La centralidad absoluta que Cristina Fernández de Kirchner ejerce sobre la política argentina, evidentemente, se extiende en Mendoza. Y dejará para el análisis sus consecuencias, marcando el camino del peronismo hacia el 2023 y también de una parte del gremialismo mendocino, el de los docentes, hoy alineado con la vicepresidenta. Ambos, el peronismo en el que conviven el cristinismo duro con los tradicionales no K y el SUTE de Gustavo Correa, verán intervenido su futuro como nunca y con más claridad después de los hechos que se cristalicen y viabilicen en el arranque de la semana.

Hay una línea de acción que parece unir al camporismo que está gobernando al PJ con el sindicato de los docentes: un marcado desprecio por el derecho y las normas. El Cabildo Abierto que el PJ ha organizado este lunes por la tarde en la sede partidaria en defensa de la vicepresidenta imputada por graves hechos de corrupción no sólo responde a esa cultura del “aguante tribunero” que se ha hecho carne del plan de acción camporista y que mantiene viva y activa la fibra militante del movimiento sumido desde mucho tiempo en el inmovilismo y la apatía. Toda esa movida, que se verá en Mendoza qué características tiene y cómo se manifiesta en comparación con lo ocurrido en la Recoleta, enseña al resto de la sociedad cuál será la respuesta en las calles si las cosas no salen como el movimiento sectario pretende. Todo un plan preventivo e intimidante, con mensajes que van a la Justicia desde ya en general, a los fiscales investigadores y acusadores tal como les corresponde hacer por naturaleza, a los medios no alineados y a todo aquel que levante fuerte la voz para defender el estado de derecho y el normal funcionamiento de las instituciones. Claro que la consigna convocante es por el amor, la paz y la democracia, por supuesto, y en contra del odio que es un producto propio de la derecha imperialista. Todo un bagaje de naderías propias de una época que no es esta, sin dudas, en medio de una mirada global del país, de la región y del mundo que atrasa, cuando menos, 70 años.

Al SUTE, por su lado –movilizado por una conducción que sigue el mismo plan de acción y métodos de la CTERA y del dirigente bonaerense Roberto Baradel–, tras el exitoso plan de acción de fines de julio y primeros días de agosto, que incluyó marchas y huelgas, se le presenta el dilema del impacto que tendrán los descuentos de los días no trabajados en los sueldos que se depositan pasado mañana: enfrentar la bronca de los docentes corriendo hacia delante haciendo, con ello, escalar el conflicto en todas las direcciones o aceptar el costo de los paros, explicando, con estilo y tino docente, que en toda acción directa se pagan las consecuencias, en este caso los menos pesos en los bolsillos de los huelguistas como debiese suceder siempre, bajo el imperio de la normalidad y el cumplimiento de la ley.

Todo indica, sin embargo, que el SUTE disparará hacia delante. Hay un concepto equivocado en la conducción, ese que afirma que el gobierno, el que les tiene que descontar los días no trabajados más el ítem aula, “se queda con nuestros salarios”. Por ahí discurre el leit motiv de la nueva agitación. El sindicato afirma que “cualquier tipo de descuento en los haberes de los trabajadores de la educación con motivo de su adhesión al paro de actividades, incluido el ítem aula, es considerado un acto de persecución y castigo (…) contra aquellos que adhieren a las medidas legítimas de acción sindical, en este caso, la huelga”.

Otra vez, como en el caso de quienes hablan de persecución contra la vicepresidenta: ¿a quién se persigue? Cristina Fernández está en pleno juicio y la democracia no está en peligro ni mucho menos el estado de derecho al que se respeta y se protege, haciendo funcionar con libertad las instituciones; para el caso de los docentes que en su justa lucha decidieron darle al gobierno de Rodolfo Suarez una clara señal de disconformismo y fastidio con su administración y demás, ¿acaso se los persigue y se los castiga por eso? ¿No será que se está cumpliendo con la ley? No se ve que esté sucediendo todo lo que describe el gremio desde que se les confirmara que los sueldos fueron liquidados con los descuentos. 

Por otro lado, no hay ningún dinero que se ahorre el Estado por aplicar el ítem aula, un adicional que premia al docente que fue a trabajar y que ha cumplido con las condiciones para hacerse acreedor del mismo. El ítem aula nació, precisamente, como un premio, no como un castigo. No hay ningún ahorro, ni tampoco un destino especial de ese dinero cuando no se paga el adicional. El sindicato habla de “retención indebida”, porque asegura que es dinero de los trabajadores que tendría que estar depositado en las cuentas. Esa aseveración, falsa y aquella otra con la que motivó a las huelgas, más allá de aquellos docentes que la hicieron por decisión propia y con la dignidad de asumir el costo de cualquier lucha justa, prometiendo que no se les haría descuento alguno, es lo que ha conducido a una nueva encrucijada de la dirigencia docente. Todo su plan de acción ha estado sujeto a motivaciones gremiales y políticas y entre estas últimas se ha tenido que enfrentar a los pedidos de tantos, ubicados entre los afiliados y desde afuera también, para explicitar y aclarar su posición respecto de la situación económica nacional, la macro y el combate contra la inflación y ahora, por si fuera poco, sobre las consecuencias del ajuste del gasto que ha dispuesto Sergio Massa desde Economía.

Por eso el peronismo y el sindicato docente, que tienen en la cúspide, en su conducción, una misma mirada política sobre la provincia y el país, hoy comienzan a transitar un camino que dejará sus huellas. No será para nada neutro lo que dispongan y hagan. El Cabildo Abierto del kirchnerismo, convocado “por la democracia, por los derechos conquistados, por nuestra historia, por Cristina y por el peronismo” y en contra de lo que llaman “persecución”, además de incluirle un objetivo oculto de la “derecha reaccionaria”, el de la proscripción, cuando de lo que se trata es de hacer cumplir la ley y de respetar el estado de derecho, lo posiciona ante otro desafío y riesgo en Mendoza: acercarse a los mendocinos, que es lo que necesita con urgencia o radicalizarse convertido en una mera expresión simbólica.