“Mendoza se parece cada vez más a un feudo norteño. Uso de recursos públicos y abuso de poder corrompen la institucionalidad partidaria. Aunque en este caso la culpa no es del que le da de comer, sino del chancho. Justicia selectiva, controles ausentes y corrupción. Así estamos”, tiró Omar De Marchi, el líder de La Unión Mendocina (LAUM) cerca del mediodía del martes por su cuenta de la red X (antes Twitter). La Legislatura ya tenía abrochada la aprobación del Presupuesto 2024 con el que gobernará Alfredo Cornejo desde el 10 de diciembre con el voto favorable de dos legisladores del espacio opositor, los diputados Jorge Difonso y el sanrafaelino Gabriel Vilche.
Un indignado De Marchi dejaba así por un momento el silencio que se había autoimpuesto en esa suerte de retiro espiritual por el que ha venido elaborando en la intimidad el rol que desde el llano le tendrá deparada la política a partir del 2024, para descargar esa sonora andanada de vituperios contra su enemigo político, “el chancho” según identificó en el tuit que escribió; o mejor dicho, Cornejo.
De Marchi no se ve como un incomprendido, sino más bien como ese que ha decidido pelear contra males y amenazas que todos ven y advierten, pero que por alguna extraña razón no se quieren ni rebelar ni mucho menos enfrentar. Se siente eso. Otros lo ven más bien como un Quijote contra molinos de viento, lo que significa algo distinto. “Cornejo se ha quedado con todo; él y unos pocos comandados por él se van a quedar con todo, y cuando Mendoza se dé cuenta, va a ser muy tarde”, aseguran que ha comentado a los suyos en las últimas horas, en la previa de lo que ha constituido un acuerdo político trascendente alrededor de la pauta de gasto del año que viene que ha incluido al peronismo y sus intendentes los que han sido clave en la negociación, al Partido Verde y a dos legisladores de LAUM.
Todo indica que con Difonso las cosas han estado bien claras de antemano por haber adelantado una posición favorable a las leyes aprobadas y que De Marchi rechaza. El problema está con el diputado sanrafaelino del Pro, Vilche, “un ingeniero biomédico que de números y de política no sabe mucho”, dicen alrededor del ex candidato a gobernador y diputado nacional pronto a dejar su banca a fin de año. “Cualquiera puede votar libremente, pero si vas a hacerlo de manera distinta a lo que hemos acordado, lo tenés que aclarar. Esto huele muy raro”, agregan desde el demarchismo, en la misma línea que el propio De Marchi que en la red social había admitido no saber los motivos por los que Vilche sacó los pies del plato, “pero los imaginamos”, según escribió para cerrar con otro “todo huele mal”.
¿Qué le pasa a De Marchi? Los que saben explican su impotencia ante espacios, referentes y corporaciones que por su propia naturaleza debiesen haber puesto el grito en el cielo por las cosas que funcionan mal en Mendoza. Y esas cosas son más o menos las mismas de siempre: una Justicia que observa algo sometida en un sentido amplio a los designios y dominios del gobernador electo; también le apunta a empresarios y corporaciones de empresas que no entiende por qué no salen a dar cuenta de supuestas irregularidades que se han dado en algunos de los contratos de obras más importantes, como el de la ampliación del Metrotranvía, la que ha quedado envuelta en sospechas de sobreprecios y a la que se le viene de dar la autorización legislativa para que el Ejecutivo salga a buscar financiamiento por unos 30.000 millones de pesos. El enojo del líder de La Unión también va en dirección del peronismo, de sus intendentes y de muchos de sus dirigentes por tener una mirada complaciente con los males que acechan a la provincia, según su visión: “Ellos, los peronistas, cuando gobernaron, le dieron aire a algunos de los que se siguen beneficiando hoy con estos contratos y manejos poco claros que se están registrando hoy”, resumen alrededor de De Marchi.
Los nuevos hechos que han agitado el conflicto entre La Unión Mendocina y el oficialista Cambia Mendoza tienen que ver con el Presupuesto que se ha convertido en ley. De Marchi le critica, a esa pauta de gastos, estar ajena y alejada de todos los intereses de los mendocinos. Sus legisladores citan, por caso, que pudo haber sido más austera, con señales de disminución del gasto público y de esfuerzos por gastar menos y mejor y, según lo que afirman, no ha sucedido. Le apuntan a un crecimiento exponencial de celadores, por caso, con muchos de ellos de comprobada militancia política afín al oficialismo. Y a la elaboración de las cifras de los recursos no ajustada a un cálculo de inflación real, lo que le permite al Ejecutivo contar con recursos extras no presupuestados y por fuera de un control más fino por parte de la oposición.
A todo esto, y como un desprendimiento de un enfrentamiento político total con el gobierno, La Unión Mendocina le ha dado sustento a la demanda que Luján ha anunciado que presentará contra la provincia y que el nuevo intendente Esteban Allasino llevará a la Justicia “por un perjuicio superior a los 2.800 millones de pesos” contra los lujaninos, porque no se le reconoce al departamento el incremento de su población reflejada en el último censo nacional. La población define el reparto de la coparticipación municipal y es el componente más importante en un 65 por ciento; otro 25 se distribuye de manera fija e igual entre todos los departamentos, y un 10 por ciento por medio del Coeficiente de Equilibrio del Desarrollo Regional por el que se nivela las sumas que perciben por habitante los departamentos con “similares características”.
Este coeficiente, creado en los años 90 durante los gobiernos peronistas, se ha convertido en otro motivo de puja y algo de escándalo también. El gobierno de Rodolfo Suarez pretendió modificarlo junto con la base de cálculo de la coparticipación con el dato actualizado de población. Pero, luego, se echó para atrás todo. Pudo haber sido una de las concesiones del oficialismo hacia el peronismo que veía el procedimiento como dudoso. Pero Luján estalló y, con él, De Marchi más La Unión Mendocina, que se quejan porque Godoy Cruz, por caso, se queda con más de 22 por ciento de ese coeficiente; San Rafael, con casi el 13 o Las Heras, con el 17 por ciento; una Las Heras que vuelve a ser gobernada por un intendente radical, Francisco Lo Presti, tras haber derrotado a Daniel Orozco, el socio de De Marchi, una suerte de paria del radicalismo y caído en desgracia en la Justicia por ese festival de denuncias por irregularidades que se le achacan.