“Amo ser el topo dentro del Estado. Soy el que destruye el Estado desde adentro. La reforma del Estado la tiene que hacer alguien que odie al Estado, y yo estoy dispuesto a soportar todo tipo de mentiras, calumnias e injurias, tanto sobre mi persona como sobre mis seres queridos —mi hermana, mis perros y mis padres—, con tal de destruir el Estado”, dijo el presidente Javier Milei en una entrevista a The Free Press, en junio de 2024.

Seguramente Luis Petri, ministro de Defensa y candidato a diputado nacional en Mendoza por la alianza La Libertad Avanza más Cambia Mendoza, fingirá demencia —tal como está de moda decir hoy— ante aquella vieja afirmación de su líder en la Nación, si alguien llegara a pedirle un comentario. Todo es posible en medio de la campaña electoral ya lanzada, y por otro lado, no le vendría mal aclarar las siempre incómodas confusiones. Pero Alfredo Cornejo, el gobernador, sobre cuyas espaldas recaerá el peso del mensaje y del relato en el tramo provincial de la campaña, quizá reciba gustoso el convite para sumar diferencias con la visión del presidente.

Milei rechaza al Estado, y en Mendoza se lo reivindica. Sin embargo, Milei y el mensaje de Cornejo marchan juntos, sobrellevando el peso de la contradicción: más por el lado del mendocino que por el del presidente libertario.

Cornejo y una larga lista de dirigentes de distinta extracción política, ubicados en lo que hasta hace poco se entendía como la oposición razonable y dialoguista, van a desafiar a Milei más temprano que tarde —incluso en plena campaña— con el argumento de la inviabilidad de ese objetivo destructor. Sin ir más lejos, la alianza de gobernadores del “grito federal” ya lo está haciendo. Hay quienes, no obstante, prefieren esperar a que el peso de la realidad haga su trabajo sobre Milei. ¿Será posible?

En algún punto alguien pudo imaginar que el anunciado plan para dinamitar el Estado era apenas un simbolismo, una idea-fuerza identitaria destinada a marcar la línea y el rumbo de una administración dispuesta a ordenar el gasto, fijar nuevas prioridades, bajar la inflación y proyectar la economía hacia el desarrollo y el crecimiento. Salvo algunos pocos, la mayoría entendió que se trataba de una convocatoria a caminar el desierto con poca o ninguna agua detrás de lo prometido. Pero la motosierra de Milei destruyó sin miramientos, a tontas y a locas, en sintonía con el andar desquiciado de los últimos tiempos.

Desde la plataforma electoral que presentó La Libertad Avanza más Cambia Mendoza emerge la contradicción con el rumbo del gobierno de Milei. Para la alianza en Mendoza, el Estado es fundamental para llevar adelante un plan de infraestructura orientado a la mejora de rutas, el desarrollo de la energía, la eficiencia del agua y el sostenimiento y mejoramiento de las comunicaciones. Cornejo y Petri han firmado que buscan potenciar Mendoza “como puerta al Pacífico”. Surge a las claras la influencia del modelo chileno: inversión pública que marca un camino definido, incentivado con estímulos a los privados.

También se habla de reducción de impuestos mediante una reforma tributaria que incentive la producción, genere más exportaciones y promueva la economía del conocimiento. Cuestiones obvias, se dirá. Son consignas habituales en cualquier plataforma, incluso en el mundo todavía imaginario con el que ha venido caminando Milei. Sin embargo, de tanto repetirse, esas obviedades han perdido impacto y valor, como muchas de las palabras que se usan en el discurso político. Pero es la sociedad la que debe rescatarlas en forma de reclamo y exigencia. Sin énfasis social ni firmeza, seguirán siendo frases huecas, desprovistas de impacto y, mucho menos, de seriedad.

El experto chileno en minería y profesor de la Universidad Católica, Gustavo Lagos, rescató días atrás, en una entrevista con la periodista Luciana Vázquez, dos o tres puntales del método chileno para asociar a los privados con los intereses del Estado. Mientras en Argentina se va y se viene con las empresas estatales que pasan a manos privadas y luego regresan al Estado según la ideología dominante del momento, en Chile nadie hoy, en su sano juicio, intentaría privatizar Codelco, la compañía que maneja el destino del cobre. La razón es evidente: desde que el cobre se “chilenizó” en 1971, convirtiéndose en un recurso 100 por ciento estatal, no ha dejado de darle utilidad al propio Estado. Se calcula que Codelco ha generado más de 100 mil millones de dólares en utilidades para el fisco en todo ese tiempo. Tampoco fue privatizada durante el pinochetismo, que resistió la presión de sectores de la derecha que pretendían venderla. Codelco, en verdad, repartió beneficios para distintos sectores del Estado, como las Fuerzas Armadas, que recibieron un 10 por ciento para financiar su equipamiento.

Lagos también señaló que desde mediados de los 90, cuando entró en vigencia la ley de concesiones, la infraestructura vial de Chile comenzó a cambiar radicalmente, superando a la de Argentina, que hasta ese momento figuraba entre las más modernas del Cono Sur. Un ejemplo más vinculado a Codelco: según Lagos, la inversión minera en Chile ha superado los 150 mil millones de dólares, de los cuales 50 mil fueron aportados por el Estado a través de Codelco, y el resto por compañías privadas.

La clave parece estar en el equilibrio alcanzado en torno a un modelo concebido como contrato social invariable y garantizado. Todo lo que no ocurre en Argentina, producto de la volatilidad y la fragilidad de las ideas y convicciones que mueven a la propia sociedad: variar el rumbo, pero que no duela; transformar, pero sólo hasta que el sacrificio saque de la zona de confort a medio mundo; tocar y modificar lo que haya que tocar y modificar de lo establecido, siempre que no afecte intereses propios.