La batalla legal entre los hermanos María Cristina y José Alberto “Pepe” Zuccardi sigue sumando fojas y novedades. En tal sentido, el escándalo judicial que envuelve a uno de los principales apellidos de la industria vitivinícola argentina incorporó recientemente nuevos embargos, mientras se aguarda la resolución de la Corte de Justicia de la Nación con respecto al recurso de queja presentado por el reconocido bodeguero.
Si bien el quiebre familiar se produjo en 1992, cuando Alberto Victorio Zuccardi y Emma Cartellone efectuaron una donación como anticipo de herencia en favor de sus tres hijos, el punto determinante de la causa judicial ocurrió el 5 de agosto de 2024. Ese día la Suprema Corte de Justicia de Mendoza (SCJM), en un fallo unánime de los ministros María Teresa Day (fue la encargada de argumentarlo), Omar Palermo y el ya jubilado Pedro Llorente, revirtió dos sentencias de tribunales inferiores, determinó que se violó la “legítima hereditaria” de María Cristina y ordenó a José Alberto a pagarle a su hermana 12 millones de dólares más los intereses desde la interposición formal de la demanda, en 2018.
La legítima hereditaria es un instituto legal que protege a los herederos forzosos -como los hijos, padres, abuelos y cónyuge de la persona fallecida- y limita la posibilidad de disponer de los bienes mediante testamentos o donaciones.
Tras ese histórico fallo de la Sala Primera del máximo tribunal provincial, que incorporó la perspectiva de género en la resolución de las disputas patrimoniales y generó algunos cuestionamientos por la posibilidad de que siente un precedente sobre la interpretación de la donación consentida y el cálculo de las herencias, corrió mucha agua bajo el puente.
Así las cosas, la guerra judicial de los Zuccardi continuó con presentaciones de ambas partes que enredaron la causa y postergaron la definición, con plazos indeterminados.
Por un lado, el empresario presentó un recurso extraordinario federal, que fue rechazado por la SCJM. Pero insistió en ese camino, elevando un recurso de queja ante la Corte Nacional y solicitando que se frenen todas las actuaciones judiciales en Mendoza hasta que el máximo tribunal del país resuelva.
Mientras José confía que la Corte de la Nación aceptará tratar el resonante caso y desestimará el reclamo de su hermana, María Cristina considera lo contrario porque “no hay cuestión federal afectada”.
La exdirigente política, en tanto, ya había acusado a su hermano de fraude, por desprenderse presuntamente de bienes y marcas, antes y después del fallo de la SCJM. El supuesto vaciamiento y los “actos tendientes a insolventarse” de José tendrían como fin no pagarle a María Cristina el monto plasmado en la sentencia, que alcanzaría los 25 millones de dólares sumando los intereses.
La denuncia, que también incluye a María Julia (hija de “Pepe” Zuccardi) y a Pedro Giovanello (apoderado de La Agrícola y de Viña Santa Julia), resalta que el empresario habría transferido “ilegalmente” más de 100 marcas comerciales “propias y de valores millonarios a una empresa que integran sólo sus hijos”.
De quién es la bodega
La demanda de la ingeniera agrícola sostiene que se produjeron “movimientos sospechosos” en la empresa familiar La Agrícola, “que es donde se produce la presunta violación de la vocación hereditaria”. En ese contexto, su abogado solicitó que se ejecute la sentencia de la Corte y se haga efectivo el pago.
La investigación avanzó durante la feria judicial de enero, donde la Justicia aceptó los pedidos de embargos preventivos de acciones de José Zuccardi en La Agrícola, “siempre que las mismas se encuentren a nombre del demandado”.
En ese punto, durante enero se ordenaron allanamientos en La Agrícola y Santa Julia para incautar el libro de Registro de Accionistas de las bodegas y otra documentación relevante (libros contables, balances y actas de asambleas).
Así se buscaba determinar si el empresario transfirió la totalidad de su paquete accionario. Pero la documentación no fue hallada en los establecimientos ubicados en Fray Luis Beltrán (Maipú) ni tampoco entregada por los representantes legales de José Zuccardi.
Lo cierto es que José Zuccardi tenía más del 99% de las acciones de La Agrícola SA, pero en un momento que la Justicia aún no pudo determinar, se desprendió de toda su participación, que se redujo directamente a cero. Así lo reveló un acta notarial que un abogado del bodeguero presentó en la causa principal.
“Adjunto a V.S. Acta Notarial Extraprotocolar que acredita que el Sr. José Alberto Zuccardi no era accionista de La Agrícola SA al día 10 de enero de 2025 conforme a las constancias obrantes en el Libro de Registro de Accionistas de la Sociedad”, dice el escrito. “Lo expresado se encuentra refrendado por el escribano actuante que, tras compulsar el Libro de Registro de Acciones de La Agrícola SA, acreditó… que el demandado no tiene acciones inscriptas a su nombre”, agrega.
Las fechas son la clave en esta historia. Por ejemplo, el 19 de enero de 2022, La Agrícola SA determinó que el directorio estaba constituido por José Alberto Zuccardi (director titular) y sus hijos Juan Sebastián (vicepresidente), José Miguel (vocal 1° titular) y María Julia (vocal 2° titular).
Los mandatos tenían vigencia por tres años y en la nueva conformación del directorio, el padre ya no figura al frente: Juan Sebastián es el presidente, José Miguel el vice y María Julia la directora suplente, según estableció la asamblea ordinaria de accionistas celebrada el 30 de diciembre de 2024.
Ahora los abogados de María Cristina presiona para lograr el acceso a la información del Libro de Registro de Acciones de La Agrícola, pero los representantes de José Alberto se niegan, argumentando que la sociedad “no es parte del proceso de ejecución de sentencia en trámite”.
