La discusión sobre la nueva conformación del Consejo de la Magistratura, ese órgano clave del Poder Judicial por donde pasan las designaciones de los jueces, las sanciones y las remociones de los mismos, logró por un momento la unidad del oficialismo en el Senado nacional, lo que el presidente Alberto Fernández no ha podido alcanzar ni conseguir, ni aun pidiendo aplausos para su vice, Cristina Fernández de Kirchner, como lo hiciera durante un acto de este miércoles.

El oficialismo nacional, unido, obtuvo los votos necesarios en el plenario de dos comisiones de la Cámara Alta abocadas a discutir el proyecto de ley que le tiene que dar una nueva conformación al Consejo de la Magistratura y, con ello, impuso su dictamen por sobre el de Juntos por el Cambio que, al igual que sus rivales, votó unido detrás de su propia iniciativa. El miércoles de la semana que viene el proyecto se discutirá sobre tablas y en principio, si no hay cambios, el proyecto del kirchnerismo podría imponerse con media sanción. Lo que luego podría ocurrir en Diputados pocos lo intuyen, aunque allí la oposición podría introducir cambios sustanciales a la norma o impulsar algo distinto en línea con lo que está defendiendo en el Senado.

Para comprender la discusión y lo que está en juego, de alto impacto político y de un sinnúmero de intereses en juego, hay que remitirse a mediados de diciembre del  año pasado, cuando la Corte Suprema de Justicia declaró la inconstitucionalidad de la conformación que tenía por entonces el Consejo de la Magistratura desde que el kirchnerismo, en el 2006, y a instancias de la por entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner, promoviera y consiguiera una nueva estructura de la institución en donde se le dio más prevalencia a la política en desmedro del sector de la Justicia, que quedó en inferioridad de condiciones y de fuerza.

El Consejo que se alumbró en los primeros años del kirchnerismo tenía 13 miembros y repartía los lugares en 3 para los jueces; 6 para los legisladores (4 por la mayoría  y 2 por la minoría); 2 profesionales abogados, 1 para el Poder Ejecutivo y 1 para el ámbito académico y científico. Primero fue la Justicia desde diferentes ámbitos y más tarde, la política, en especial las voces opositoras, los que comenzaron a cuestionar tal conformación. La grieta evidente, expuesta, que surgiría más tarde, hizo el resto y dejó en claro dos proyectos diametralmente opuestos y que hoy se están enfrentando en el Senado.

Cuando la Corte declaró, finalmente, inconstitucional su conformación, ordenó elaborar una nueva ley en un plazo de 120 días. Sugirió que el Consejo debe volver a los 20 miembros de la formación original con un representante de la Corte dentro de la nueva estructura. ¿Y qué advirtió? Que lo que se había hecho con el cambio del  2006 fue doblegar al Poder Judicial para erigir al poder político como dominador de un órgano estratégico en la designación de magistrados de todo el fuero federal. La Corte cuestionó que el Judicial perdiera independencia y exigió volver a un estado de equilibrio para que ni la política ni tampoco el Judicial pudiesen por sí bloquear la participación e incumbencia del otro en su seno. Con la modificación del 2006, no solo el kirchnerismo había logrado colonizar el organismo, sino que, además, en algún momento lo amplió hacia el Jurado de Enjuiciamiento.

El dictamen que logró imponer el oficialismo, unido, en el Senado prevé que los miembros sean 17, en vez de 20; no incluye a la Corte en su estructura porque considera su participación allí como abusiva y hasta extorsiva, como lo dejó en claro el  ministro de Justicia, Martín Soria, durante su exposición en las comisiones, y la relación de fuerza entre las bancas políticas que propone le dejarían al oficialismo la posibilidad de controlar el quórum para abrir las sesiones del propio Consejo.

Juntos por el Cambio planteó un organismo con la misma cantidad de miembros que el original, de 20, con el presidente de la Corte como presidente también del Consejo; 4 jueces; 4 legisladores por la mayoría; 4 por legisladores por la minoría; 4 abogados; 2 académicos y 1 por el Poder Ejecutivo.

El debate sobre el nuevo Consejo no agrega nada nuevo a la conocida brecha ideológica que divide al oficialismo de la oposición, claramente. Para el oficialismo, parece que ha sido una nueva oportunidad para volver a poner en fila y en línea los intereses que movieron al kirchnerismo –Cristina, en verdad–, para alumbrar en el 2019 un candidato (Fernández) y una coalición peronista con suficiente cuerpo y fuerza como para volver a ganar las elecciones y acceder otra vez al poder, y continuar con la búsqueda de un paraguas de impunidad que había quedado trunco en el 2016, con el triunfo de Mauricio Macri.

Para la oposición, una gran oportunidad, como lo ha dejado en claro, no solo para marcar las diferencias que tiene con el Gobierno, que podrían aumentarle las chances electorales que tiene para el 2023, sino a su vez dar señales claras hacia la Corte, el máximo órgano de Justicia del país y al resto de las instituciones que si hay alguien garante de las mismas, está en sus filas, aunque para todo lo demás deje dudas, en particular, en la administración del amplio abanico de la administración de la cosa  pública. La defensa institucional no es poco y ser garante de la Constitución con más razón. Justo cuando se cumple un nuevo aniversario del golpe más atroz de todos, el del 24 de marzo de 1976.