La millonaria disputa entre los hermanos José Alberto y María Cristina Zuccardi sumó un nuevo capítulo en los tribunales de Mendoza. Luego del histórico fallo de la Suprema Corte de Justicia provincial (SCJM) en agosto de 2024, que condenó al reconocido empresario a pagarle a su hermana 12 millones de dólares, más intereses, se abrió otra causa judicial que intensifica el conflicto familiar, pero con nuevos matices legales.
La historia tiene todos los ingredientes de una novela jurídica: un apellido reconocido, pelea por herencias y empresas familiares, acusaciones cruzadas, jurisprudencia clave y posibles consecuencias económicas de gran escala.
Así las cosas, lo que comenzó como una demanda civil por el reparto desigual del patrimonio familiar derivó en un fallo histórico con perspectiva de género y, más recientemente, en una nueva demanda sucesoria que promete volver a sacudir los tribunales provinciales: ahora, la Justicia deberá resolver si también hubo una afectación a los derechos hereditarios de María Cristina en relación con la herencia materna.
Dos juicios, dos códigos
En el primer juicio, iniciado en 2018, María Cristina denunció haber sido perjudicada en el reparto de bienes familiares, señalando irregularidades fundamentalmente en torno al patrimonio de su padre, Alberto Victorio Zuccardi, fallecido en febrero de 2014. Ese litigio se resolvió aplicando el antiguo Código Civil, vigente hasta 2015, que ordenaba calcular la legítima hereditaria en base al valor de los bienes al momento de la muerte del causante.
Ahora, la nueva demanda apunta a la sucesión materna. La exlegisladora reclama la porción legítima que le correspondería por su madre, Emma Cartellone, que murió en abril de 2020. Esta vez se aplicará el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, que entró en vigencia en agosto de 2015 y redujo la porción legítima obligatoria para los herederos forzosos, ampliando la parte del patrimonio que puede ser distribuido libremente por testamento.
Aunque el monto en juego es sensiblemente menor al del primer proceso, la causa se suma a una prolongada disputa familiar que ya trasciende los límites de Mendoza por sus protagonistas y las posibles repercusiones empresariales.
Avanza la ejecución de la sentencia millonaria
Por otra parte, el 7 de mayo pasado la jueza María Paula Culotta, a cargo del 3° Juzgado en lo Civil, Comercial y Minas, ordenó ejecutar la sentencia dictada por la SCJM. La resolución establece que José Alberto debe abonar a su hermana la suma de 12 millones de dólares, más intereses y costas, lo que podría elevar el total a cerca de 25 millones de dólares, según estimaciones judiciales.
“Hacer lugar a la ejecución de sentencia instada por M.C.Z. en contra de J.A.Z., ordenando en consecuencia prosiga el trámite del presente juicio hasta que haga íntegro pago a la actora del capital fijado en estos autos, o sea la suma de U$S 12.002.827,72, con más sus intereses y costas”, ordenó Culotta en su resolución.
Desde el entorno de María Cristina afirman que “esto es un game over”. Sin embargo, allegados al empresario insisten en que se trata de una “sentencia precaria” y que aún restan instancias procesales antes de una ejecución efectiva. “Todos estamos esperando lo que decida la Corte Nacional”, aseguraron.
El fallo otorga cinco días hábiles a la defensa de José Alberto para apelar la resolución de Culotta. Aunque aún no fueron notificados formalmente, fuentes cercanas al expediente dan por hecho que el empresario recurrirá.
Mientras tanto, crece la incertidumbre sobre el verdadero estado del patrimonio del bodeguero. La jurisprudencia señala que, si no se paga la suma adeudada, podrían iniciarse embargos y remates de bienes.
Acusación penal por presunto vaciamiento
A fines de 2024, María Cristina inició también una causa penal contra su hermano. Lo acusa de haberse insolventado deliberadamente, transfiriendo bienes y más de un centenar de marcas registradas a sus hijos tras conocer el fallo de la SCJM.
La causa se encuentra en etapa de investigación, sin imputaciones. Ya se realizaron allanamientos en La Agrícola —empresa clave del grupo— y se secuestraron libros contables. La denuncia alcanza también a María Julia Zuccardi, hija del empresario, y a Pedro Giovanello, apoderado de las bodegas familiares.
“La acusación es por vaciamiento patrimonial con el objetivo de burlar el derecho de cobro de María Cristina”, explican desde la querella. En el entorno del empresario, niegan categóricamente los cargos: “Si llega la imputación, contestaremos. Pero la respuesta a todo es no”, afirman. Además, insisten en que los activos actuales de José Alberto “de ninguna manera” alcanzan los 12 millones de dólares: “Es una cifra ridícula”, sostienen.
Para la parte demandante, esa situación sólo se explicaría por maniobras sospechosas del bodeguero para licuar, fraguar, esconder y disminuir ilegalmente su patrimonio, que tuvieron como único objetivo “burlar las decisiones judiciales de la máxima instancia”.
La disputa por La Agrícola
El núcleo del conflicto está en La Agrícola, empresa emblema de la familia y eje de la controversia por la vocación hereditaria. En 1992, Alberto Victorio Zuccardi y Emma Cartellone adelantaron la herencia a sus tres hijos: mientras que las acciones de dos constructoras se repartieron en partes iguales, el 87,46% de la bodega quedó en manos del único varón.
María Cristina consideró esa distribución desigual e injusta, y en 2018 inició el juicio que culminó con el fallo de agosto de 2024, cuando la Sala Primera de la SCJM —en un fallo unánime con perspectiva de género— revirtió dos sentencias anteriores y condenó a José Alberto a resarcir económicamente a su hermana.
“Es necesario recordar que toda la demanda gira en relación a la empresa familiar La Agrícola, que es donde se produce la presunta violación de la vocación hereditaria”, denunció María Cristina. “El juicio es contra mi persona, no contra la compañía”, contestó José Zuccardi en una entrevista con el diario El Cronista.
La defensa del empresario presentó un recurso extraordinario federal, que fue rechazado por la SCJM. Luego interpuso un recurso de queja ante la Corte Suprema de la Nación, con el objetivo de frenar el proceso judicial en Mendoza.
Expectativas cruzadas ante la Corte Nacional
El máximo tribunal del país aún no se pronunció sobre si acepta o no el recurso de queja. Desde el entorno de María Cristina creen que será rechazado, al considerar que “no hay cuestión federal involucrada”. Además, remarcan que “el recurso de queja no suspende la ejecución de la sentencia”.
Citan como antecedente que, en 2024, la Corte Suprema recibió alrededor de 26.600 causas y confirmó las sentencias en el 99% de los casos. Además, casi 20.000 fueron directamente declaradas inadmisibles.
Del lado contrario, allegados al empresario confían en que la Corte dará lugar a la queja. Si bien reconocen que el tribunal no tiene plazos para resolver, estiman que podría haber una definición antes de la feria judicial de julio.
Mientras la Justicia (federal y provincial) define los próximos pasos, el apellido Zuccardi —sinónimo de excelencia vitivinícola— se encuentra fracturado por disputas patrimoniales, acusaciones penales y diferencias irreconciliables. La resolución del conflicto no solo marcará el destino de los protagonistas, sino también el de una de las bodegas más emblemáticas del país.