El ideal sería que el derecho y la justicia fueran coincidentes, pero la realidad nos demuestra en muchos casos todo lo contrario: la gran diferencia que suele existir entre el derecho y la Justicia. Existen razones para esas diferencias, que surgen del dictado de leyes y normas que no contienen los requisitos exigidos: honestidad, fidelidad y amor, que originan privilegios o interpretaciones que alejan al derecho de la justicia, cuyo significado es dar a cada uno lo suyo en el momento oportuno. Estas interpretaciones de funcionarios o jueces pueden llegar a ser discrecionales o arbitrarias, originando procesos administrativos o judiciales cuyo costo soporta la sociedad, en la que los administrados terminan aceptando las decisiones aunque no sean correctas, ante la imposibilidad de que se resuelvan los problemas con sentido común, base del derecho en general y la realidad económica, fundamental en la interpretación del derecho tributario, donde las demoras en las resoluciones juegan en contra de los administrados, sea por voracidad fiscal o fallas del sistema, sin descartar la posibilidad de que existan nichos de corrupción, tanto en la faz administrativa como judicial, resultando esta última más grave, debido a la omnipotencia e impunidad de los jueces. El problema de la brecha que se origina entre justicia y derecho suele producirse porque se considera inamovible la teoría de los derechos adquiridos y la cosa juzgada. Sin considerar los derechos mal adquiridos, que se mantienen inmutables, por el solo hecho de haber transcurrido el plazo para reclamar, cuando, en realidad, para los derechos mal adquiridos no debiera existir la prescripción para reclamar, asimilándolos a los delitos de lesa humanidad que no tienen prescripción. Lo expresado se puede verificar en la opinión publicada por diario El Sol (01/04/09), titulada Una sátira judicial, donde están detallados, en forma cronológica, los casos que el primer juez Concursal resolvió violando expresas normas de la Ley de Concursos y hasta en forma fraudulenta transfirió los derechos que el Banco Multicrédito SA tenía sobre el diferimiento impositivo de Nogalina Agrícola SA en la Provincia de San Juan, propiedad por partes iguales del presidente, vice y asesor Financiero de Multicrédito, Flamarique, Alsina Balde y Sansone, que US pudo hacer porque no había designado el Comité de Acreedores, burlándose de los ahorristas, ya que también transfirieron las acciones sin que exista ninguna constancia ni pago de las mismas, cuya venta, si la hubo, debió ingresar al patrimonio de la masa. Las irregularidades cometidas con la transferencia de las acciones de Nogalina Agrícola SA se pueden verificar con el legajo 563 de Inspección de sociedades y el expte. 1.002/N/1992 que contienen los antecedentes de esa Sociedad en la Dirección de Personas Jurídicas de Mendoza. En el artículo mencionado, Una sátira judicial, se puede constatar la forma en que el segundo Juez de la Quiebra del Banco Multicrédito obstruyó e impidió la labor de los diferentes comités de acreedores, desde que se pidió la remoción de la sindicatura, que dilató durante tres años, pero que no pudo obviar, por la gravedad de las causas denunciadas, llegando con su arbitrariedad a prejuzgar al declarar en el diario Uno del 13/11/04 “que los ahorristas del Banco Multicrédito no cobrarían un peso más de la quiebra, que no pudo concretar porque la Cámara de Apelaciones revocó unos bochornosos honorarios que había regulado, a cargo de la masa. El primer comité de acreedores efectuó la denuncia ante la Oficina Anticorrupción de la Nación, de la quiebra del Banco Multicrédito, como un caso de corrupción en la Justicia y el suscripto como ahorrista solicitó la intervención del defensor del Pueblo, llegando en ambos casos a la conclusión de que no tenían competencia ninguna en ninguna de las dos instituciones para intervenir cuando se trata de un tema que se encuentra en la órbita de la Justicia. O sea que la corrupción e impunidad de la Justicia depende de la misma Justicia, de no cumplirse con el control que los Legisladores debieran realizar. Estimo, sobre la base de lo expuesto en el presente trabajo, que es el momento oportuno para que políticos, legisladores, funcionarios, periodistas, profesionales y ciudadanos comiencen una profunda autocrítica, modificando actitudes, cambiando comodidad por responsabilidad, y así encarar una reforma judicial que permita disfrutar el país que la mayoría espera y desea, para lo que hace falta lograr: que la Justicia y el Derecho transiten por la misma senda. * Ex subdirector de Rentas de la Provincia, ex síndico del Banco de Mendoza.