Pocas, muy pocas veces, como en esta oportunidad, en la que los intendentes debieron usar la lapicera, pero en este caso no para autorizar una obra, un contrato u otra cosa de relevancia para sus comunas, sino para estampar sus firmas en una solicitada a favor de Cristina Fernández de Kirchner, el peronismo mendocino ha estado tan incómodo por la situación que transita. Incómodo y desorientado, y con un futuro tan incierto que lo amenaza con
enfrentarse a una realidad impensada desde lo electoral hacia el 2023 que tenemos por delante.

El fiscal Diego Luciani, en la denominada causa Vialidad, pidió 12 años de prisión para la vicepresidenta, además de su inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, porque la encuentra culpable de defraudación al Estado al frente de una asociación ilícita que se ocupó de desviar fondos de la obra pública con beneficio propio, utilizando para ello a Lázaro Báez, un mero prestanombres, según lo descrito por Luciani y su colega Sergio Mola, el otro fiscal interviniente a lo largo de diez jornadas de intenso alegato. Horas antes del pedido de condena, durante el fin de semana, los intendentes peronistas mendocinos, posiblemente aguijoneados por La Cámpora, que en Mendoza tiene como referente a la senadora Anabel Fernández Sagasti, fueron invitados a firmar un documento de apoyo a la vicepresidente por el cual se desplegaron los argumentos conocidos, más políticos que técnicos, que la defienden y que aseguran que ha sido objeto de persecución sistemática por varios años, además de buscar su proscripción para las elecciones del año próximo. El pedido para los intendentes mendocinos ha sido el mismo que se extendió en el ámbito de la cultura y la militancia K, en todo el país, claro está.

De los seis, sólo Fernando Ubieta, de La Paz, y Florencia D’Estéfanis, de Santa Rosa, firmaron el comunicado. Emir Félix de San Rafael, Roberto Righi, de Lavalle, Martín Aveiro, de Tunuyán, y Matías Stevanato, por diferentes razones y explicaciones, evitaron firmarlo. En total y sumando todo el país, fueron 509 los jefes comunales que aseguraron que Fernández de Kirchner es inocente, por medio de la solicitada.

Cualquier análisis superficial puede concluir que firmaron los dos únicos intendentes que forman parte de la corriente exclusiva y propia del kirchnerismo, Unidad Ciudadana. Como el resto no forma parte, no lo hizo. Pero, como todo, el acontecimiento ha sido de alto impacto político, porque divide las aguas por primera vez y con claridad.

Una primera pregunta es dónde están los cuatro caciques que no firmaron, si no comulgan con Unidad Ciudadana. En el peronismo tradicional, en el de siempre, se puede responder. Entonces, surge otro interrogante: ¿por qué en Mendoza no han tomado distancia del kirchnerismo? ¿No pudieron? ¿No se animaron? ¿No quisieron? ¿Especularon? Todo conduce a una visión general: en Mendoza, el peronismo que gobierna está sujeto a los designios de la “poderosa” senadora nacional Fernández Sagasti, la que oficia de “abrepuertas” en donde habita el poder y la que resuelve la llegada de recursos que se obtienen discrecionalmente. Todo lo anterior puede estar explicando necesidades de gestión, pero al peronismo mendocino, claramente, a ese que está identificado con la corriente de los intendentes con ellos dentro, involucrados por supuesto, le ha faltado audacia, decisión y voluntad para desembarazarse de un kirchnerismo que en Mendoza los ha conducido a diez años de derrota consecutivas.

Pero el que le hayan pedido una firma en su apoyo, para quien es considerada la jefa del movimiento nacional y popular, para “la propietaria de los votos”, para la “única con capacidad propia de conducir un proyecto con apoyo y volumen político genuino” dentro de la coalición de gobierno, parece haberse constituido en un acontecimiento muy caro de sortear.

Probablemente, la ausencia en ese documento se constituya en el primer paso hacia un cisma dentro de la primera oposición de aquí en adelante. No ha sido un hecho menor. Puede que se configure en un primer acto en busca de una toma de distancia que lo vuelva a colocar, al peronismo mendocino en su conjunto, en una senda más competitiva para enfrentar la hegemonía del radicalismo y sus socios, de la que ha demostrado hasta ahora.

También se pone en juego otra jugada de mucha trascendencia hacia el 2023. Independientemente de cuál sea la suerte de la vicepresidenta en este juicio, la que podría recién resolverse hacia fin de año con el fallo del tribunal, todo lo que se ha escuchado en las tres semanas de los alegatos acusatorios ha solidificado el pensamiento y la idea que se tiene de la vicepresidenta en la sociedad. Todo lo visto y escuchado puede que haya solidificado la opinión que se tenga de Fernández de Kirchner: sus acólitos, en gran medida porque no se podría incorporar a todos, más convencidos que nunca de que se la ha perseguido injustamente y que se la quiere sacar del juego; quienes siempre desconfiaron de ella y la rechazan, agudizaron y profundizaron la imagen de corrupta. Pero eso es la grieta y quienes les dan vida a los extremos. En Mendoza, por fuera de esa grieta, se han dado muchas muestras de que, de igual modo, la figura de Fernández de Kirchner, antes con su marido y en su conjunto con el kirchnerismo, no ha cosechado demasiada empatía. Por algo, los intendentes, mucho antes de este momento tan particular por el que atraviesa la vicepresidenta, han pensado en desdoblar las elecciones en sus territorios el año próximo; para no caer presa del mal clima que envuelve al Gobierno nacional y a su primera líder.

No es extraño que los intendentes analicen desmarcarse de la influencia del Gobierno nacional en la próxima elección. Pero sí es llamativo que el peronismo tradicional, el que ha batallado contra el kirchnerismo internamente, y a esta altura de las circunstancias que lo han rodeado, no tome la decisión de escindirse de una vez por todas para decirles a los votantes que no son lo mismo. Al menos, un esfuerzo en ese sentido. Sólo han existido algunas escaramuzas y en ciertos y determinados departamentos, no mucho más.

El año que viene, el peronismo se enfrenta a una general con la obligación de defender el 36 por ciento de los votos que obtuvo en el 2019. Si desdoblan en los municipios, para la general, quien se ponga sobre sus espaldas el peso de una candidatura para enfrentar a Cambia Mendoza lo haría sin la tracción de las intendencias que controla. Puede exponerse a una derrota demasiado dolorosa, cuando existen razones y motivos más que suficientes como para elaborar una propuesta alternativa con alguna chance, frente a un oficialismo que, a todas luces, no es lo que era años atrás y que necesita, de manera urgente y por su propio beneficio, una competencia política que lo despierte de un largo sueño.