La semana que pasó pareció un mes. El caso de la joven discapacitada violada desató furia y pasiones casi sin control, sobre todo, de parte de los fundamentalistas del antiabortismo. Pero lo que debe destacarse es que la ley se cumplió. Sería lo común en un país serio, pero en Argentina, que pase esto, es todo un logro. Más allá de las presiones de los poderosos grupos ultracatólicos contra jueces y médicos, la ley se cumplió con un fallo rapidísimo –como el caso lo requería– y muy valiente de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, avalado por Fernando Romano y la prestigiosa magistrada Aída Kemelmajer.
El Gobierno y, especialmente, el Ministerio de Salud, con su titular, Armando Calletti, a la cabeza, hicieron todo para que se cumpliera lo que indicaba el máximo tribunal de Justicia de la provincia, más allá, como dijimos, de las presiones, amenazas, intimidaciones y escándalos de los grupos radicales conservadores.
Contra los pronósticos de muchos mendocinos que veían en estos minúsculos grupos de opinión una fuerza inusitada por desarrollarse en esta sociedad, conservadora en líneas generales, el aborto a la joven se pudo realizar, y se cumplió así con la voluntad de su madre y con la ley. El reconocimiento debe ser para el Gobierno y su Ministerio de Salud, para la Justicia y para los médicos que realizaron la intervención.