A Javier Milei las corporaciones sindicales y algunas empresarias, las que en su mayoría han prosperado al abrigo del Estado, de sus contratos y de la cercanía que han tejido con los gobiernos, ya le avisaron que le será difícil y complejo gobernar si sigue adelante con ese proceso de reformas estructurales y de fondo que piensa implementar en su gobierno, el que arrancará el 10 de diciembre. Y no han dudado un instante en salir presurosas a advertirle lo difícil que le será la empresa. Ninguna sorpresa en el escenario político, económico, social y cultural en el que se ha movido la Argentina.
En todo caso, ese comportamiento ha sido la confirmación de varias cosas que se están dando de manera inédita y sorpresiva en el país, comenzando por esa decisión electoral mayoritaria que ha depositado en las manos del liberal-libertario un dejo de confianza trascendente para dar con el golpe y giro que ha venido prometiendo sobre la economía nacional.
Y otra de esas confirmaciones, vaya si no, es la pertenencia y referencia a un modelo del pasado, a todas luces acabado, fracasado y frustrado, al que se han venido aferrando, pese a los resultados, los grupos negados a esperar que arranque la gestión, conocer los primeros proyectos de ley, la toma de medidas de manera oficial para, en todo caso, contrarrestar o marcar alguna que otra diferencia. Parece demasiado, en medio del desquicio, pedir prudencia y mesura previa, además de respeto por lo que otros argentinos han elegido por mayoría. Aunque lo elegido se haya presentado, en la previa, como un personaje en apariencia “loco”, “desequilibrado”, y absolutamente exótico para una política tradicional que, para su desgracia, y en general, lo único que ha tenido para mostrar es un reguero de fracasos y frustraciones.
Todas las estructuras gremiales, empresarias o sindicales que están haciendo fila y sacan turno para dar a conocer sus advertencias han sido, a la vez, las protagonistas de ese modelo hoy marginado.
La Cámara de la Construcción, a la que el presidente electo le ha llamado varias veces la “cámara de la corrupción”, por la aparición de muchos de sus integrantes en la causa de los cuadernos, le advirtió ayer por boca de su propio presidente, Gustavo Weiss, que hay empresas que comenzaron a enviar telegramas de despidos y que peligra el futuro de 300.000 empleos del sector, tras el vaticinio del nuevo mandatario de que se acabó la plata para financiar la obra pública.
La CGT, en la sede de la UOCRA, el sindicato de la construcción, ha seguido la ofensiva contra un gobierno que no ha comenzado todavía, lo que no deja de convertir este tipo de comportamientos en hechos no sólo prepotentes, sino antidemocráticos y claramente reaccionarios. “Ni un paso atrás por los derechos sociolaborales y la justicia social”, fue la consigna que ha tutelado el encuentro de un grupo de dirigentes que tiene poco y nada para demostrar de éxitos, a lo largo de ese extenso cumplimiento del rol de representación de la fuerza laboral del país. Al frente de las advertencias se han sacado la foto Andrés Rodríguez, Héctor Daer, Gerardo Martínez, Pablo Moyano, José Luis Lingeri, Abel Furlán y Mario Manrique.
Lo notable es que tanto los empresarios como estos representantes gremiales no se permitan, siquiera, un tiempo de espera y de prudencia razonable y den rienda suelta a tanto prejuicio sin ningún tipo de inhibiciones.
A diferencia de otros procesos de recambio que han dejado en pausa, o por los que se ha rechazado no se sabe por cuánto tiempo el modelo hegemónico con el que se ha administrado el Estado en la Argentina, el de Milei arranca con la expectativa de lo nuevo para una mayoría clara de los argentinos y con una debilidad muy clara y notoria para lo que se conoce o se interpreta como eso del volumen político. Sin gobernadores afines y con sólo 8 senadores propios y 38 diputados, lo obligará a sacar a relucir o demostrar dotes políticas desconocidos para el armado de una coalición que no sólo lo interprete, sino que lo ayude a llevar adelante reformas que necesariamente dependerán de la aprobación de nuevas leyes y la reforma o actualización de otras tantas.
Esa necesidad obligada de llevar adelante negociaciones con gobernadores y bloques legislativos que le demuestren contar con cierto grado de flexibilidad, teniendo en cuenta y presente lo que en verdad ha dispuesto querer la mayoría de los votantes, es posible que lleve a Milei y a su gobierno a encontrar salidas a lo que parece que hoy no las tiene o que dice que, literalmente, no las tiene. No toda la obra pública, por caso, puede quedar en manos de los privados y de su iniciativa, a no ser que el propio Milei le encuentre alguna salida o un método para que cierta infraestructura tan particular como la de saneamiento, tratamiento de agua, desagüe y cloacas, por caso, sean del interés de los privados.
Según publicó el medio especializado El Constructor, el modelo chileno, el que pretendería replicar Milei en su gobierno, ha tenido luces y sombras y en 30 años de vigencia del método, el que arrancó con el presidente Patricio Aylwin, “se firmaron 110 contratos. De ellos, 53 han sido autopistas, 26 aeropuertos, 15 hospitales y cárceles, cuatro embalses y 12 en obras como el Movistar Arena o el Centro Cultural Palacio de La Moneda”, todo con una inversión total estimada de 27.000 millones de dólares, según datos de la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura (Copsa) en su sitio.