En medio de esa pelea, se abrió un nuevo frente: la exlegisladora peronista pidió el embargo de las acciones de dos constructoras (Cimalco y Cimalco Neuquén), que también formaron parte del reparto de bienes de 1992.
“Las empresas no se han distribuido de forma equitativa. Yo ahora me he visto obligada a embargar los activos de mi hermano y he embargado las acciones que tiene él en las constructoras familiares”, manifestó María Cristina al diario El Cronista. De acuerdo con su relato, José mantiene el 22% del paquete accionario de ambas empresas, pero nunca participó en sus operaciones.
“Cuando se conoce la sentencia de la Justicia de Mendoza, mi hermano empieza a desprenderse de sus bienes. José tenía el 99,7% de las acciones de La Agrícola. Después de la sentencia, ya no tiene acciones y no quieren exhibir el libro de accionistas. Eso me obligó a ir contra el resto de sus acciones en las empresas familiares”, agregó.
Zuccardi vs Zuccardi, la cronología
- Alberto Victorio Zuccardi y Emma Cartellone tuvieron tres hijos: Cristina, Ema Inés y José.
- En la década del 60 fundaron tres empresas: Cimalco SA (CISA) constituida el 15 de diciembre de 1967; Cimalco Neuquén SA (CINSA), creada el 11 de julio de 1968; y La Agrícola SA (LASA), que nació el 22 de octubre de 1968.
- En 1986 realizaron la primera división de bienes, repartiendo entre sus hijos el 49% del capital social de las tres empresas (en partes iguales), conservando el control sobre todas ellas.
- El 26 de noviembre de 1991, los hermanos designaron a sus padres para que lauden y determinen su participación y distribución de los bienes de las tres sociedades. Además se comprometieron a acatar la resolución, sin ofrecer reparos ni requerir ninguna otra intervención.
- El 13 de diciembre de 1991, los padres suscribieron un laudo de distribución de las empresas a sus hijos, el cual se encontraba fundado en dos premisas básicas: un principio de equidad y un reconocimiento al “esfuerzo aportado en el nivel creativo” del hijo varón, reconociendo que ello había generado beneficios.
- El 23 de marzo de 1992, los padres efectuaron una donación como anticipo de herencia en favor de sus hijos. Luego de delimitar las acciones que poseían en cada empresa, dispusieron distribuir en partes iguales entre los tres hermanos las acciones de CISA y de CINSA. Respeto de la empresa LASA, le entregaron más del 87,46% de las acciones al hijo varón, que debía pagar una compensación a Cristina y Ema Inés. Una vez alcanzado ese acuerdo, los hermanos no podrían reclamarse por la equivalencia de los bienes que recibieron.
- El 30 de marzo de 1992, los padres vendieron a José las restantes acciones de la bodega La Agrícola SA, por la suma de 500.000 dólares.
- El 10 de septiembre de 1992, los padres rubricaron un nuevo manuscrito sobre su patrimonio y los bienes anticipados en herencia. Allí detallaron los valores totales de las empresas y los valores recibidos con anterioridad por sus hijos.
- El 20 de agosto de 1998, Alberto Victorio Zuccardi firmó un testamento en el cual manifestó confirmar su voluntad ya expresada al realizar anticipos en favor de sus tres hijos. También eximió a José de la obligación de traer a colación las donaciones o adelantos que recibió, otorgándole a una mejora de su herencia. Adujo que eran un reconocimiento a su labor desde 1976 que dio como resultado el crecimiento de La Agrícola y el beneficio de la familia.
- El 9 de febrero de 2014 falleció Alberto Victorio Zuccardi.
- El 7 de febrero de 2018, Cristina Zuccardi interpuso la demanda contra su hermano por acciones de reducción, simulación y fraude.
- El 30 de abril de 2020 falleció Emma Cartellone.
- El 2 de marzo de 2022, la por entonces titular del Juzgado en lo Civil, Comercial y Minas N° 3, Beatriz Fernanda Salvini, desestimó la demanda. Consideró que no hubo violación de su legítima hereditaria ni actos discriminatorios. Argumentó que los valores se establecieron en el momento de la donación y no se identificaron irregularidades en las operaciones patrimoniales.
- El 27 de julio de 2023, la Cámara Segunda de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas de Paz y Tributario (integrada por Silvina Furlotti, María Teresa Carabajal Molina y Gladys Delia Marsala) confirmó la sentencia de primera instancia. Sostuvo que las donaciones y transacciones se hicieron con el consentimiento de todos los hijos e indicó que no quedaban bienes a repartir al fallecimiento de los progenitores, ya que el patrimonio se había adelantado en vida.
- El 24 de agosto de 2023, la Suprema Corte de Justicia aceptó el recurso extraordinario provincial y se abocó al caso.
- El 5 de agosto de 2024, la Sala Primera del máximo tribunal revocó el fallo de la Cámara de Apelaciones. Hizo lugar a las acciones de reducción y simulación interpuestas por Cristina Zuccardi contra su hermano y lo condenó a pagarle 12.002.827,72 dólares, más intereses desde la interposición de la demanda.
- El 14 de octubre de 2024, la Corte rechazó el recurso extraordinario federal solicitado por la defensa de José Zuccardi.
- En noviembre de 2024, el empresario presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que revise algunas interpretaciones del fallo.
- En diciembre de 2024, Cristina Zuccardi denunció penalmente a su hermano por defraudación. Lo acusó de intentar “vaciar” la empresa La Agrícola para declararse insolvente y no pagar la sentencia de la Suprema Corte.