Desde sus inicios en el escenario de la política nacional, desde aquellos años en los que todavía no se lo tenía en cuenta como en lo que más tarde se convertiría –en una corriente con vida propia, poderosa y particular del peronismo– el kirchnerismo siempre observó con una profunda desconfianza y animadversión a los medios de comunicación de los que en verdad buscó valerse, una vez lograda su dominación y sojuzgamiento total. Néstor Kirchner seguía con denodada e inusitada obsesión a los medios y la tarea de los periodistas. El líder del movimiento no podía tolerar que los diarios, los canales de televisión y las radios le dominaran la agenda pública. “La agenda es nuestra. Los medios deben hablar de lo que nosotros hacemos y no al revés. Tienen que trabajar para la política, para nosotros”, le adjudican haber dicho en más de una oportunidad a quien iniciara, en mayo del 2003, aquellos tres períodos de gobierno consecutivos que compartiera con su esposa, la ex presidenta y actual vice, Cristina Fernández de Kirchner.
Por eso no resulta para nada sorprendente ni siquiera llamativo que, con el paso del tiempo, y con la hoy vicepresidenta de la Nación con la centralidad absoluta de la escena política, el kirchnerismo les haya apuntado y atribuido a los medios de comunicación el liderazgo de una acción conspirativa descomunal en su contra, para debilitarlo y, eventualmente, despojarlo del poder. Una acción que los medios, de acuerdo con esa oscura mirada, han compartido con sectores de la oposición y, cómo que no, con los jueces y fiscales del Poder Judicial, que no tuvieron otra cosa que hacer que investigar sus acciones y, eventualmente, condenar a sus responsables cuando los halló culpables de actos de corrupción, entre ellos, a la mismísima Fernández de Kirchner.
A toda esa conjunción, supuestamente maliciosa en su contra, el kirchnerismo la ha llamado lawfare, lo que, traducido al castellano, sería algo así como una guerra judicial, embistiendo contra el poder institucional, siempre de manera injusta, claro y, desde ya, con la complicidad de los medios inventando historias y una oposición canalla, cipaya y de derecha (no falla nunca), fogoneando una acción deliberadamente desestabilizadora.
En un aparte de un puñado de fojas, de las más de 1.600 que se utilizaron para desplegar los fundamentos del fallo por el que se condenó a Fernández de Kirchner a seis años de prisión, más su inhabilitación permanente para ocupar cargos públicos, los jueces del tribunal le dedican un espacio al mentado lawfare, el que no sólo desconocen, sino que pulverizan de manera categórica.
“No podemos dejar de resaltar que escapa a nuestro entendimiento de qué modo la hipótesis conspirativa podría impactar sobre el análisis al que nos ha convocado el juicio oral y su consecuente sentencia, pues nada agrega ni conmueve el proceso deliberativo realizado ni al razonamiento que subyace a la decisión adoptada en torno al reproche penal que hemos formulado y volcado en las páginas que anteceden a esta reflexión. No niega ni explica los hechos que fueron comprobados ni la prueba que los acredita. Cuestionar la legitimidad del tribunal, por sobre su razonamiento, no es otra cosa que un argumento falaz, del tipo ad hominem, que carece de aptitudes persuasivas en el marco del procedimiento reglado”, dicen los tres magistrados del TOF 2, Jorge Gorini, Rodríguez Giménez Uriburu y Andrés Basso.
El escrito habla de que apelar a la guerra judicial en contra de Cristina Fernández y de los demás imputados y condenados que tuvo la causa, no sólo fue un “subterfugio” habitual para no responder a los hechos descritos. También se deja un tiempo para ironizar con el mote de lawfare, porque parece más “sofisticado” usar ese vocablo inglés “como si las cosas descritas en inglés tuvieran más valor”, se lee en el extenso despliegue de los fundamentos de las condenas. Y hasta llega a minimizar la operación a la que describe como una “nueva teoría conspirativa” de las usadas, en este caso, por los denunciados, luego imputados y, finalmente, condenados en la megacausa de corrupción que marcó al kirchnerismo.
Hacia el final, el tribunal coincide con que todo ha sido una “coartada para eludir a los poderes judiciales democráticos, la rendición de cuentas por la comisión de delitos de corrupción, o por otros relacionados al mal desempeño en el ejercicio de la función pública”.
Un dato llamativo de toda esta historia del lawfare que los jueces descartan, por supuesto, es que se entiende como el inicio del mismo la crítica que hizo Fernández de Kirchner a las fechas y al momento en que se dio inicio al juicio oral de la causa en su contra. Los magistrados recuerdan que fue duramente cuestionado por el kirchnerismo que se fijara como inicio del juicio el 21 de mayo del 2019, casi tres meses antes de las elecciones del 11 de agosto del 2019. El escrito responde a esa idea de Fernández de Kirchner de que todo se orquestó no sólo para ir detrás de una condena que considera injusta y sin pruebas, sino para perjudicar las chances electorales del kirchnerismo en la oposición. A eso, los jueces responden que la fecha original del inicio del juicio debía ser el 26 de febrero del 2019 y que, cuando se fijó, ninguna de las partes la objetó.
Pero, durante ese mes de febrero, antes del inicio del juicio, fallece súbitamente Jorge Alberto Tassara, juez del tribunal, lo que hizo que se retrasara todo el proceso hasta el mes de mayo. “Resulta todo un cliché, de un absurdo, vincular el proceso judicial a la coyuntura política o al calendario electoral”, suscriben los jueces. Las apelaciones a las campañas en su contra han sido una constante en la vicepresidenta, su entorno y sus seguidores.
No hubo una sola elección durante su mandato que no hiciera mención a una feroz campaña opositora en la que los medios resultaron cómplices. Y aun así, si en caso fuese cierta la mirada de Fernández de Kirchner, hay que recordar los triunfos electorales de la entente que lideró: en el 2007, con el triunfo de la propia Cristina, en el 2011, con el famoso 54 por ciento y en el 2019, con la vuelta del kirchnerismo al poder.