“Prefiero posar así no salen movidas. Entiendo que el trabajo de ustedes es sacarme muchas fotos”. La frase la dijo el juez federal Walter Bento la semana pasada, cuando desafió a las cámaras en las oficinas del Correo Argentino, durante algunas de las gestiones que tiene a cargo como magistrado con competencia electoral en Mendoza.

Bento es hoy un problema institucional para la provincia. Sin embargo, nadie se atreve a enfrentarlo. Está imputado y procesado por los delitos de asociación ilícita -en calidad de líder-, enriquecimiento ilícito, cohecho y lavado de activos. E incluso, en ese marco, es quien decide sobre la suerte y verdad de los partidos y frentes que tienen que dirimir diferencias antes de las PASO.

Su poder, en esta etapa, es absoluto. Después de las Primarias, con la conformación de la Junta Electoral, sus facultades se licuarán un poco con la integración del presidente de la Cámara Federal, Juan Ignacio Pérez Cursi, y el titular de la Suprema Corte, Dalmiro Garay. Antes de que eso ocurra, dará pelea en el barro donde se definirá su destino: el político.

El juez se aferra a sus fueros. De lo contrario, estaría preso, como otros tantos de los imputados que hay en la causa que lo tiene como principal implicado. Es señalado como jefe de una banda dedicada al cobro de coimas. Su procesamiento incluye prisión preventiva. Pero Bento es juez y, como tal, posee ciertas garantías constitucionales.

Su suspensión y posterior litigio hacia destitución depende del Consejo de la Magistratura de la Nación. Es el órgano de control que supervisa el accionar de los jueces federales. Allí, históricamente, poco ha importado si el desempeño de los magistrados es bueno o malo. Tampoco si, tal como marca la Constitución, están aptos para el cargo, más allá de un examen en un concurso. Y menos, como se expone ahora, si existen graves acusaciones en contra.

El caso en el Consejo está más que demorado. Dilatado. Los representantes del gobierno nacional parecen no tener el mínimo interés en apresurarse. Desde el oficialismo ensayan una tibia presión; más bien fría. Bento aprovecha porque sabe que ahí el campo parece más fértil que en el expediente penal. Y deja recados al ecosistema político.

En el kirchnerismo local, en tanto, esperan. Por eso no cuestionaron el aval inicial que dio a la candidatura del gobernador Rodolfo Suarez como suplente en la lista de senadores, y quedaron expectantes al visto bueno para las colectoras.

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De hecho, también le dieron la espalda al fiscal Dante Vega, hombre de Justicia Legítima en Mendoza y que tiene a cargo la investigación de la megacausa de coimas. Del discurso inicial, donde entre bambalinas aseguraban que iban a pedir que Bento se apartara como juez electoral porque era un escándalo, pasaron a una actitud neutral, cuasi pasiva.

La reciente compulsa contra Suarez es un ejemplo de ese juego político. Bento es consciente de que no prosperará; mucho menos si depende del Ministerio Público Fiscal de Mendoza. El procurador, Alejandro Gullé, es un viejo conocido de Bento, pero ya ha mostrado moverse en sintonía con el gobierno provincial desde la época de Cornejo, cuando fue designado. Por lo tanto, más que una denuncia, es un mensaje. Es llenar la cancha de lodo para que todos, sí o sí, tengan que ensuciarse.