Ya en 2014, tres años después del fracaso legislativo que había frenado la explotación de cobre en Uspallata —más por argumentos políticos que ambientales o técnicos, como se sabe—, los apoderados de la compañía con derechos sobre el emprendimiento se mostraban convencidos de que el tiempo les daría la razón. Creían que una combinación de necesidad económica y social extrema —lamentable confirmación— junto con un sistema de explotación confiable terminarían por imponer la aprobación del proyecto.
Por aquel año, Pavel Ermolaev —entonces y ahora representante de Solway Investment Group, la empresa rusa que lideraba el proyecto San Jorge y que luego transfirió la titularidad a la suiza Zonda Metals GmbH y al grupo argentino Alberdi— mostraba in situ, en Macedonia, a una delegación de funcionarios mendocinos de gobierno y oposición, el funcionamiento de una mina de cobre en plena actividad. Esta se encontraba a unos 10 km de una bodega de vinos de alta gama demandados en el exigente mercado europeo. Ambas unidades económicas estaban instaladas en las afueras de Radovis, ciudad de 32 mil habitantes ubicada a 120 km de Skopje, la capital del país natal de Alejandro Magno.
Hoy, once años más tarde, PSJ Cobre Mendocino está a punto de repetir el camino de 2011, aunque —a diferencia de aquella ocasión— con la esperanza y la certeza de cambiar el curso de la historia del emprendimiento. Ermolaev ha regresado a Mendoza en estos días para reafirmar la capacidad de financiamiento de la compañía y adelantar los plazos de construcción de la mina.
Tras la reciente audiencia pública, el expediente volvió al control del Ejecutivo y se estima que el gobernador Alfredo Cornejo acelerará la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para enviarla a la Legislatura, posiblemente en plena campaña electoral, antes de septiembre próximo. El gobernador confía en que, a diferencia de otros años, ha llegado el momento de debatir abiertamente el futuro de la minería metalífera, convencido de que la ciudadanía ha madurado y de que el clima político, sumado a una realidad que desarmó argumentos débiles, ha hecho su trabajo. Será la política, en medio de la campaña, la que defina si se suma o no un nuevo sector a una matriz económica provincial desgastada, pero positivamente diversificada.
Ermolaev, que también visitó Uspallata el último fin de semana, tendría en mente replicar el modelo macedonio: convertir a Uspallata en una suerte de Radovis. Para ello —quizás ya lo haya asumido— la compañía deberá involucrarse más en la vida cotidiana de la villa cordillerana. En Radovis, por ejemplo, la mina Bucim —similar en escala al proyecto mendocino— financia estudios secundarios y terciarios de los hijos de los trabajadores, y ha impulsado un “boom minero” gracias a los mejores salarios para sus 650 empleados, todos oriundos de la localidad.
En 2014, cuando la delegación mendocina visitó la zona, los funcionarios municipales de Radovis celebraban una reciente victoria electoral que había ratificado la gestión de un joven intendente con más del 55 por ciento de los votos. Los controles sobre la mina y la calidad del agua del único río que abastece tanto a la explotación como a la ciudad están a cargo de una comisión de expertos y vecinos elegidos por la propia comunidad.
Así como Uspallata y su valle están rodeados por la inmensidad de los Andes y una belleza natural que atrae al turismo, Radovis se caracteriza por un paisaje de verde intenso, dominado por bosques de pinos y caminos de montaña que conducen tanto a explotaciones mineras como a bodegas, cultivos de tabaco y fincas con características similares a las mendocinas. Allí prosperan pequeños emprendimientos agrícolas de maíz, hortalizas de estación y tomates que despiertan en los macedonios un orgullo comparable al de los mendocinos por sus propias producciones.
De regreso en Mendoza, la minera ha revisado los plazos de su plan. Del año que originalmente se estimaba esperar tras la aprobación legislativa de la DIA para iniciar la construcción del yacimiento, ahora se ha pasado a menos de seis meses. Esto respalda las declaraciones de Cornejo, quien proyecta que en 2027 PSJ podría estar en producción, convirtiéndose en el primer proyecto de cobre en concretarse en el país. Para llegar a esa meta, la empresa debe apurar la construcción de la línea eléctrica desde Boulogne Sur Mer hasta Uspallata y, de allí, hasta la mina en la estancia Yalguaraz. Todo se financiará, así se ha dicho, con una inversión de 559 millones de dólares destinada a los dos primeros años, según el plan presentado y ratificado en la audiencia pública.