El debate parlamentario en torno a la reforma electoral ha reactualizado una pregunta que, contra lo que suele suponerse, excede largamente la mera contabilidad fiscal: ¿cuál es la función sustantiva de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en el entramado institucional argentino? Reducir la discusión a la ecuación costo-beneficio monetario implica desatender el núcleo duro del asunto: la calidad de la representación y la reducción de la incertidumbre en el vínculo entre ciudadanos y partidos.

El problema de base: la opacidad en la oferta electoral

Para abordar el fenómeno con seriedad analítica, partamos de un presupuesto elemental de la ciencia política: todo proceso electoral implica una relación de agencia entre el votante (principal) y el candidato (agente). En condiciones normales, el votante enfrenta una asimetría informativa estructural, pues desconoce el respaldo real, la cohesión interna y la capacidad de movilización de las distintas fuerzas que se presentan en las urnas.

La Ley 26.571 de Democratización de la Representación Política fue sancionada en 2009 precisamente para subsanar ese déficit. Su mecanismo central —la realización de comicios simultáneos y obligatorios para todas las fuerzas políticas— opera como un dispositivo de revelación de preferencias que transforma información privada (el estado interno de cada partido) en información pública verificable. Al someter a todas las listas al escrutinio ciudadano en una misma jornada, el sistema provee al electorado de un dato empírico irrefutable: el caudal efectivo de cada espacio, medido en votos reales y no en declaraciones de intención.

El umbral del 1,5 % como criterio de racionalidad institucional

Un aspecto que suele omitirse en la crítica superficial es el carácter ordenador del piso del 1,5 % de los sufragios válidos exigido para acceder a la competencia general. Lejos de ser una cláusula arbitraria, este porcentaje constituye un umbral de eficiencia representativa que desalienta la fragmentación hiperbólica del sistema de partidos.

Desde una perspectiva de economía institucional, la medida reduce los llamados “costos de búsqueda” para el votante al filtrar aquellas candidaturas sin arraigo territorial ni capacidad de construcción de consensos mínimos. Suprimirlo implicaría, en la práctica, fomentar la proliferación de ofertas testimoniales que, si bien son formalmente democráticas, degradan la calidad deliberativa y facilitan la dispersión del voto, distorsionando la traducción de preferencias en cargos efectivos.

La falacia del ahorro fiscal como criterio excluyente

El argumento central de quienes propugnan la derogación de las PASO descansa en el costo erogado por el Estado nacional. Sin embargo, ese razonamiento peca por omisión, ya que no pondera los costos políticos e institucionales que acarrearía la eliminación del mecanismo.

En términos de gestión pública, la desaparición de la instancia primaria trasladaría el proceso de selección de candidatos al interior de los partidos, donde operan lógicas de decisión restringidas a las cúpulas directivas. Esto no implica un ahorro, sino una redistribución del poder de decisión: de la ciudadanía abierta a los aparatos partidarios.

La historia política argentina anterior a 2009 ofrece numerosos ejemplos de listas cerradas que llegaban al poder con un respaldo interno minoritario, generando déficits de legitimidad de origen que luego se traducían en crisis de gobernabilidad. El costo de esas crisis, medido en términos de estabilidad institucional y confianza en el sistema, es inconmensurablemente superior al presupuesto anual de las primarias.

Hacia una modernización, no hacia una supresión

Ninguna de estas consideraciones implica sostener que el régimen actual sea perfecto ni inmodificable. La propia doctrina electoral reconoce áreas de optimización, entre las cuales se destaca el avance hacia sistemas de boleta única, que reducirían los tiempos de recuento y los márgenes de error logístico sin por ello clausurar la participación ciudadana.

Pero suprimir, lisa y llanamente, la instancia abierta y obligatoria constituye un retroceso institucional de significativa magnitud. Lo que está en juego no es una cuestión presupuestaria menor, sino el principio de publicidad de los actos de gobierno y la posibilidad de que el electorado cuente con información confiable y contrastable antes de emitir su voto definitivo.

Conclusión

Las PASO no son un gasto superfluo ni una encuesta costosa; son un mecanismo de transparencia activa que reduce la incertidumbre del mercado electoral y disciplina la oferta política. Su eliminación, en lugar de simplificar el sistema, lo opacaría, devolviéndonos a prácticas de selección endogámica que la propia ciudadanía repudió en las últimas décadas.

Defenderlas, en cambio, no es un acto de fe partidaria, sino un ejercicio de rigor institucional. Una democracia que se precie de tal no recorta sus canales de participación; los perfecciona. Y en ese perfeccionamiento, las PASO deben ocupar un lugar central, no en la vereda de los gastos a eliminar, sino en la de los pilares a consolidar.

El autor abogado, Matrícula N° 8140.