Los argentinos saben, por sufrir la crisis en carne propia, que la actividad económica de los últimos diez años no solo no ha crecido, sino que en varios de los años del período se ha estancado, mientras que en otros tantos ha descendido. También reconocen que al no haber aumentado la actividad tampoco se ha generado empleo privado y que lo poco que ha aparecido por lapsos, en muy determinados y ajustados momentos, ha sido de mala calidad y precario, al punto que se coincide, en base a datos oficiales, que un tercio de la fuerza laboral registrada de la Argentina, la que orilla los 6 millones de empleos aproximadamente, se encuentra por debajo de la línea de pobreza.

El panorama desolador de la actividad económica nacional, de la mano de la descripción de la situación laboral del país, se insiste, se ha presentado entre el 2012 y este 2023, que se termina. La Confederación General del Trabajo (CGT), a menos de 20 días del arranque del gobierno de Javier Milei, ha aprobado un plan de lucha con un paro general de actividades para el 24 de enero con movilización. La última huelga general convocada por la histórica y tradicional entidad data de mayo del 2019, durante el último año de gestión de la administración de Mauricio Macri. Durante los cuatro años del gobierno perokirchnerista de Alberto Fernández, como ya lo saben todos los argentinos, tanto como que la actividad económica no ha crecido y que tampoco se han generado empleos, el confederal sindical se mantuvo ausente: sin reclamos, sin quejas por los empleos precarios, sin llamados de atención por la degradación salarial y sin manifestaciones agitadas por el nuevo fenómeno de los trabajadores pobres, la CGT se mantuvo en parálisis absoluta. Cuatro años después se considera en estado de alerta, despierta del letargo y lanza el plan de lucha. A esta altura de las circunstancias y del grado de conocimiento que tienen los argentinos, de los bueyes con que se ara en el país, a nadie ha sorprendido la irrupción de los líderes sindicales en escena para pararse en la vereda de enfrente del nuevo gobierno nacional.

El trabajo en la Argentina no ha dejado de precarizarse en los últimos años, incorporando a la escena, durante los últimos dos o tres años, ese fenómeno inédito para el país de los trabajadores pobres. Sin embargo, a la central sindical no le pareció ver motivo suficiente como para reclamarle al gobierno un giro o un freno a la situación. Y aunque lo hubiese hecho, probablemente aquel gobierno de Fernández tampoco hubiese logrado revertir una situación que venía en franca decadencia debido a la aplicación constante de un modelo de administración que probadamente dio muestras de no conformar el camino adecuado.

En un absoluto récord y antes de que alguna de las medidas anunciadas por el nuevo gobierno entre en vigencia, con carácter preventivo, se anuncia el paro. Independientemente de la afinidad política e ideológica de los capitostes sindicales, en las antípodas de Milei y de su militancia peronista, ¿la CGT nunca se ha sentido interpelada por el desastre económico registrado durante los gobiernos afines a su ideología? Evidentemente, no y tampoco parece haberle importado, ni siquiera, la opinión de sus representados que a veces acompañaron el mandato de votar gobiernos peronistas y otras no, como ha ocurrido en esta última cita electoral, la que ha concluido con el triunfo de Milei.

En los últimos diez años el empleo privado registrado aumentó en 123 mil puestos de trabajo, pero en relación con el crecimiento poblacional descendió un 8,9 por ciento, de acuerdo con los propios datos oficiales. Esa situación resultó ser el fiel reflejo de una actividad económica que se muestra estancada desde el 2011 en adelante. La peor caída tanto de la actividad como del empleo privado registrado se experimentó en el 2018, pleno gobierno de Macri, con la crisis cambiaria, y un año después, en el 2019, ya con el efecto pleno de la pandemia durante el gobierno de Alberto Fernández.

En todo este período, la CGT se mantuvo al margen en la mayoría de los años en los que gobernó el kirchnerismo y en plena acción movilizadora en los que no. El deterioro en los diez últimos años en la economía, en el empleo y en la precariedad, lo demuestran los datos: en enero del 2012 la tasa de empleo cada 100 habitantes era de 14.7, subiendo a 14.8 en enero del 2013. En diciembre del 2017 (Macri), fue de 14.4 y en el arranque del 2023 del 13.7.

En el 2012, el trabajo privado tenía una participación del 54,8 por ciento en la masa total del empleo en el país, el público era del 23,9 por ciento. En el arranque del 2023, el empleo privado era del 48,1 por ciento, mientras que el público ascendió al 26,1 por ciento. La precariedad se ha visto reflejada en el crecimiento del monotributo, el que en el 2012 era del 12,3 por ciento contra el 14,9 por ciento del 2023, y más claro si se tiene en cuenta el monotributo social, aquel al que apelan los emprendedores en situación de vulnerabilidad: en el 2012 era del 1,7 por ciento, mientras que en el 2023 se ubica en el 4,2 por ciento. El reflejo de una realidad que para la CGT no ha sido motivo suficiente como para encarar planes de lucha, advertencias o paros directamente como el que tiene anunciado y convocado para el 24 de enero, a 44 días del nuevo gobierno. Impresionante.