El Gobierno de Alfredo Cornejo rechazó una apelación presentada por una farmacia sancionada en 2022 por no superar una inspección realizada por el Ministerio de Salud. El recurso judicial fue enviado al Ejecutivo por la dueña de la entidad y el director técnico de la misma.
El conflicto comenzó cuando, a través de la resolución 1954/22 del ex Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, impuso una multa de $200.000 a la propietaria del establecimiento y una suspensión de 180 días al farmacéutico, quien figura como director técnico del comercio.
La decisión se basó en infracciones verificadas mediante inspecciones realizadas en 2017, en las que se constataron incumplimientos a la normativa nacional y provincial que regula la actividad farmacéutica. Las faltas detectadas fueron consideradas lo suficientemente graves como para aplicar las sanciones, enmarcadas en las leyes nacionales 17.565 y 19.303, así como en la Ley Provincial 7303 y el decreto 355/09.
Ante la sanción impuesta, el farmacéutico implicado y su equipo presentaron un recurso de apelación con la intención de revocar la medida. Entre sus principales argumentos, señalaron que la multa y la suspensión eran desproporcionadas y arbitrarias, ya que, según ellos, nunca se puso en riesgo la salud pública.
Además, alegaron que no se respetó su derecho a la defensa y que las explicaciones brindadas en su descargo no fueron tomadas en cuenta en la resolución del caso. Sin embargo, según el decreto firmado por el gobernador Alfredo Cornejo y el ministro de Salud y Deportes, Rodolfo Montero, estos argumentos no fueron suficientes para revertir la sanción.
A través del decreto 2393, publicado en el Boletín Oficial este martes, el Gobierno resolvió aceptar formalmente la apelación, pero rechazarla en su contenido. Según el documento, el proceso sancionatorio se llevó a cabo con pleno respeto al debido proceso y con base en pruebas suficientes que confirmaron la existencia de infracciones.
El texto oficial enfatiza que no es necesario que exista un daño efectivo a la salud pública para que las irregularidades sean consideradas graves. Además, descarta la presunta vulneración del derecho de defensa, asegurando que los propietarios de la farmacia tuvieron oportunidad de presentar pruebas y argumentos en su descargo, aunque estos no hayan sido suficientes para revertir la sanción.
La Subdirección de Asesoría Letrada del Ministerio de Salud y Deportes y la Asesoría de Gobierno también avalaron el rechazo del recurso, al considerar que había “elementos objetivos suficientes” para confirmar la resolución inicial.
En ese sentido, desde la cartera que comanda Montero remarcan el aumento de los mecanismos de fiscalización en establecimientos farmacéuticos en los últimos años, cuyo objetivo es “garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes y evitar prácticas irregulares”.
Por último, el documento sostiene que tanto la farmacia implicada deberá cumplir con la multa impuesta, mientras que su director técnico enfrentará la suspensión de su matrícula por el período establecido, lo que impactará en el funcionamiento del comercio.