La dirigencia política argentina parece estar festejando a lo grande, por estos días, lo que considera en gran medida como un gol de media cancha en tiempo suplementario y contra el rival de toda la vida: se trata de la incorporación por ley de más de 3 millones de usuarios del gas domiciliario que en breve pasarán a pagar, algunos, 30 por ciento menos y otros hasta 50 por ciento menos en la factura final que les llega por el consumo habitual a sus hogares. Todo un gran logro de redistribución equitativa de la riqueza y de las cargas en el país, se escucha decir y hasta se lee, claro, a modo de justificación de lo que ha sido la prórroga por diez años del Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas.
Festejan los legisladores nacionales en general porque ellos aprobaron la ley, diputados y senadores por igual. Los oficialistas, porque se florean con el pecho henchido ante el pueblo en general y sus seguidores en particular y a quienes les dicen, orgullosos y con la firme y seria intención de que se les reconozca lo que han decidido: “¿Vieron, para esto trabajamos, por ustedes y para hacerles la vida más fácil?”, dicen sin decirlo. Los opositores festejan también, aunque con gusto a fósforo, porque, pese a criticar algunas de las consecuencias de un programa que deja muchas dudas a futuro sobre la producción energética de aquí en más, cómo se iban a quedar fuera de un plan que trae, quién lo duda, justicia social de una vez por todas. Se trata de un tiro para la justicia, ¿no es así?
Bueno, en verdad no es tan así, aunque decir eso sea, para muchos legisladores y políticos argentinos, cometer un acto de sincericidio descomunal o pasar al plano de lo políticamente incorrecto, lo que les traería más de un dolor de cabeza, suponen.
El denominado programa de Zona Fría ha extendido los subsidios a 46 por ciento de los hogares del país que ya cuentan con el servicio de gas domiciliario. Fuera de las bondades se han quedado muchos otros argentinos, casual y mayoritariamente los que menos posibilidades y oportunidades tienen de progresar, aquellos hogares sin conexión a la red de gas y que continuarán comprando la garrafa a precios habituales, de mercado, o los que puedan acceder al plan de garrafa social, a un precio menor, aunque difícil y complejo de conseguir. Volviendo al nuevo beneficio, tanto ricos como pobres pagarán por igual con descuentos de 30 o 50 por ciento, según donde estén ubicados en la nueva escala. Sectores de menores ingresos y con problemas estructurales de crecimiento y desarrollo económico seguirán aportando con su esfuerzo a otros que podrían abonar la tarifa plana del gas, lo que ha sucedido con el servicio eléctrico por años en la Argentina y en los centros urbanos más importantes del país, comparados con otros territorios quizás menos poblados y alejados de las zonas de mayores privilegios.
Antes de la nueva ley y el nuevo régimen, los argentinos en general pagábamos 40 por ciento del costo del gas y 30 por ciento de la energía eléctrica; el resto es subsidio. El dato ha sido confirmado en los últimos días por el Instituto Argentino de la Energía (IAE) General Mosconi, del que forman parte, al menos, ocho de los ex secretarios de Energía que ha tenido el país en el pasado reciente, además de expertos y especialistas en materia energética.
Para este año se tendrían que destinar alrededor de 8.000 millones de dólares en subsidios totales al sector energético. De acuerdo con el IAE, la Argentina está invirtiendo más en subsidiar la energía que lo que va a subsidios sociales.
Este tipo de respuestas de parte del Estado para aliviar la grave crisis económica que afecta a los argentinos, y que se festejan y que muchas veces han sido producto obligado frente a las circunstancias y a tanto desvarío y malas decisiones tomadas por mucho tiempo, no han hecho más que producir golpes descomunales a la política energética del país, uno de los sectores más que estratégicos de todos si los hay. Con el tiempo, han terminado afectando la extracción de gas y de petróleo, pese a los subsidios que también ha recibido y sigue recibiendo la oferta, es decir, el sector empresario, como el Plan Gas 4, por caso. Aun así, se sigue produciendo menos energía y, en el caso del gas, cada vez es más caro extraerlo.
Se trata de una situación que se explica por sí sola, de acuerdo con lo que dicen los expertos del IAE. Cuando una empresa declara contar con reservas tiene la seguridad de poseerlas. Sobre ese capital pide financiamiento y comienza la producción y extracción que se marca y refleja con una curva: en una primera etapa el proceso es de resolución relativamente fácil, previsible y de menor costo. Pero llega un momento en que para extraer lo que se tiene se requiere de equipamiento y métodos más onerosos. Es cuando comienza el período en el que se requiere de mayores recursos y tiempo. A lo que se conoce como el “riesgo geológico”, hay que adosarle el “riesgo argentino”, que no es otra cosa que ese sistema de leyes, de normas, de impuestos, de idas y vueltas que terminan exteriorizando ese mar de incertidumbre que aleja a las empresas con intenciones de invertir, o que las convierte en inviables cuando ya se encuentran en el terreno tras un determinado tiempo.
El riesgo en este caso puntual aparece con la intromisión del Estado que es que, en definitiva, bajo este modelo, les tiene que pagar la producción a las empresas. Se trata del dinero que sale del Tesoro o bien de ese fondo cuya vigencia y existencia se ha prorrogado por diez años.
Según datos del IEA, esas políticas erráticas se reflejan en los datos de la producción: la producción de gas actual es 4,3 por ciento menor que la del 2010, aunque entre el 2014 y el 2019 la tendencia pudo ser revertida. Durante el 2020, la producción de petróleo llegó a los 27.956 metros cúbicos, se ubicó en niveles similares a los de 1979. Y en una década, disminuyó 18,3 por ciento.
“La política de tarifas y subsidios debe alejarse de pensamientos mágicos. Regalar la energía no es gratis, tiene costos en inversión, en calidad de servicio, en subsidios, en inflación, que ni el sector energético ni la economía nacional tienen margen de financiar”, han advertido y sentenciado, en un documento reciente, los expertos del Instituto de Energía Argentino.