Esa dinámica algo estrafalaria y enloquecida que se ha apoderado de la campaña electoral para el oficialismo, que da lucha con los recursos del Estado para lograr ubicar a Sergio Massa en la segunda vuelta electoral en esa competencia de tres que protagoniza con Javier Milei y Patricia Bullrich, lo ha conducido a avivar un festival de parches para mitigar la extrema situación de vulnerabilidad económica que padecen millones de argentinos, ignorando las reformas de fondo, las estructurales y razones por las cuales más de 5 millones de trabajadores en el país están en la informalidad y que, de más de 2 millones de desocupados, sólo 65.000, por caso, puedan percibir el seguro por desempleo.

La desesperada embestida de Massa por estar presente en la agenda pública por medio del dispendioso uso de fondos públicos, lo ha llevado en las últimas horas a confirmar una suerte de nuevo bono o IFE, en este caso, con destino a 3 millones de personas que no sólo trabajarían en negro o en la informalidad, sino que, además, ni siquiera se encuentran en el registro oficial de las estadísticas que dan derecho a las asignaciones, jubilaciones y pensiones ni a los planes sociales. Esos 94.000 pesos que se les acreditarán en dos meses, la mitad en octubre y la otra en noviembre, según Massa, serían financiados con aquellos sectores que “se beneficiaron” con la devaluación que impuso el FMI, dijo por enésima vez el ministro candidato. Para Massa, serían los bancos y las aseguradoras las que solventarían el nuevo gasto, vía el manotazo de un aporte extra por esas supuestas mayores ganancias.

Sin embargo, y sin poner en discusión la justicia de una asistencia destinada a quienes son, seguramente, del grupo de las personas más vulnerables y menos contenidas por un Estado gobernado por una filosofía e ideología política que ha hecho de la lucha en favor de los pobres su bandera y norte, resulta muy impresionante observar el frenesí que rodea a esa batería de medidas anunciadas. Y, por supuesto, el objetivo de seducir a un electorado que el Gobierno ha venido perdiendo en manos de otras alternativas más disruptivas y representativas del enojo social. Todo en medio de un proceso o en un instante que podría asimilarse a un alocado ritmo en los últimos diez metros de una carrera de cien llanos para un atleta que caminó y especuló con los noventa anteriores.

Es evidente que todo forma parte de un accionar que sólo tiene como objetivo llegar de la mejor manera al 22 de octubre, fecha de la elección general y alcanzar el 19 de noviembre, la elección final en caso de segunda vuelta. Como todo parece naturalizarse en la Argentina, las decisiones del Gobierno se las asume como normales y habituales para la época y el momento. La naturalización pasa de largo el debate de fondo, siempre a la espera de mejores ocasiones u oportunidades. Con más de 40 por ciento de los trabajadores en la informalidad y 42 por ciento de pobreza, lo que se anuncia y lo que se discute en el Parlamento ignora la realidad y queda supeditado a la urgencia y, claro está, a los enfrentamientos ideológicos entre quienes defienden una acción determinada en beneficio de las chances electorales del oficialismo y los que la denuncian y rechazan desde la oposición; o la apoyan bajo condiciones, en una situación más que incómoda y apremiante, analizada desde lo electoral.

El caso es que el drama más nocivo, el de la inflación, no sólo no está siendo atacado, sino que todas las medidas económicas de coyuntura, sólo parches en verdad, lo agravan al calentar y avivar el consumo.

El Congreso ya trató la quita de Ganancias para los sectores más empinados de la pirámide; luego se ocupó de monotributistas y autónomos, se anunció el no cobro del IVA para los trabajadores bancarizados y este martes se sumergía en la discusión sobre la reducción de la jornada laboral. Y si bien esto último se encuentra en la etapa de comisiones, lo que demandará varias jornadas de tratamiento y polémica alrededor de siete proyectos de reducción de la jornada laboral o de las horas de trabajo semanal, parece improbable un resultado serio, seguro y responsable por la dinámica de la campaña electoral.

El punto es que un asunto de tanta trascendencia, el de analizar si Argentina se acomoda a una tendencia mundial que va en camino de reducir las horas de trabajo, quién puede apostar un céntimo de confianza a un producto que fue puesto en discusión por la especulación electoral del candidato del gobierno, Sergio Massa. Improbable que, de ahí y en medio de la máxima tensión, se llegase a buen puerto.

Con el carro por delante de los caballos, el tema laboral, central dentro de la crisis económica que sufre la Argentina, se aborda quizás desde uno de los costados que no necesariamente podrían generar más y mejor empleo genuino, como sí podrían provocarlo las reformas impositivas, laborales y económicas, con el acento puesto en las diferentes regiones y sectores. Hoy, con cero de estímulo para la inversión, el riesgo empresario y la proliferación de pymes, las verdaderas generadoras de empleo en el país, el Parlamento comenzaba a discutir cómo bajar de las 48 horas semanales de trabajo a las 40 o a las 36; o bien, cómo reducir de cinco a cuatro los días laborables con tres de descanso, desde el viernes hasta el domingo. Y todo con ideas o posturas casi diametralmente opuestas entre quienes se inclinan por reducir las horas de trabajo para permitir el acceso de desempleados sin que se toque el nivel salarial y los que advierten que el efecto, de concretarse la modificación, será el contrario. Un debate necesario y apasionante, prostituido por las corporaciones en pugna por una elección vital.