La muerte del médico mendocino Alejandro Zalazar, por una sobredosis de propofol y fentanilo, desató una investigación judicial en torno al uso ilícito de medicamentos hospitalarios como drogas. La causa avanzó y ya tiene a dos profesionales imputados: Hernán Boveri y Delfina Lanusse.
Boveri es anestesiólogo y trabajaba en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Era referente en la orientación. Participó de jornadas académicas y científicas a nivel local e internacional, como TIVAmérica y EuroSIVA.
Lanusse es residente de tercer año en la misma institución, egresada de la Universidad Austral. Antes había estudiado carreras relacionadas al comercio en la Universidad Di Tella y San Andrés.
La investigación
Todo comenzó el 23 de febrero cuando el Hospital Italiano de Buenos Aires radicó una denuncia por faltante de anestésicos. La investigación quedó en manos del juez Javier Sánchez Sarmiento.
Luego, el 12 de marzo, la División de Organizaciones Criminales de la Policía de la Ciudad realizó una serie de allanamientos que permitieron encontrar parte de los faltantes. Los fármacos se encontraban en la casa del fallecido médico mendocino.
En este marco, identificaron a Boveri y Lanusse como participantes de la filtración de medicamentos. No por narcotráfico, porque se trata de drogas legales, pero sí por administración fraudulenta de drogas que tienen que ser suministradas en centros de salud, por lo cual toda manipulación fuera de los mismos es extraprotocolar.
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Las casas de ambos fueron allanadas por la Policía y en ellas encontraron distintos utensilios médicos que pudieron ser utilizados en el suministro de las drogas. Habían cajas con tubos de anestesia, ampollas y jeringas. También celulares y computadoras.
En el medio, se viralizó un audio de WhatsApp en el que se sugería la existencia de fiestas privadas, llamadas “Propo fest“, en las que se utilizaría la droga suministrada por médicos, con fines recreativos. La idea era garantizarse un “viaje controlado” con ese medicamente y la presencia de un controlador encargado del suministro.
La Justicia imputó a Lanusse el 18 de marzo y a Boveri el 25. Ambos presentaron sus declaraciones vía Zoom y negaron las acusaciones. Mientras tanto, la Justicia dispuso sobre ambos imputados ciertas medidas restrictivas como la prohibición de contacto y de salida del país.