El fallo de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza (SCJM) del 5 de agosto de 2024, que condenó a José Zuccardi a pagarle a su hermana Cristina 12 millones de dólares más intereses por violación a la legítima hereditaria —sentencia que revirtió resoluciones anteriores y marcó un hito en la causa—, fue el clímax de una disputa familiar que supera las tres décadas.
Lejos de haber terminado, el conflicto entre descendientes de una de las familias más reconocidas de la vitivinicultura argentina ingresó en una fase crítica. El 7 de mayo pasado la jueza María Paula Culotta, a cargo del 3° Juzgado en lo Civil, Comercial y Minas, ordenó cumplir con esa sentencia, a través de la ejecución forzosa de los activos del bodeguero.
Así las cosas, una de las causas judiciales más resonantes del empresariado mendocino, con repercusión nacional, avanza ahora en dos frentes: una vivienda en la Ciudad de Mendoza y un bloque accionario en Cimalco Neuquén S.A.
Un fallo histórico
La legítima hereditaria es un instituto legal que protege a los herederos forzosos -como los hijos, padres, abuelos y cónyuge de la persona fallecida- y limita la posibilidad de disponer de los bienes mediante testamentos o donaciones. En tal sentido, el fallo del máximo tribunal mendocino sentó un precedente sobre la equidad en las sucesiones de grandes patrimonios.
En el juicio iniciado en 2018, Cristina denunció haber sido perjudicada en el reparto de bienes familiares. Dos tribunales inferiores rechazaron la demanda pero la Corte le dio la razón y ordenó al reconocido bodeguero el pago de 12 millones de dólares, una cifra que, sumados los intereses acumulados, supera los 25 millones.
El fundamento fue la “desproporción notoria y excesiva” en la herencia: según los cálculos judiciales, mientras la exlegisladora recibió bienes por 7,8 millones de dólares, su hermano obtuvo activos por 94,7 millones.
El inicio de la pelea familiar
Para contextualizar el conflicto familiar, hay que remontarse a comienzos de la década del ’90, cuando Alberto Victorio Zuccardi y Emma Cartellone efectuaron una donación como anticipo de herencia en favor de sus tres hijos (Cristina, Ema Inés y José).
En ese momento, dispusieron distribuir en partes iguales entre los tres hermanos las acciones de las constructoras Cimalco SA (CISA) y Cimalco Neuquén SA (CINSA), pero le entregaron casi la totalidad de la bodega La Agrícola -que con el paso de los años se transformó en la emblemática Zuccardi Wines– al varón. Ese fue el principal motivo de la disputa familiar.
Las hermanas llegaron posteriormente a un acuerdo y canjearon entre sí sus acciones en ambas Cimalco, quedándose Cristina con el control de la firma con sede en Neuquén. Si bien no participó de sus operaciones, José mantiene el 22% del paquete de ambas empresas.
Objetivo 1: las acciones en Cimalco Neuquén
Embargar acciones es una táctica habitual en la ejecución de deudas de alto valor, pero el proceso se complica al tratarse de una sociedad cerrada. A diferencia de las empresas que cotizan en bolsa, cuyo valor por acción es público y se actualiza a diario, el valor real de una sociedad cerrada depende de peritajes contables complejos —análisis de flujos de caja, activos y pasivos—, abriendo un amplio margen para la disputa.
La estrategia legal de Cristina fue directa. Amparándose en el artículo 262, inciso I, del Código Procesal de Mendoza, solicitó al juzgado la adjudicación directa de las acciones de José en Cimalco Neuquén.
La medida se activó sobre el 22% del capital social total, embargado a través de una medida judicial formalizada el 13 de enero de 2025. Aquí es donde la batalla legal se tornó más técnica: Cristina solicitó que la adjudicación se realizara por su “valor nominal” de apenas 1 peso por acción.
Esto implicaría valuar ese 22% de la compañía en solo $396.000, una cifra irrisoria que, según los escritos, corresponde a un valor nominal total de la empresa de apenas $1.800.000. La solicitud se basa en una interpretación literal del Código Procesal para sociedades que no cotizan en bolsa.
José, a través de su abogado, se opuso, argumentando que esa norma no era aplicable y que el valor era “erróneo”. Sin embargo, su presentación fue genérica y no propuso un método de valuación alternativo.
