El Gobierno provincial reglamentó los procedimientos para contratar, adquirir bienes y ejecutar intervenciones en el marco de la emergencia por riesgo hidrometeorológico y climático declarada en Mendoza por el ciclo del Súper Niño que se espera para esta temporada de verano.
El decreto establece criterios para agilizar las obras, habilita mecanismos de contratación directa bajo determinadas condiciones y fija pautas de transparencia, control y rendición de cuentas.
A través del Decreto Nº 2522, publicado en el Boletín Oficial, el gobernador Alfredo Cornejo puso en marcha la reglamentación de la Ley Nº 9740, que declaró la emergencia climática en todo el territorio provincial. La normativa apunta a ordenar los procedimientos administrativos para responder a las contingencias vinculadas con fenómenos meteorológicos, sin dejar de lado los mecanismos de fiscalización sobre el uso de los recursos públicos.
La reglamentación contempla la posibilidad de utilizar herramientas previstas en el régimen general de contrataciones del Estado, establecido por la Ley Nº 8706, siempre que sean compatibles con las necesidades de celeridad y transparencia que demanda la emergencia. Además, mantiene las prerrogativas excepcionales que habilita el régimen específico cuando las condiciones del riesgo así lo requieran.
La norma establece que la selección de contratistas y proveedores deberá sustentarse en criterios objetivos, entre ellos la idoneidad, la capacidad de cumplimiento, la calidad, el precio y los plazos de ejecución. Para montos menores se podrá recurrir a adjudicaciones directas con cotización simple, mientras que para contrataciones de mayor envergadura se procurará contar con al menos tres oferentes, siempre que las circunstancias lo permitan.
Qué establece el decreto para las contrataciones de emergencia
Uno de los puntos centrales de la reglamentación es la excepción al régimen general para intervenciones menores que requieran una ejecución inmediata. Entre ellas, el decreto menciona la limpieza de cauces, la desobstrucción de drenajes, reparaciones y otras actuaciones que, por su naturaleza, deban concretarse sin demoras. Sin embargo, las contrataciones deberán quedar documentadas en las actuaciones administrativas, con registros de las convocatorias, ofertas, evaluaciones y adjudicaciones.
La normativa también aclara que la emergencia no habilita a omitir la legislación ambiental y territorial vigente. La autoridad ambiental deberá determinar los procedimientos de evaluación y control correspondientes en función de las características de cada intervención, su ubicación y los riesgos involucrados.
Por otra parte, las reparticiones que participen en las obras y contrataciones deberán garantizar el seguimiento de la ejecución, la recepción de las prestaciones y la documentación de los gastos, con el objetivo de facilitar el control y la rendición de cuentas. La autoridad de aplicación también coordinará la recopilación de información para elaborar el informe final previsto en la Ley Nº 9740.
Finalmente, el decreto invita a los municipios y al resto de los organismos que integran el sector público provincial a adherir a las disposiciones reglamentarias, en el marco de la emergencia climática declarada en Mendoza.
