¿El salvaje crimen de Morena Domínguez servirá para algo más que no sea sólo lo que está circunspecto al infinito dolor de la familia de la chiquita de 12 años asesinada el miércoles y a la “conmovedora” decisión unánime de la política de suspender los últimos actos de la campaña electoral que tenía que finalizar ayer jueves? Si fuera sólo para eso, el mazazo provocado por esa muerte tan absurda pasará en breve a ocupar un número más en la fría estadística de los crímenes y homicidios producto de la inseguridad en la Argentina.

Los efectos, hoy tan presentes en todos, a tal punto que nadie en su sano juicio puede
lograr escapar de esa sensación de espanto e incredulidad que brota con sólo ver las imágenes del ataque de los dos motochorros que cegaron la joven vida de Morena, se irán diluyendo sin más si la sociedad en su conjunto no logra reunir su poder de presión en estas elecciones para que se arbitren las medidas que sean necesarias para terminar con la delincuencia o disminuir sus actos y hechos a lo mínimo posible.

Es probable que, con el grado de fragmentación que afecta a la dirigencia política, un solo equipo de gobierno que, quizás, comience a definirse desde el domingo, no logre dar con el objetivo demandado por los votantes. Y que obligará a realizar un llamado a todos los que logren, desde una mínima representación parlamentaria a los que más, detrás de lo que se entiende debe ser una política de Estado en materia de seguridad.

Claro que debiese ocurrir lo mismo con los otros dos flagelos más importantes que componen el trío de máximas necesidades y reclamos de solución, con la inflación y la estabilización de la economía, claramente. Pero, cuanto menos, arrancar con el que provoca, de los tres, la máxima desazón, miedo, dolor e incertidumbre en cualquier persona de bien: la inseguridad.

Cómo y por dónde empezar, serán respuestas que quien gane las elecciones tendrá que buscar por sí mismo. En todo caso, desde mucho antes de asumir, es una obligación y una muestra de responsabilidad y de seriedad frente al desafío por delante que debió haber estado presente desde el momento en que el frente o partido político lo lanzara al ruedo. Y lo del acuerdo o pacto para conformar una mayoría sensata detrás de un plan integral de seguridad, el único camino posible.

Porque, si hubiese alguien que esté alimentando el sueño de un programa de acción “a lo Bukele” para bajar drásticamente el delito –por el implementado por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele– debiese saber que por estas latitudes se presenta como un imposible. Porque el próximo gobierno, según como se especula por la relación de fuerzas y demás, es poco probable que cuente con una mayoría propia suficiente para avanzar en una línea parecida a la de El Salvador.

A poco de asumir, en el 2020, Bukele se presentó en el Congreso acompañado con las fuerzas armadas, dispuesto a que se le aprobaran las partidas de fondos que pedía para implementar el plan. La política de mano dura logró bajar la tasa de homicidios, la más alta del mundo, de 37,1 cada 100.000 habitantes en el 2019 a 1,8 cada 100.000, que dio a conocer algunos meses atrás, el propio Bukele, por Twitter: “La más baja de toda América”, dijo el presidente, de 41 años.

Claro que, para alcanzar esos datos positivos en la lucha contra el delito, la democracia salvadoreña ha sufrido al perder derechos, quizás otro de los aspectos que los argentinos no estarían dispuestos a tolerar, como un régimen de excepción que ha suspendido la libertad de asociación y reunión, también la privacidad en las comunicaciones, como el derecho de una persona a ser debidamente informada sobre los motivos de su detención.

Y, mientras, bien vale la pena poner el ojo en Mendoza tras el crimen de Morena, la joven niña de Lanús oeste. Según datos oficiales, la tasa de homicidios cada 100.000 se ubica un poco más arriba de 3. En el 2015, siempre de acuerdo con la información suministrada por el Gobierno, era de 9 homicidios cada 100.000 habitantes. Un logro considerable, pero, claramente, insuficiente.

Según el registro que el periodista de Policiales de El Sol, Exequiel Ferreyra, viene elaborando desde varios años a esta parte, tanto con datos propios más los de Seguridad del Ejecutivo provincial como los del Ministerio Público Fiscal, en lo que va del año se llevan cometidos 30 homicidios, 6 de los cuales ocurrieron en hechos de inseguridad deliberada. El 2022 terminó con 71 crímenes, 12 en hechos de inseguridad; el 2021 registró 85, con 20 de ellos en hechos violentos. En concreto, con una baja concreta año tras año, pero sin que en general la ciudadanía lo perciba como pretende el Gobierno.

Quizás sea porque los robos, hurtos, y arrebatos en la vía pública siguen siendo altos y, en algunas épocas, en aumento. El resto de lo que muestra la tabla de homicidios da cuenta de que, de aquellos 181 homicidios del 2003, la marca más alta de los últimos años, este tipo de delito ha pasado de 141 en el 2012; 164 en el 2014; 141 en el 2015; 150 en el 2016 a los 71 del último año.