La respuesta del abogado de Cristina se basó en tres pilares: sostuvo que el Código Procesal es explícito al referirse al “valor nominal”; acusó al bodeguero de presentar una queja abstracta, sin fundamentar por qué el valor era incorrecto ni proponer una cifra alternativa; y argumentó que José, como accionista, había consentido y participado en numerosos actos societarios donde se utilizó el valor nominal, sin jamás impugnarlo.
Con las posiciones ya presentadas, la jueza Culotta deberá definir si corresponde adjudicar las acciones a Cristina y bajo qué criterio de valuación.
Objetivo 2: una propiedad en Ciudad
Paralelamente a la disputa por los activos societarios, el equipo legal de Cristina Zuccardi activó un mecanismo de ejecución más tradicional: la preparación para la subasta de inmueble.
Invocando el artículo 264 del Código Procesal, el abogado de la demandante solicitó a la jueza Culotta que ordenara una inspección judicial de una importante vivienda de calle Clark de la Ciudad de Mendoza, que está embargada.
El objetivo era constatar su estado de conservación, verificar si estaba ocupada e identificar a sus habitantes, un paso indispensable para tasar el bien.
La magistrada autorizó la medida sobre el la propiedad y, previendo posibles obstáculos, facultó al oficial de justicia a solicitar el allanamiento del domicilio y el auxilio de la fuerza pública si fuera necesario.
Además, un martillero designado por el juzgado ya presentó su informe que determinó que la propiedad a nombre de José no registraba deudas con la Administración Tributaria Mendoza (ATM), la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza ni con Aguas Mendocinas.
El trasfondo de una batalla que se prolonga
La sucesión Zuccardi está lejos de resolverse. La sentencia de la Corte en 2024 no cerró la disputa: al contrario, abrió un escenario de ejecución de bienes en el que ahora entran en juego propiedades urbanas y participaciones en sociedades.
Se produce así una llamativa paradoja. Por un lado, una deuda monumental que supera los 25 millones de dólares. Por otro, una batalla que desciende a los detalles más minuciosos: la discusión sobre si un paquete accionario vale un peso por acción y la inspección de una propiedad para verificar su estado.
Los expedientes actuales —la vivienda en la 5ta Sección y las acciones de Cimalco Neuquén— son parte de esa dinámica. La resolución de ambos casos será decisiva para ordenar un patrimonio que, más allá de su peso económico, tiene un fuerte valor simbólico en una de las familias más influyentes del vino argentino.
Pero la batalla, claramente, está lejos de terminar.
Con la mira en la Corte Nacional
Tras el fallo de la Corte mendocina, en octubre del año pasado la defensa del empresario solicitó un recurso extraordinario federal, que fue rechazado.
Un mes después, el bodeguero presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que revise algunas interpretaciones del fallo. Esa resolución aún está pendiente.
Mientras José confía que la Corte nacional aceptará tratar el resonante caso, su hermana considera lo contrario porque “no hay cuestión federal afectada”.
La exdirigente política, en tanto, también denunció a su hermano por desprenderse presuntamente de bienes y marcas, antes y después del fallo de la Suprema Corte.
En concreto, lo acusó de intentar “vaciar” la empresa La Agrícola para declararse insolvente y no pagar la sentencia de la SCJM. La denuncia resaltó que el empresario habría transferido “ilegalmente” más de 100 marcas comerciales a otra empresa que integran sus hijos.
A fines de junio, la Fiscalía de Delitos Económicos e Informáticos imputó al empresario vitivinícola y a su mano derecha, Pedro Giovanello, por defraudación. La investigación que lidera la fiscal Susana Muscianisi apunta a un supuesto vaciamiento patrimonial que incluye:
- Cesión gratuita de 112 marcas comerciales, valuadas en más de 40 millones de dólares, a la empresa Viña San Julia S.A., controlada por sus hijos.
- Transferencia del 70% de sus acciones en La Agrícola S.A. a un fideicomiso familiar, administrado por Giovanello -apoderado de La Agrícola S.A. y Viña Santa Julia S.A. y fiduciario del Fideicomiso Familia Zuccardi-.
- Hipoteca de seis inmuebles a favor de una constructora, días antes de que la Suprema Corte de Mendoza dictara la condena en su contra.
- Modificaciones en el directorio de las sociedades, para ceder el control formal a sus hijos y dejar de figurar como titular de bienes registrables.