La información indica que un grupo de antropólogos forenses de la Universidad de Buenos Aires (UBA), se internará este jueves en el cementerio de la Capital, llegarán a una tumba ya señalada y de ella exhumarán un cadáver. Los expertos intentarán determinar si los restos que analizarán son de Paulo Christian Guardati, el joven de 21 años que se lo vio por última vez la noche del 24 de mayo de 1992, cuando a la salida de un baile en la escuela del barrio La Estanzuela se cruzó en discusión con un policía de civil quien, tras disparar al aire y detenerlo, lo condujo a la comisaría del Barrio La Estanzuela y nunca más se supo algo de él.

El documento oficial de búsqueda de Guardati, para la que todavía existe una recompensa de 1,5 millón de pesos para quien aporte algún dato cierto sobre su desaparición, todavía vigente, señala: “Características físicas: 1.70 metros de altura, delgado, cabello negro ondulado, cutis trigueño, marcas de acné en el rostro, cicatriz en la ceja derecha, quien fuera visto por última vez el 24 de mayo de 1992, vestía pantalón jean celeste, campera de cuero negro, remera rayas azules, zapatillas.” Estos datos sobre la vestimenta y las señales características del joven, como la cicatriz y las marcas del acné, difícilmente se le borren a su madre Hilda Lavizzari de Guardati, que fue quien, clara y precisamente, se las proporcionó a los investigadores judiciales y policiales, los encargados de buscar a su hijo desde el día de su desaparición. Todo un personal, hay que decir, el de la Justicia y de la seguridad pública de la provincia de entonces que nunca le dio a Hilda las garantías suficientes de estar haciendo lo que había que hacer; peor que eso, si hasta fueron nueve los magistrados que pasaron por la causa sin dar con resultados positivos e incluso con uno de ellos destituido.

La desaparición de Guardati se constituyó en una de cuatro al menos, entre ellas, un homicidio confirmado y corroborado, que se contabilizan y que sintetizan la expresión más acabada de una policía brava, resabio de la dictadura, a la que se le comenzaría a dar un golpe letal hacia fines de la década de los 90. En abril de 1990, el 28 de ese mes, Adolfo Garrido y Raúl Baigorria, se movilizaban en auto por el interior del Parque General San Martín y a la altura de la rotonda de Monseñor Orzalli fueron detenidos en un control policial. Luego de que se les ordenara descender del auto, fueron cachados y trasladados a una repartición policial. Desde ese día nunca se supo nada de ambos. El 2 de octubre de 1997, en El Nihuil, San Rafael, el chico Sebastián Bordón, proveniente de Buenos Aires es integrante de un contingente de estudiantes que realizaba un viaje de estudios, tras sufrir un colapso emocional queda al cuidado de un policía en el destacamento de la zona. Fue muerto a golpes y su cuerpo recién se descubrió diez días después, tras una serie de encubrimientos varios de los uniformados que negaban todo tipo de responsabilidad. Un año después arrancaría un proceso de reforma policial y de la seguridad de Mendoza que pasaría a la historia como uno de los pocos casos de política de Estado entre los tres partidos más relevantes de ese momento en la provincia, el peronismo que gobernaba más los radicales y los demócratas que militaban en la oposición.

El caso del joven Guardati está en manos de la Justicia Federal desde el 2021 tras un fracaso notable y estruendoso del Estado provincial. Durante esos 29 años a Guardati se lo buscó sin éxito, incluso varias veces en el cementerio capitalino que hoy vuelve a ser objeto de atención. Los cuatro policías involucrados en la desaparición del joven terminaron sobreseídos y en 1997 la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró el caso como una desaparición forzada y el país terminó condenado a pagar una indemnización a la familia. Hilda, su madre, nunca dejó de pedir justicia, en vano, como nunca dejó de buscar a su hijo. Justamente hace dos años, luego de la pandemia de covid, Hilda, que actualmente vive en Chile volvió a Mendoza y en una entrevista que dio a Página 12, recordó las veces que se internó por los cerros del oeste godoycruceño en busca de una esperanza: “Lo que hice para encontrarlo… he bajado por los barrancos de ese barrio, que eran cerros y me lastimaba las piernas con los arbustos. Yo buscándolo. Y el comisario decía: ‘miren que facilidad que tiene para pasar debajo de las alambradas’. Cosa que no hace su policía, contestaba yo. Y seguía, caminaba gritando el nombre de mi hijo por si estaba ahí, lastimado. Gritando yo y no encontré nada”.

Está claro que el tiempo pasó y Mendoza logró depurar a aquella policía que no sólo tenía fama de policía brava, sino que evidentemente además era antidemocrática, encubridora y ajena a los nuevos tiempos que desde hacía más de diez años se habían instalado en el país para nunca más volver atrás, a aquellos tiempos de la demencia absoluta.

Pero estos hechos demandan ser esclarecidos totalmente. Mendoza no puede contar todavía con estas páginas negras que manchan y avergüenzan su vida democrática. Y por supuesto que hay otras personas desaparecidas, crímenes resonantes no esclarecidos y otros tantos impunes. De los últimos casos quizás el de la desaparición de la adolescente Johana Chacón, vista por última vez el 4 de setiembre del 2012, sea la más bochornosa de todas, marcando un fracaso del Estado imperdonable a esta altura de los hechos.