El proyecto de Presupuesto nacional del año próximo ya mostró bastante más que los números con los que Javier Milei pretende atravesar el último tramo de su primer mandato completo; último y trascendental año en el que buscará ser reelecto. Detrás de la inflación proyectada, del crecimiento esperado, del superávit y de la evolución del gasto se dejó ver, como una aparición fantasmagórica, el nivel de prioridades en el que se seguirá jugando el mundial del ajuste y el de la continuidad del proyecto libertario.

Poco en verdad se entiende de ese paso, casi obsesivo ya, –una marca hay que decir del proyecto presidencial– de hendir el filo de la máquina de recortes sobre los aspectos más sensibles que tiene la distribución oficial de los recursos que se observa en el capítulo que vuelve a colocar la lupa sobre la discapacidad, más cuando se desarrolla el debate en Diputados. La catarata de críticas, más internas que externas, ha obligado al Ejecutivo a introducir cambios. Al menos eso fue lo que se dejó trascender durante el fin de semana.

Los artículos 36 al 41 del proyecto modifican el régimen vigente, bajo análisis parlamentario, y entre otras cosas, recuperan la denominación de Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral. El artículo 36 fija la prestación en el 70 por ciento del haber mínimo jubilatorio y el siguiente establece que será incompatible con un vínculo laboral formal o con la inscripción en el régimen general o simplificado vigente.

Se trata de una modificación que cambia el criterio con el que se venía aplicando la relación entre discapacidad, el trabajo formal y la asistencia del Estado. La posibilidad de que una persona pudiera conservar la pensión y, bajo determinadas condiciones, incorporarse al mercado laboral formal deja paso a otro concepto: si existe capacidad laboral acreditada a través de una actividad formal, la prestación deja de ser compatible.

El Gobierno viene haciendo del equilibrio fiscal el principio central de su administración. Y los números dimensionan el asunto. Para 2027 están previstos unos 6,094 billones de pesos para las Pensiones no Contributivas por Invalidez Laboral y otros 1,165 billones de pesos para la atención médica de los beneficiarios de pensiones no contributivas. Si se agregan las partidas específicas de integración y prevención, el conjunto de esos programas vinculados directamente con discapacidad ronda los 7,275 billones de pesos. Una millonada se dirá. Pero también es bastante menos que otra cifra que aparece en el mismo presupuesto y que permite direccionar el debate en otra perspectiva.

Los gastos tributarios estimados para 2027 alcanzan los 51,914 billones de pesos, equivalentes al 3,67 por ciento del Producto Bruto Interno. De ese total, 45,692 billones de pesos corresponden a tratamientos especiales establecidos en las propias leyes de los impuestos y 6,222 billones de pesos a beneficios otorgados por distintos regímenes de promoción económica. Claro que no se trata de la misma cosa. Un gasto tributario no es una partida que el Estado desembolsa y una pensión no contributiva sí forma parte del gasto público. Pero los dos números aparecen en el mismo presupuesto y permiten observar el tamaño de universos diferentes.

El propio proyecto define los regímenes de promoción económica como tratamientos impositivos preferenciales que implican una pérdida potencial de recaudación para el Estado, a través de exenciones, reducciones de alícuotas, deducciones, créditos fiscales, diferimientos y otros beneficios.

Los gastos tributarios vienen de larga data y no son una particularidad del modelo libertario, pero sí deja expuestas lo que bien puede entenderse como arbitrariedades polémicas y sujetas a la crítica: el Estado se retira de territorios históricos, reduce prestaciones, revisa criterios de acceso y, al mismo tiempo, este Estado en modo Milei conserva un universo muy amplio de tratamientos tributarios especiales que representan recursos que no ingresan a sus arcas.

El presupuesto del último año de la gestión de Milei y por el que aspirará a realizar la mejor gestión posible para ser reelecto, se supone, conserva una enorme cantidad de instrumentos de promoción, exenciones y tratamientos diferenciales mientras intenta, simultáneamente, reducir el peso de otras prestaciones y concentrar los recursos en aquello que considera prioritario.

