Promediando el 2008, el Gobierno de La Pampa recibía alrededor de 500 millones de pesos de parte de la Nación como resarcimiento por los perjuicios que le había generado la promoción industrial con la que se había beneficiado a las provincias de La Rioja, Catamarca, San Juan y San Luis. El juicio lo había iniciado en los 90, casi en el mismo tiempo en que la gobernación de Arturo Lafalla, en Mendoza, anunciaba el juicio contra la Nación bajo el mismo concepto. Ambas demandas correrían igual camino y suerte. El tiempo les daría la razón y, antes de que se llegara a las instancias finales, con un fallo adverso para la Nación, el gobierno de los Kirchner –primero el de Néstor y, más tarde, el de Cristina Fernández de Kirchner– buscaría un pacto extrajudicial. Mendoza, como ya se sabe, se inclinó por la alternativa de que el Estado nacional financiara la construcción de una obra, naciendo allí la historia fallida de Portezuelo del Viento.

La Pampa aceptaría un pago cash, depositado en sus cuentas oficiales. En el 2008, quien recibía los fondos para La Pampa era el gobernador Oscar Jorge. Su antecesor en el cargo, Carlos Verna, había sido quien, unos años antes, había cerrado el acuerdo dinerario con Néstor Kirchner. Mendoza, por su parte, selló el pacto por los fondos para la construcción de Portezuelo en el 2006, por medio de un acta que firmaron Kirchner y Julio Cobos como gobernador de la provincia. Por aquel tiempo, todo era mancomunión, paz y amor entre el radicalismo mendocino y el incipiente kirchnerismo, tanto que Cobos acompañaría en la Vicepresidencia a Cristina, en el 2007. 

Una historia no desmentida ni en La Pampa ni mucho menos en Mendoza circula en los contertulios como si se tratase de una leyenda, como un mito, pero absolutamente cierta y que tiene que ver con un capítulo, sólo uno, de los históricos enfrentamientos entre las dos provincias por el agua del río Atuel: el hecho da cuenta de aquella reunión en el despacho presidencial entre Kirchner, Cobos y Verna. El presidente los encara a los dos gobernadores y, apurándolos, les pide que se definan por sus reclamos a la Nación y aprovechen para llegar a un entendimiento. ¿Qué quieren?, les lanzó. Cuentan que Verna, sin titubeo alguno, le pide la plata, de forma urgente y rápida, mientras que Cobos se inclina por el pago de una obra. Con el tiempo, Cobos explicaría una y mil veces que prefirió la obra de infraestructura porque quedaría para la posteridad, para las generaciones futuras y que en el acto le propuso a Verna que aprovechara la oportunidad que les ofrecía Kirchner para que, con lo que le correspondía, la Nación se hiciera cargo de la construcción del trasvase del río Grande al Atuel para que volviera a correr agua hacia la zona de los Bañados del Atuel, en el norte pampeano, y mitigar la falta de agua. “¡Minga, a mí me dan la plata y listo!”, lo interrumpió Verna, dando por terminado el cuento y el litigio. En el 2008 ya no gobernaba Verna –quien volvió al poder provincial en el 2015 hasta el 2019–, sino que el gobernador de su provincia era Jorge, el que finalmente fue el receptor de los fondos contantes y sonantes exigidos por Verna, un viejo adversario de los gobiernos mendocinos por el conflicto del agua.

Alfredo Cornejo y Verna se encontraron varias veces en la Rosada y en el Coirco, el comité de cuenca del río Colorado. Ambos fueron duros defensores de la posición de sus provincias y críticos a ultranza de lo que cada uno hacía. Cornejo fue quien, quizás, más cuestionó a los pampeanos, hasta el día de hoy, por no haber hecho uso de los fondos de aquella demanda para solucionar el histórico conflicto, tan histórico que se agravó a mediados de la década del 40, con la inauguración de El Nihuil.

Pero los pampeanos no sólo han hostigado a Mendoza por las aguas de los ríos. En La Pampa dicen que todas las provincias que regularon los ríos que circulan por sus territorios, y que desembocan como afluentes del Desaguadero, del Salado y el Colorado, han dejado sin agua a su territorio. Por eso han ido contra San Juan también, cuando en esa provincia se dispuso la construcción de Caracoles, Punta Negra y, ahora, Tambolar. Aunque, en rigor a la verdad y a la luz de los acontecimientos, en San Juan nunca se detuvieron frente a los embates pampeanos. Puede que las demandas en ese sentido no hayan sido del todo exitosas o no fueron presentadas como corresponde o bien se encontraron con una provincia que nunca se vio intimidada como Mendoza.

El 18 de abril de este año, el gobernador Sergio Uñac encabezó el acto de desvío del río San Juan en el preciso lugar donde ya se está construyendo la presa El Tambolar. Las quejas pampeanas en contra de esa obra habían comenzado en el 2016, ante la Corte de Justicia de la Nación, para que se reconociera el sistema del Desaguadero como una cuenca, con características similares a la del Colorado reconocida en el Coirco. Y, en el 2019, La Pampa hizo pública su demanda en contra del nuevo dique sanjuanino.

El Tambolar, sin embargo, está en plena construcción y ha sido defendida por Uñac siempre que ha tenido la oportunidad. En el Gobierno de la vecina provincia ni enterados se dan por el juicio en contra que les planteó La Pampa. Hasta esta semana, en la Fiscalía de Estado sanjuanina, no se había notificado de demanda alguna. Allí dicen que creen que hay un juicio en contra por lo que se lee en los diarios, pero que no han sido notificados. La estrategia que asumió San Juan fue no integrar ningún comité de cuenca alguno para no abrir ningún conflicto interprovincial por el agua, pensando, obviamente, en los inquietos y beligerantes pampeanos.

En julio del 2020, en plena pandemia, el diario Tiempo de San Juan publicó una declaración de Uñac sobre el conflicto con La Pampa. Según el medio, el gobernador vecino dijo sobre el dique en cuestión: “Se construye con fondos que nacen de un fideicomiso nacional, donde están involucradas tanto Cammesa (la mayorista eléctrica nacional) como la Secretaría de Recursos Hídricos de la Nación. Esperamos que esto sea entendido y La Pampa nos ayude a cuidar el trabajo de 600 familias que hoy, de manera directa, y casi 2.000, de manera indirecta, trabajan de la construcción de El Tambolar, que tiene un importante avance de obra hasta llegar a un pico de 1.300 trabajadores”.

La Pampa es una de las provincias que más han sufrido los efectos de la sequía. Por su territorio no corren ríos como los que discurren por las provincias vecinas que tiene hacia el norte. Dependió de los bañados del Atuel hasta que se secaron y de las aguas del Salado y el Colorado. Pero, a diferencia de las provincias con las que litiga, hacia el este de su territorio, los campos pampeanos cuentan con las gloriosas lluvias que, por año, dejan caer entre 500 y 700 milímetros. Hacia el oeste, las precipitaciones son similares a las mendocinas, del orden de los 200 milímetros. Bien pudieron ordenar obras hídricas como más acueductos y otras de mejoramiento del uso del recurso para prever los problemas medioambientales que también padecen Mendoza, San Juan o cualquier provincia. Pero optaron por la estrategia de que otras jurisdicciones les solucionen el problema. Con alguna ha tenido éxito, claramente. Pero, con otra, no.