Impsa tiene 118 años de vida, y solamente menos de cuatro fue manejada por el Estado. Se trata de una empresa muy sensible para el orgullo de Mendoza, que nació en Godoy Cruz y se expandió al mundo, con épocas de gran apogeo y otras de crisis terminales, casi siempre en manos privadas.

Lejos de otras firmas que surgieron por decisiones de políticos de turno (Hipólito Yrigoyen creó YPF en 1922 y Juan Domingo Perón fundó Aerolíneas Argentinas en 1950), Impsa se desarrolló gracias al empuje de la familia Pescarmona, que la posicionó internacionalmente con una visión de futuro no muy común en Mendoza. Pero fue la misma familia la que, por pésimas decisiones y dudosos negociados, la fundió.

Si la quiebra de la emblemática empresa mendocina no se efectivizó fue solamente debido a la intervención estatal. Cada vez que la situación parecía irremontable, como ocurrió varias veces en los últimos 15 años, surgían el pedido de auxilio y la fuerte presión de Enrique Pescarmona para conseguir ayuda política y económica.

Lo consiguió, porque lógicamente ningún gobernante se animó a pasar a la historia como uno de los culpables de la caída de Impsa, que tiene un pasado glorioso, un presente complicadísimo y un futuro incierto.

Así las cosas, los años dorados quedaron muy atrás y ahora la responsabilidad de levantarla quedará, nuevamente, en manos privadas. En ese contexto, las críticas a la reprivatización de Impsa parecen tan ilógicas como insólitas.

¿Por qué una empresa que fue durante 114 años privada tendría que seguir en manos de un Estado que no demostró, desde 2021 a la fecha, capacidad para sacarla a flote? ¿El problema es la reprivatización o fue la estatización?

La senadora nacional Anabel Fernández Sagasti no tiene dudas: el desembarco de ARC Energy “no solo es un peligro inminente para los mendocinos y mendocinas altamente calificados que allí trabajan, sino también un verdadero acto de perjuicio a Mendoza por la entrega de nuestro know how, de nuestros cerebros y nuestra innovación tecnológica”.

Una afirmación temeraria de la legisladora kirchnerista, seguramente más vinculada a cuestiones ideológicas que a la realidad de una empresa que vive en terapia intensiva y cuya crisis está ligada directamente con las relaciones políticas que su expropietario tejió con los gobiernos que predominaron en la región en los últimos 25 años y que supieron darle forma a la llamada “Patria grande”. A partir de ahí, el abismo y las denuncias por coimas.

Actualmente el capital de la empresa se integra con tres tipos de acciones:

  • Clase A, en manos de la familia Pescarmona con un 5,3%.
  • Clase B, que pertenecen a los acreedores con un 9,8%.
  • Clase C, propiedad del gobierno nacional (63,7%) y de la provincia de Mendoza (el 21,2%).

ARC Energy ofertó por las acciones Clase C de Impsa, que se mantiene a duras penas gracias al peso de su nombre, a su personal altamente capacitado y poco más. En los últimos años se achicó (en 2014, en otro momento de crisis, tenía casi 1.100 empleados y hoy son algo más de 700), pero la falta de trabajo y el incumplimiento de sus obligaciones la llevaron al borde del cierre.

Hoy tiene deudas superiores a los 570 millones de dólares y problemas para pagar salarios. El Estado no pudo levantarla; el tiempo dirá si una empresa estadounidense aparentemente cercana a Donald Trump, con inversores venezolanos detrás, podrá devolverle el brillo.