Promedia el año 2006. Mendoza es noticia nacional. La cara visible a nivel institucional de Godoy Cruz Antonio Tomba es el vicepresidente José Mansur. Habla en las radios nacionales con tono compungido, como si el asunto lo hubiese tomado por sorpresa. Dice que no sabe qué ocurrió o por qué la barra brava hizo todo lo posible para suspender el partido debut del Tomba en Primera División. Piedras, corridas, balas de goma y gases lacrimógenos. Las instalaciones públicas del Estado destruidas. En las inmediaciones nadie se siente seguro. Tal como ocurrió este sábado. Igual a lo sucedido hace un par de meses. Nadie se hace cargo. Nadie, tampoco, en aquel momento, le cree a Mansur…

Los pasillos de los tribunales provinciales se van agitando. Empiezan a desfilar personajes conocidos. Dirigentes deportivos, funcionarios del entonces gobierno de Julio Cobos y una persona que emergía en la agenda de opinión pública mendocina: Daniel Orlando Aguilera, alias “El Rengo”, por cuestiones obvias. Está sindicado como jefe de la barra brava de Godoy Cruz y responsable de los desmanes en ese partido inaugural. Hasta ahí, poco se lo había mencionado. Era conocido, sí, pero el submundo del hampa. Su apellido fue ligado al crimen de Víctor Sandalio Arabel, asesinado en 2002 a metros del Feliciano Gambarte cuando ostentaba el cargo de jefe de la barra.

El conflicto entre los Arabel y los Aguilera se trasladó del barrio La Gloria a la popular tombina. Era una disputa territorial y por negocios; y eso incluía el manejo de la barra brava y la relación con la Policía para liberar zonas, gozar de protección y así también poder ofrecer los servicios de fuerza de choque y punterismo político a quienes buscaban ganar votos, representando a fuerzas políticas de todos los colores, en una de las barriadas más complejas del Gran Mendoza. Allí, por esos años, nació la red de narcomenudeo más grande de la provincia, y después, guerra de bandas y homicidios mediante, se propagó por todo el departamento, con nombres célebres en las crónicas policiales, como Marcelo “El Gato” Araya o Sandra Jaquelina Vargas, “La Yaqui”.

Cuando Daniel Aguilera llegó esa mañana a Tribunales, la trama ya estaba más o menos clara: durante años había gozado de total impunidad; su poder había crecido tanto que hasta se había animado a prometerle a Omar Pérez Botti -encumbrado funcionario de Seguridad de Cobos- que, si le habilitaba los requerimientos de la barra, lo iba a ayudar para pelear por la gobernación de la provincia.

Toda esa información estaba en poder de Luis Correa Llano, uno de los tres fiscales de Delitos Complejos que tuvo la provincia cuando se produjo el cambio del Código Procesal Penal. La connivencia entre barras, dirigentes y funcionarios políticos y policiales era tan explícita que ni siquiera se cuidaban a la hora de hablar por teléfono.

La sensación de impunidad era total. La Policía ingresaba la pirotecnia de la barra en patrulleros; comisarios y subcomisarios viajaban con la hinchada por el resto del país para brindarle protección cuando Godoy Cruz jugaba de visitante y Aguilera llamaba a Pérez Botti para sacarse de encima a los policías que no habían entrado en el juego y pretendían combatir a la barra. La respuesta era automática. Esas idas y vueltas telefónicas de la popular del Malvinas a la platea techada eras constantes.

La intervención judicial de las líneas telefónicas los dejó desnudos; a los barras, a los dirigentes, a los funcionarios y a los efectivos. El pánico cundió por todos lados. Incluso hubo reuniones de alta confidencialidad donde legisladores intentaban averiguar si sus celulares estaban limpios. Temían quedar involucrados o ser detectados en algún renuncio ocasional. Con el tiempo, la causa se diluyó…

Casi 18 años más tarde, el 8 de abril, en medio de los incidentes en la tribuna de Godoy Cruz cuando el equipo enfrentaba a Sarmiento de Junín, Carla Aguilera se pavoneó por la platea techada del Malvinas. Increpó a dirigentes por el manejo de las entradas. Quería más. Y, si no le daban el gusto, el costo de la extorsión era la destrucción del Estadio y buscar suspender el partido; algo muy parecido a lo que pasó este sábado con San Lorenzo.

Carla, hermana de Daniel y de Diego (actualmente presos por comercialización de estupefacientes), se hizo cargo de la barra, con un nivel de violencia acorde con los antecedentes familiares. A tal punto, que la Policía le pidió a Daniel que, desde cárcel, recobrara el control; que la cosa se había desbordado y parecía que nadie era capaz de poner en caja a la gente que responde a la chica.

En una entrevista con Elevediez, Hernán Amat, director de Relaciones con la Comunidad del Ministerio de Seguridad, comenzó a tartamudear cuando le preguntaron cómo Carla Aguilera pudo llegar hasta la platea techada y gritar e insultar a los dirigentes sin que la Policía hiciera algo. Pero hay más: a ese lugar del Malvinas suelen concurrir jueces, fiscales, ministro, gobernador y vicegobernadora. Ese fue el nivel de testigos de esa tarde en que la hermana del Rengo entró y salió como si nada, dejando un tendal de daños que superó los 20 millones de pesos. Nadie hizo nada. Nadie dio una orden. Nadie actuó de oficio. Después, sí, las conferencias de prensa y los pedidos de captura. Pero, en ese momento, y con ese público, la única voz de mando en el Malvinas la tuvo una chica con un apellido que, desde hace dos décadas, se adueñó del estadio, del fútbol y de la violencia.