Es más que probable que la pelea electoral que se avecina en esa batalla final de noviembre por las bancas legislativas se tiña de diferentes colores que matizarán el por demás conocido enfrentamiento entre oficialistas y opositores en la provincia y, claro, en todo el país: la gestión de la pandemia, el vacunatorio vip, las fiestas en Olivos, la crisis económica, la inflación, la desesperación integral serán asuntos ya superados en buena medida. No desaparecerán, por supuesto. Mutarán.

Al conocido popularmente como plan “platita” o “buenas ondas” o “felicidad para todos y todas” que ha desplegado con toda la furia disponible el gobierno de Alberto Fernández –acicateado por la vice Cristina Fernández de Kirchner–, lo que le ha dado sazón a la lucha, se le sumará el contenido de la pauta presupuestaria para el año que viene como un elemento más de disputa, discusión y, desde ya, de diferenciación entre unos y otros. Sucederá tanto en la Nación como en la Provincia.

El presupuesto define el plan de gobierno y de acción para todo el año. Es tan trascendente su contenido que permite conocer, con sólo un vistazo, hacia dónde se apuntará la mayor parte de la energía del Estado administrado por quien gobierna. Es el plan, liso y llano. Si allí dentro hay mucho, poco o la nada misma, depende siempre de cómo se lo mire y de quién lo defienda o lo cuestione. Y, en campaña electoral, el presupuesto puede convertirse en la masa madre del debate.

Por todo lo que está en juego, el control del Senado y de Diputados, nada más y nada menos por los próximos dos años, en el oficialismo se han enfrentado supuestos moderados y gradualistas, con gastadores seriales sin demasiados reparos por las consecuencias. Entre los primeros aparece el ministro Martín Guzmán y, entre los segundos, el círculo más cerrado del cristinismo. Guzmán, con cierto grado –o mucho– de preocupación, porque los números no cierran por ningún lado, contra un ala dura también preocupada, y mucho, si no logra dar vuelta la elección de noviembre. De ahí se desprende, de lo último, la profundización del gasto y del déficit hasta donde dé, y más también, para volcarlo a los bolsillos de los sectores que el gobierno entiende que por eso mismo no lo acompañaron.

Ya mucho se ha dicho sobre el asunto en los últimos quince días: la subestimación generalizada que se ha hecho de parte de los votantes les está impidiendo ver que, además de un problema económico profundo, severo y doloroso, se debería atender el hastío y la impotencia que ha aflorado fuertemente en oposición a un sistema y círculo vicioso del que no se sale nunca y que tiene a la sociedad o buena parte de ella (quizás a la que ahora está destinado el plan “platita”) como rehén y víctima de extorsiones de por vida.

La disputa electoral en la Nación parece pasar por ahí. Y, en Mendoza, también se inclinará hacia esos horizontes para cuando –el viernes– ya se sepa hacia dónde va la pauta de gastos con fondos públicos que prevé el gobierno de Rodolfo Suarez. Es probable que el proyecto de presupuesto sea, a la vez, un salvavidas para una desorientada estrategia opositora que pasó de apoyarse en la Nación, en Alberto y Cristina Fernández, para alejarse de los mismos y hasta negarlos en alguna medida por el efecto negativo que les provoca y perjudica a sus candidatos y que ahora se apoya en los intendentes, en una suerte de peronización a la vieja usanza.

¿Y qué se espera de este presupuesto clave que prepara Lisandro Nieri, el ministro de Hacienda, del gobierno de Rodolfo Suarez? Las pistas se inclinan hacia un rumbo que le saque argumentos que la oposición podría usar en su favor en la campaña. Los trascendidos sugieren que Nieri ha diagramado una pauta de gastos que se rija por la consolidación fiscal, por bajar la presión impositiva y por un nuevo plan de inversiones. Entre Nieri y Suarez han acordado y coincidido en darle continuidad a ese plan que empezó con Alfredo Cornejo y que, según el elenco que gobierna, no tienen que dejar por nada del mundo, porque sienten que tiene el apoyo de la mayoría de los mendocinos. Cuando menos, apuntan a mantener esa tendencia en lo que queda de la administración de Suarez y la que viene si logran retener la provincia en las gubernamentales del 2023. Diez años, como mínimo, dicen, para cosechar algo de previsibilidad y capacidad de planificación.

La base de lo que el jueves podría estar presentando Nieri en la Legislatura se sostendrá en esos tres pilares: seguir reduciendo Ingresos Brutos, no aumentar el gasto y utilizar el superávit primario para apuntalar un plan de obras que, literalmente, ha estado paralizado en el último año.

Si, como se especula, todos en la Legislatura esperan el presupuesto para desde allí y desde sus análisis lanzar sus campañas hacia noviembre, o revisarlas o bien corregirlas desde lo que se propone hacer Suarez en el 2023, no habría que descartar que la pauta se presente sin pedidos de autorización para mayores endeudamientos. Si lo hiciera, el peronismo volvería a repiquetear en aquella vieja y sostenida historia del sobreendeudamiento en dólares del 2016 y el 2017. ¿Para qué más endeudamiento, si, además, se pierde en el año por la ineficiencia del propio oficialismo? Puede que sea la primera reacción opositora. La referencia apunta a los recursos con origen la banca de fomento (BID) que se tenían disponibles para el acueducto ganadero Monte Comán-La Horqueta y que se cayeron por demoras en la licitación y una posible irregularidad bajo investigación.

La defensa del presupuesto, al margen del contenido, se apuntalará en críticas oficialistas al manejo de los fondos públicos que hace la Nación. A la consabida cuestión discriminatoria se le sumarán, seguramente, más de una visión negativa respecto de ese nuevo intento por lanzar una moratoria fiscal a contribuyentes con deuda líquida y exigible con la AFIP y en condiciones de ser ejecutada. El proyecto es de Sergio Massa y se dio a conocer a mediados de la semana pasada. Prevé un costo de 13.000 millones de pesos, con un promedio de deuda de 21.000 pesos por contribuyente beneficiado, alrededor de 600.000.

El problema que señalan desde la Provincia es que, dentro de esos 600.000 contribuyentes, la mayoría son pymes y contribuyentes medianos y pequeños de IVA y Ganancias, impuestos coparticipables entre la Nación y las provincias. El cuestionamiento es que, con los fondos de las provincias, la Nación vuelve a lanzar una amnistía y una condonación de deudas y con ello busca congraciarse con un electorado que le dio la espalda el 12 de setiembre.