiva de los mercados tras el anuncio y por otro dato evidente: el acuerdo daría amplias ventajas comerciales a la economía de Estados Unidos mientras que para la Argentina abre una puerta concreta para las inversiones varias veces prometidas a gran escala, pero nunca concretadas.
Y el impacto sobre el empleo es, hoy, un terreno realmente incierto. Hay sectores que podrían expandirse, según se especula –exportaciones agropecuarias, economía del conocimiento, inversiones en minería y en industrias ligadas a minerales críticos– y otros que podrían perder competitividad de manera inmediata si se abren los mercados sin gradualidad.
Por eso, economistas y cámaras coinciden en una misma advertencia: el acuerdo podría ser una oportunidad si ordena incentivos y abre mercados, pero también podría acelerar la destrucción de empleo industrial si la apertura es intempestiva en áreas sensibles. Con una industria nacional debilitada y ese entramado de pequeñas y medianas empresas muy golpeado, la letra fina será determinante para evitar un escenario de ganadores marcados y perdedores invisibles.
Lo que está en juego no es menor: los equilibrios internos del aparato productivo, la inserción internacional del país y la arquitectura del empleo que definirá el próximo ciclo económico. Sin letra chica, todo es promesa y especulación. Con letra chica, el panorama puede volverse más claro, o más conflictivo, lo que no sería nada extraño para la historia de idas y vueltas del país.