En la sesión del pasado 28 de mayo se trató, en la Cámara de Diputados de Mendoza, el proyecto de ley de Seguridad Ciudadana destinado, fundamentalmente, a que los cuerpos de preventores departamentales estén habilitados para el uso de armas de baja letalidad, como las pistolas Taser.
Además de las objeciones técnicas –que fueron debidamente aclaradas durante el debate-, algunos legisladores de la oposición acudieron a la previsible cantinela “garantista”. Más de una vez me sorprendí al escuchar formulaciones que creía arrojadas al trash de la historia, junto al resto de las zonceras kirchneristas. Por ejemplo, alguien dijo que redoblar la vigilancia significa “ampliar el poder controlador del Estado” y que debíamos “buscar alternativas a la lógica del castigo y el punitivismo”. Poco faltó para que también se hablara de “sensación de inseguridad”.
No son pocos los que repiten este tipo de enunciados y consignas como si fueran verdades reveladas. Fichan orgullosamente como garantistas, pero están lejos de serlo. Si lo fueran estarían mucho más preocupados por los derechos y garantías de las víctimas del delito; o al menos de los ciudadanos, destinatarios naturales de la Carta Magna. Claramente no es su caso. Sus posiciones, en general, parecen alinearse mejor con el llamado “abolicionismo penal”, corriente lamentablemente en boga que combina ciertas posiciones críticas del Derecho tradicional (surgidas en la Europa de posguerra) con las baratijas conceptuales del progresismo woke.
El abolicionismo penal postula el axioma de la esencial inocencia del delincuente, una suerte de héroe anticapitalista que resiste (delinquiendo) al sistema que lo excluye y victimiza. Este fantasioso relato cobra sentido mediante una resignificación delirante de la Seguridad pública, en la que algunos juicios elementales de responsabilidad criminal –como la reincidencia o la peligrosidad– se muestran como prejuicios estigmatizantes.
Desde hace varios (demasiados) años, la ideología abolicionista viene actuando en Argentina como discurso dominante en universidades y ámbitos judiciales. Estudiantes, abogados y magistrados adoptan sus proclamas como escarapelas de un antifascismo de folletín; al tiempo que repiten, embelesados, camuflajes verbales que califican al Poder Judicial y a las fuerzas de Seguridad como “agencias del poder punitivo” y a las propias leyes como “herramientas de vigilancia social”. No podemos permanecer callados frente a esta impostura. Porque la malintencionada apropiación del término “garantismo” viene produciendo un enorme daño cultural, al dejar abierta la posibilidad de que gran parte de la sociedad –angustiada por el crecimiento de las bandas delictivas– imagine que el cumplimiento de las garantías constitucionales suponga mantener un sistema permisivo y hasta cómplice de los delincuentes.
Es importante salir al cruce, dentro y fuera de nuestra Legislatura. No vaya a ser que este progresismo declamatorio termine siendo funcional al extremismo populista o a su contracara reaccionaria; a los eternos enemigos de la democracia que, desde izquierda y derecha ofrecen a la sociedad argentina, presa de la confusión y la charlatanería, soluciones por fuera del orden constitucional. Quienes conocen o han vivido la historia argentina reciente, saben de qué estoy hablando.