Infantilismo y paternalismo. Con esas dos palabras bien podría definirse la acción del Gobierno nacional, a la que se sumó rápidamente el provincial, para otorgarles a los empleados públicos ese bono extra de 60.000 pesos para mitigar los efectos de la crisis. Bono que, por la también decisión del Ejecutivo nacional y de su ministro, candidato a la Presidencia, se hace extensivo al sector privado, obligando a las empresas, no importa su escala, a disponer de una suma no prevista cuando, además, se está en plena fecha de liquidación de haberes y en proceso de acuerdos paritarios muy trabajosos y tensos.

Dejando de lado que la plata que se tiene en el bolsillo no vale nada y que, paradójicamente, cuesta un Perú conseguirla, con lo que cualquier plus adicional es absolutamente necesario en el contexto en el que se vive en el país, la cuestión es otra. Se trata de analizar la postura de quien tiene en sus manos el poder de la birome y con una firma decide, de un sopetón, movilizar miles de millones de pesos en el ámbito nacional y otros cuantos miles en la provincia hacia las cuentas de los empleados “porque la están pasando mal”.

Cuando las papas queman, el administrador –más cuando tiene un interés personalísimo y particular para ser votado, como en el caso de Sergio Massa– sin siquiera una mera explicación a sus mandantes de por qué y cómo se llegó a decidir tal o cual cosa y cuáles son los justificativos, dispone. Con esa disposición obliga al resto a ir por el mismo camino, tanto al sector público (provincias y municipios), como al privado (cualquier tipo de empresa, pequeña, grande o mediana), no importa en las condiciones en las que estén cada una de ellas para responder. Todo bajo un enorme supuesto porque hasta ayer no había norma legal publicada que sirviera de instructivo.

Pero hay un asunto mucho más grave y preocupante que ha encerrado una medida de fuerte tono populista y demagógico que, como muchas cosas, se naturaliza, quedando perdida en medio de la nube de humo: la dádiva, que a los argentinos les costará miles de millones de dólares que se pagarán, seguramente, con inflación y mayor deterioro, va acompañada de una serie de condiciones a cumplir obligatoriamente, manu militari, aunque no se quiera. ¡Atentos!, dice el mandante en su triple rol de ministro, candidato y administrador de las malogradas cuentas públicas: el dinero recibido debe ser destinado al consumo, para comprar alimentos o para gastar en turismo, en comprar una bici, un celular, un par de sábanas, en una silla, una mesa, una cubierta, en esto, en lo otro o en la mar en coche. ¡Ojo! No podrás usar esos pesillos que valen más que ayer y menos que mañana en destinarlos a ahorrar en una moneda más fuerte que el peso, en dólares; no importa cuántos, para los que te alcancen, porque eso es de individualista, de insolidario, de cipayo y hasta de traidor a la Patria, porque los dólares, además no están. No podrás.

Por el lado de la Provincia, más o menos lo mismo, aunque con diferente “humor”, si se quiere. La Provincia paga el bono y se ubica entre las pocas. Y se apura a decir que lo hace por la devaluación y la mala praxis nacional, que no ha permitido que mejore la situación de todos. Y lo paga en una sola cuota, de una sola vez, para cerca de los 90.000 trabajadores, porque puede hacerlo, porque ahorró, porque está ordenada y porque en Mendoza se hacen las cosas bien. Y que ese dinero no será descontado, como dice la Nación, porque formaría parte de los aumentos a cuenta. No, no, en la Provincia, señores, no se descontará ni se tomará como un adelanto ni nada de esas cuestiones nimias. Porque puedo y quiero. Y porque ese dinero (ahora va la imposición dirigista que nunca falla) se destinará al consumo y a mover la economía y no sabemos a cuántas personas terminará beneficiando como también a las familias que están detrás de los almacenes, despensas y negocios de cercanía varios, pymes y demás que indirectamente recibirán la mano dadivosa y extensa del Estado amigo y cercano.

El infantilismo en el trato, en las medidas y en cómo se anuncian en general, se suma a ese estilo paternalista asumido por el Estado cuando no tiene respuestas a la crisis de fondo y estructural. Ya demasiado se ha hecho desde el manejo de las instituciones para sacarles a los millones de pobres de este país la última gota de dignidad con la que cuentan, aquellos que la tengan, en todo caso. Tomá la plata y traeme el vuelto.

Además del cambio drástico en lo económico, en el manejo de las cuentas, en el uso de los pocos recursos que se tienen, en el control de gasto, en la necesaria disciplina, seriedad y responsabilidad al frente de los bienes del Estado, en ese cambio de 180 grados que se reclama, también se tiene que incorporar a la lista el cultural. Por sobre todo, el cambio cultural. Y que el poder institucional en la Argentina, en todos sus niveles, esté en manos de una buena vez de adultos serios y responsables que sepan que enfrente tienen otros adultos, serios y responsables, que esperan que los traten como tal, de igual a igual. Sin destrato, como si no se dieran cuenta de ellos, más allá de las necesidades y la dependencia absoluta y total a las que los sumieron con sus políticas.