No sería extraño imaginar que, dentro de algunos años, los libros de historia económica registren que durante la primera mitad del gobierno libertario de Javier Milei se perdieron cerca de 194 mil empleos asalariados privados, a los que se sumaron otros 60 mil del sector público; que unas 21 mil pymes, en su mayoría, cerraron definitivamente o reconvirtieron sus negocios; y que, de manera impensada, por primera vez en décadas una empresa del grupo Techint, emblema del acero argentino y del poder empresario consolidado, perdió una licitación clave.

Son imágenes y hechos propios de un tiempo nuevo, introducido por la llegada de Milei al poder, cuando a fines de 2023 la Argentina decidió dar un volantazo de 180 grados para emprender un camino desconocido para sus casi 47 millones de habitantes.

Nunca antes, en lo que va de la actual gestión, se había generado tanto revuelo y polémica en el círculo rojo argentino como con la derrota de Techint en su propio país, frente a una competidora india que ofreció tubos un 40 por ciento más baratos para un gasoducto de 480 kilómetros desde Vaca Muerta hasta la costa atlántica rionegrina.

Ni el DNU 70/2023, ni la Ley Bases ni su versión recortada; ni la política monetaria ni el ajuste fiscal que dejó al país sin obra pública nacional; ni siquiera las supuestas 13.500 reformas desregulatorias que el propio Gobierno asegura haber implementado lograron provocar semejante nivel de inquietud entre empresarios, dirigentes y formadores de opinión.

Tal vez —porque nunca se sabe en un país acostumbrado a moverse más en la incertidumbre que en las certezas— haya llegado finalmente el gran debate prometido sobre el costo argentino. Un debate que inevitablemente obliga a ratificar o revisar el camino de las reformas estructurales, desde un nuevo sistema tributario hasta el modelo laboral, pasando por una discusión profunda —ya en marcha— sobre el rol del Estado y su peso, muchas veces señalado como pernicioso para la actividad privada. Todo eso parece venírsele encima a la Argentina, al mismo tiempo.

Pero el caso Techint también desnuda otra cara del modelo que rigió durante años: un esquema de proteccionismo selectivo, orientado a sectores del empresariado industrial más concentrado, sostenido bajo el argumento de que, con subsidios, regulaciones y prebendas estatales, el empleo a gran escala estaba garantizado en una economía presentada —no pocas veces— como próspera, aunque no siempre lo fuera.

La derrota de Techint —una derrota que, de todos modos, difícilmente haga mella en una compañía cuya facturación anual supera largamente los 35 mil millones de dólares— pone sobre la mesa los efectos concretos de la apertura comercial y económica impulsada por el gobierno de Milei. La empresa ya anticipó que cuestionará las políticas de subsidios de los países donde operan sus competidoras, como India o China, por considerar que distorsionan la competencia. Denunciará un caso de dumping. A partir de allí, se abre una discusión conocida —planteada incluso por el diputado Miguel Ángel Pichetto—: si este rumbo no terminará perjudicando a la industria nacional y destruyendo empleo.

Es, en el fondo, el viejo debate sobre la conveniencia del “compre nacional”, aun cuando implique sobrecostos excesivos que finalmente recaen sobre toda la sociedad, vía más impuestos y mayor presión fiscal, para financiar infraestructura y servicios cuya calidad muchas veces deja dudas, como ha ocurrido reiteradamente.

Una pregunta incómoda —que pocos especialistas se animan a responder, o que prefieren no formular en público— es por qué Techint presentó una oferta un 40 por ciento más elevada, cuando históricamente el “sobrecosto tolerable” de la producción nacional y en este tipo de licitaciones se ubicó entre el 15 y el 20 por ciento. Allí aparece, quizá, uno de los nudos más sensibles de la histórica connivencia entre Estado y empresarios beneficiados.

La derrota del gigante que “nunca perdía” puede convertirse así en un punto de inflexión, otro más, en la construcción de lo nuevo que promete Milei y que una parte significativa de la sociedad aún acompaña, pese a las penurias, sostenida por la esperanza como valor de futuro.

Lo que viene, además del debate sobre el cómo y el cuándo de las reformas de fondo, es una discusión más profunda que excede al actual gobierno: más o menos Milei. Ese interrogante podría alimentar el debate electoral rumbo a 2027: un modelo libertario más equilibrado o uno más radicalizado que el ejecutado hasta ahora.

Nadie, en su sano juicio, podría sostener que la mejor opción sea una apertura indiscriminada, a costa de la destrucción de la industria y del empleo, incluso desde una posición favorable a las reformas y la desregulación. De hecho, ningún país serio lo hace. Mucho menos el supuesto mentor del presidente argentino, Donald Trump, que desde un populismo clásico ha defendido las políticas más tradicionales de protección de la economía estadounidense.

Destruir la industria —o castigarla por haber sostenido, directa o indirectamente, a los gobiernos que precedieron a Milei— no parece una decisión inteligente. La Argentina, país de oscilaciones extremas, necesita hoy más que nunca equilibrio y moderación si pretende consolidar una senda de crecimiento y desarrollo.

También necesita reglas claras, seguridad jurídica y previsibilidad económica para volver al mundo, integrarse y aspirar a ser un actor relevante, como promete el propio Milei al proyectar un horizonte de 30 años para el cambio de rumbo.