Patricia Bullrich, la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza e integrante de la mesa política del Gobierno, dijo que no había sido informada de los cambios incorporados al capítulo de discapacidad del Presupuesto. “No estaba enterada, tenemos que corregir eso”, sostuvo. Luego fue todavía más explícita al señalar que no quería que la tomaran por tonta y que una situación de ese tipo resentía las relaciones dentro del oficialismo. Y al final avanzó con una mojada de oreja directa contra el presidente cuando se grabó tarareando un tema de Lali Espósito.

Lo que apareció con la discusión sobre discapacidad es una diferencia acerca de cómo se procesa el ajuste, qué temas pasan y pesan por la mesa política y cuáles llegan directamente al Congreso, pero también acerca de los costos políticos que cada una de esas decisiones puede tener.

Bullrich encontró en el episodio un lugar desde donde marcar distancia y puede ser la principal amenaza que se erige sobre Milei. Quizás lo más importante y trascendente para seguir en términos políticos.

La discusión sobre el Presupuesto 2027 empieza a mostrar también diferencias sobre el ritmo, los costos y las prioridades de una política económica que no está en sus comienzos. Buena parte del humor social adjudica responsabilidades directas al gobierno, más que a la herencia.

La discusión nacional tiene en la provincia un pequeño espejo, aunque con protagonistas diferentes. La oposición tradicional no parece representar hoy el principal desafío para la continuidad de Cambia Mendoza. La discusión que comienza a tomar forma en torno a la sucesión está dentro del propio universo político que, de una manera u otra, acompaña al Gobierno provincial.

Luis Petri aparece allí como la figura capaz de disputar ese espacio desde un lugar particular. No ha llegado desde afuera de la política radical ni es un dirigente nacido de una construcción ajena al oficialismo provincial. Es, justamente, una astilla surgida de la propia tradición radical que acompañó durante años a Cornejo, pero que hoy ocupa un lugar nacional de enorme exposición y construye su propio recorrido hacia 2027.

Petri alterna Buenos Aires con Mendoza, recorre pequeñas y medianas empresas, participa de encuentros, se muestra en actividades más o menos populares y construye una presencia permanente en las redes. Lo mismo, con diferentes intensidades, hacen quienes aspiran a suceder a Cornejo desde el oficialismo: Natalio Mema, Tadeo García Zalazar y Ulpiano Suarez.

El conflicto por las regalías de Los Nihuiles con La Pampa fue apenas el último escenario de esa disputa. Las respuestas del oficialismo mendocino a las posiciones de Petri mostraron que el diputado nacional y exministro de Defensa es observado como un adversario dentro de la propia pelea por la sucesión.

¿Y qué hará La Libertad Avanza en Mendoza? Puede acompañar a Petri, puede construir otra alternativa o puede terminar ratificando el acuerdo con Cornejo como se cree íntimamente que ocurrirá. El vínculo entre el gobernador y Karina Milei, los primos Menem y la conducción nacional será determinante para conocer qué tan lejos puede llegar cada uno de esos escenarios.

Pero sorprendentemente o por exceso de cautela, el entorno del gobernador, por ahora, no descarta ninguna alternativa. Cornejo tiene tiempo para esperar. Pretende que hacia fines de este año o, como máximo, en enero próximo, aparezca con mayor claridad quién será el candidato que pueda representar al oficialismo provincial buscando confirmar la sucesión. La lógica que manejan es sencilla: será quien mejor llegue a esa competencia, quien mejor mida y quien tenga mejores condiciones para enfrentar a Petri si finalmente el diputado decide jugar por afuera del acuerdo con Cambia Mendoza. Pero sólo llegará uno ante Petri. El que mejor mida, como siempre.

Hay una coincidencia curiosa entre Buenos Aires y Mendoza. En los dos casos, las dificultades más interesantes para los oficialismos no aparecen necesariamente enfrente, sino dentro de los espacios que construyeron el poder.