Hasta fin de año, ningún trabajador argentino en relación de dependencia que reciba hasta 1.770.000 pesos pagará Ganancias. La medida, anunciada recientemente por el ministro candidato Sergio Massa, en medio de una frenética campaña electoral, fue formalizada por un decreto de la Presidencia. Tras cartón y, como respuesta a las críticas de la oposición, que le achacaron a Massa y al gobierno de Alberto Fernández que todo se trataba de un parche y una acción demagógica, además de improvisada y desprovista de estudios serios sobre cómo compensar el bache de financiamiento que le provocaría al propio Estado tal decisión, se envió un proyecto de ley al Parlamento para eliminar, directamente y de un plumazo desde el año próximo, la cuarta categoría del impuesto, todo envuelto en lo que ya se considera un gravamen polémico y controversial bajo todo punto de vista. De quedar fija la modificación por ley, sólo quedarían fuera de la eximición no más de 90 empleados de todo el universo.

El proyecto en cuestión se debatía este martes en Diputados, luego de que el oficialismo alcanzara el quorum para sesionar con el apoyo del libertario Javier Milei y de la izquierdista Myriam Bregman, además de un grupo de cuatro legisladores radicales del sector de Martín Lousteau y otros de bloques provinciales.

La economía del país se ha desbarrancado tanto que una discusión de esta naturaleza, la del componente impositivo que pagan quienes más cobran, ha dejado al descubierto o, mejor dicho, ha puesto en blanco sobre negro que sólo hay unos 90.000 trabajadores que perciben en blanco un salario de un poco más de 1,7 millones de pesos. Y millones, por debajo de ellos, que claramente estarán eximidos de pagar Ganancias con sueldo menores, mucho menores, con un porcentaje escandaloso de entre todos ellos por debajo de la línea de pobreza. Se cree que alrededor de 50 por ciento de trabajadores registrados en la Argentina percibe salarios por debajo de la línea de la pobreza, que se está por actualizar en breve, luego de conocido el último dato de la inflación: 12,4 por ciento de agosto.

Juntos por el Cambio decidió no acompañar la eliminación de toda una categoría de trabajadores alcanzada con el impuesto y con ello asumió una postura más que incómoda en medio de la campaña. Y más cuando ha venido bregando por la extinción del impuesto, una promesa de campaña que levantó en su momento Mauricio Macri antes de ganar las elecciones del 2015 y que no llevó a cabo por diversas circunstancias. El argumento esgrimido para no acompañar el proyecto de Massa y del gobierno K ha sido el de que no hubo un estudio previo responsable y consciente de lo que supondrá la eliminación de una fuente de financiamiento con la que no contará el Estado, además de que no se ha hecho un plan de reducción del déficit fiscal, que se ha agravado desde el arranque del gobierno de Alberto Fernández. A toda esta historia, la oposición le ha sumado la seria advertencia –absolutamente desoída por el oficialismo– de que la eliminación de Ganancias y el nuevo “plan platita” de Massa, compuesto por préstamos a baja tasa, los bonos a jubilados y pensionados más los correspondientes a los planes sociales, presionarán sobre el nivel de inflación a tal punto de llegar a extremos más que preocupantes hacia el fin del Gobierno y a días de la fecha de elecciones.

Pero, más allá de si son atendibles los argumentos de la oposición, lo que la obliga a eguir aclarando posturas contradictorias y de las consideradas “piantavotos” en el proceso electoral, el punto es que dejarían de tributar unas 600.000 personas, de acuerdo con los cálculos oficiales, justamente las que pertenecen al sector del 5 por ciento de los mayores salarios.

Entonces, ¿dónde está registrada la justicia que dice perseguir el Gobierno, filosófica e ideológicamente, si de los 20 millones de trabajadores que tiene el país, entre registrados y en la informalidad, la mitad está por debajo de la línea de pobreza, con sueldos cada día más desvalorizados? Y todo sin poner el acento en los millones que se desempeñan en la informalidad, más de 5 millones de personas, y que no son alcanzadas, por parte de los planes platita. Bien podrá decirse que buena parte de ellos pueden estar recibiendo la considerada ayuda social en sus diversas formas y caras.

Pero, de igual manera, y aunque así fuese, la paradoja que queda al descubierto, cínica desde ya, es que todo se trata de una gran puesta en escena, que se extiende en el tiempo, para mantener un equilibrio vergonzoso en el que la mayoría termina dependiendo de la conmiseración de un Estado administrado con perversidad.