“Soy de Dorrego y vienen sucediendo hechos de inseguridad en forma permanente. Nos encontramos a merced de los delincuentes. Ellos, libremente por las calles, y nosotros, encerrados y tratando de buscar más medidas de seguridad con altos costos. Los vecinos hemos realizado una convocatoria para este sábado a las 12 en las puertas de la escuela Rafael Obligado debido a los hechos acaecidos la semana pasada en ese lugar. Los esperamos, con la esperanza de recibir por parte de ustedes propuestas tendientes a nuestra seguridad y protección”.

De esa forma, con tales palabras y confesiones, un grupo de vecinos pidió la presencia de algún emisario del Ministerio de Seguridad de la provincia y de la Municipalidad de Guaymallén para que se les acercara, al menos, una mínima respuesta ante una ola delictiva que azota la barriada desde mucho tiempo a esta parte. Ocurrió el sábado. Una imagen similar se multiplica por decenas de barrios, ya no sólo considerados conflictivos ni zonas rojas ni nada que se les parezca.

La inseguridad, expresada con el miedo que surge desde las entrañas ante los hechos evidentes y cotidianos, o como preocupación constante y duradera por esa maldita sensación que, a la vuelta de cualquier esquina, en aquella parada de colectivos, en esa calle oscura o en el descampado de más allá uno puede ser la próxima víctima, se extiende por todos lados.

“Tenemos la convicción de que la mecha ya está encendida y que todo puede explotar en el momento menos pensado”, escribió un usuario de Twitter, este lunes, a poco de que se desatara ese pandemonium alrededor del ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, cuando una turba enardecida de colectiveros por el asesinato de Daniel Barrientos –el colectivero de La Matanza asesinado a tiros por un grupo de delincuentes– lo atacó a piedrazos, trompadas y patadas y que a nada estuvo de provocarle heridas de mayor gravedad.

El mismo estado de bronca e impotencia de quienes acorralaron a Berni es el que bien uno podría imaginarse que existe en La Favorita, barrio donde mataron el domingo por la noche a Ángel Yerdeo, un joven de 25 años que, con su novia, había acudido engañado a un punto de encuentro en ese barrio del oeste de Capital, luego de pactar la compra de una moto vía Facebook. Al llegar, y resistirse al asalto seguro y para proteger a su novia, fue ejecutado.

Cómo definir la situación y el estado de ánimo si no es como feo. Está feo, literalmente. El ataque a Berni y lo que puede llegar a verse en cualquier esquina de un barrio mendocino en donde a su gente le está preocupando por demás la inseguridad, puede estar demostrando que los límites de autocontrol con los que suele contar la misma sociedad se están corriendo. No alcanza con las declaraciones de rigor de los funcionarios responsables. Los vecinos se cuidan entre sí, han invertido lo que no tienen algunos, en rejas, cámaras de videovigilancia y garitas. Madres, padres y hermanos que se acompañan entre sí y no dejan de monitorearse a lo largo del recorrido que puede unir el trabajo, la escuela, una salida de compras o por trámites. Hay horas en las que ya no se sale y hasta en las que se evita dar una vuelta a la plaza. El espacio público ha vuelto a estar amenazado por las bandas de rateros o lobos solitarios que salen decacería.

Hay una explicación al incremento de la inseguridad. Mientras peor le vaya a la economía, más robos, pillajes de todo calibre y ataques a la propiedad privada aparecen. Mientras más pobres, más delincuencia, lo que no quiere decir que el pobre sea un delincuente, como si hiciera falta aclararlo a esta altura de un debate que lleva tanto tiempo como los propios desatinos económicos que, además, agudizan la decrepitud social y cultural.

Mientras peor le va a la economía, mejor le va a la pobreza y a la marginación. El 54,2 por ciento de los menores de 14 años son pobres; como lo son el 45 por ciento de los de 15 a 29 años; el 35 por ciento de las personas de 30 a 64 años y el 14,5 por ciento de los mayores de 65 años.

La angustia social crece y es obvio, frente a una realidad que se agrava día tras días y que podría ser peor. Y si no ha estallado y volado todo por los aires, como en el 2001, por caso, es porque algunas de las corporaciones afines al Gobierno nacional, se sabe, de origen social, político y sindical, en particular estas últimas, no pueden reaccionar. De hacerlo, tendrían que ir directamente contra una administración a la que sustentan y a la que se cuidan de no cuestionar por ser parte de la misma. Quién lo duda. También son momentos en los que en la misma sociedad entra en discusión la mirada laxa del Estado frente al delito y la criminalidad. ¿Cómo actuar? ¿Con mano dura o con conmiseración frente al victimario? Y en ese contexto cobra especial relevancia no sólo el costado represivo del Estado, sino el de la justicia.

La Corte mendocina viene de analizar y discutir a fondo el derecho a la intimidad en un caso de investigación criminal. Y si para el esclarecimiento de un delito y más, todavía, para indagar si detrás de tal hecho no hay otros y si detrás de otros no existen, quizás, elementos que permitan identificar a integrantes de bandas delincuenciales, y que para ello sea necesario hurgar en la más profunda intimidad de un teléfono de un detenido, ¿hasta qué punto se lo considera una violación del derecho o no? Un fallo en disidencia del juez Omar Palermo puede llevar a pensar e imaginar lo que ocurre en algunos espacios del Gobierno nacional y en ciertas corrientes de pensamiento en la política mendocina sobre cómo actuar frente a los hechos criminales. Mientras la visión mayoritaria de la sociedad pareciera ir por la ausencia total del reconocimiento de derechos a un criminal o sospechoso de un hecho ilícito cuando ocurren casos como el asesinato de La Favorita o del ataque fatal al colectivero en La Matanza bonaerense; otros se inclinan por advertir de los posibles excesos y violaciones de derechos constitucionales.

Palermo dice que la investigación fiscal tiene mucho más poder que la defensa pública. Sostiene que la defensa pública está en desventaja frente a un poder desmesurado del Ministerio Público Fiscal y agrega que el derecho a la defensa en juicio “se ha vuelto una cuestión elitista” y que “sólo quien puede pagar costosas defensas privadas, podrá ser un adversario medianamente competitivo”.

Palermo también rechaza la idea popular de la existencia de la “puerta giratoria”, porque, según su visión, “a las cárceles entran más de las personas que salen” y que el sistema no está al servicio de la persecución penal de las grandes organizaciones criminales, sino que encierra a pobres, que en su mayoría son condenados en acuerdos procesales sin juicio previo.

Es otra opinión en disidencia del ministro, quizás el más experto y formado de la Corte en materia de Derecho Penal, y, a la vez, profundamente polémica en medio de una situación general donde la ciudadanía se ha vuelto a exaltar por la falta de respuestas y acción del Estado, frente al delito y por las consecuencias de una pésima situación económica.