Un mendocino de 74 años presentó una millonaria demanda contra el Gobierno nacional y el laboratorio AstraZeneca por los efectos perjudiciales que presuntamente le provocó la vacunación contra el Covid 19, en 2021.
De acuerdo con la causa por daños y perjuicios que se tramita ante el Juzgado Federal N°2 de Mendoza, a cargo del juez Pablo Quirós, el hombre sufrió una Trombosis Venosa Profunda (TVP) luego de ser inoculado con dos dosis de la vacuna fabricada por la empresa farmacéutica con sede en Cambridge, Inglaterra.
El reclamo total del empresario del rubro vitivinícola, que también es jubilado y tiene domicilio en el distrito Vistalba, de Luján de Cuyo, supera los $152 millones. Ese es el número estimado como “una reparación integral”, al que debería sumarse “la desvalorización monetaria (si correspondiere a la época de ejecución de la sentencia), intereses, gastos y costas”.
Fuentes judiciales consultadas por El Sol ratificaron que se trata de la primera acción interpuesta en la Justicia Federal de Mendoza por las supuestas consecuencias provocadas por la vacunación contra el coronavirus. Sí existen presentaciones similares (individuales y colectivas) radicadas en otras jurisdicciones como Córdoba, Mar del Plata, Rosario o Ciudad de Buenos Aires, aunque todavía no hay sentencias al respecto.
La demanda fue presentada el 4 de febrero de este año en Tribunales Federales y sólo una semana más tarde, la fiscal federal María Alejandra Obregón validó la competencia de Quirós para intervenir en la causa.
La demanda
El 10 de junio de 2021, el demandante se aplicó la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus en el Área Sanitaria de Luján de Cuyo, “siguiendo las disposiciones del Gobierno Nacional y las recomendaciones de especialistas que informaban de manera permanente en los distintos medios de comunicación masivos del país”. El 4 de julio, en el mismo lugar, se inoculó la segunda dosis, ambas de la marca AstraZeneca.
Según la denuncia, un mes más tarde comenzó a experimentar fiebre, pérdida de apetito, cosquilleos en los dedos de las manos y dolores musculares intensos, entre otros síntomas. Por ese motivo, el 6 de septiembre fue internado en el Hospital Santa Isabel de Hungría, de Guaymallén, donde se le realizaron una serie de estudios. Tres días después, fue dado de alta.
Sin embargo, en noviembre comenzó a sentir molestias en sus piernas y dificultades para caminar, por lo que fue internado nuevamente en el mismo centro asistencial. Los estudios revelaron que padecía de Trombosis Venosa Profunda (TVP), por lo que fue sometido a un tratamiento con anticoagulantes que, de acuerdo con el diagnóstico médico, deberá mantener de por vida.
La TVP es una condición seria en la que se forma un coágulo de sangre en las venas profundas, generalmente en las piernas. “Requiere un manejo cuidadoso y un enfoque multidisciplinario para minimizar los riesgos y las limitaciones en la vida diaria de los pacientes”, sostiene la demanda. Y agrega que estudios médicos revelaron que el actor tiene una incapacidad parcial y permanente del 42%.
“Previamente a la vacunación contra el Covid 19, y durante toda la vida del actor que actualmente tiene 74 años de edad, nunca tuvo ningún antecedente de tratamiento por esa enfermedad, ni síntomas compatibles con la misma. Tampoco tuvo condiciones físicas ni laborales que pudieran ocasionar la enfermedad TVP”, destaca la presentación
También relata que “el plan de vida del actor ha cambiado por completo”. Por ejemplo, dejó de practicar tenis y de manejar el tractor de su finca, limitó las caminatas diarias por los dolores en las piernas y “no puede realizar viajes largos, especialmente utilizando el avión como medio de transporte, lo que le ha provocado un enorme daño personal y patrimonial”.
En tal sentido, la demanda resalta que la imposibilidad de trasladarse vía aérea además le impide visitar a su hijo y nietos, que viven en Italia, y participar en ferias de vino en diferentes partes del mundo.
“Al principio tenía dudas, pero ahora está convencidísimo de la demanda”, aseguró Carlos Aguinaga, el abogado del denunciante..
¿Culpa de la vacuna?
La presentación refiere a la “presión social” para vacunarse y la calificación de “enemigo público” para quien decidiera no hacerlo. “Este contexto social y legal de exclusión es un claro ejemplo de coerción que vulnera el derecho al consentimiento informado”, manifiesta la demanda.
Por otra parte, el demandante reclamó la inconstitucionalidad de varios artículos de la Ley 27.573, que declaró de interés público la investigación, desarrollo, fabricación y adquisición de las vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra el coronavirus, en el marco de la emergencia sanitaria por esa enfermedad.
La comúnmente denominada Ley de Vacunas, promulgada en noviembre de 2020, facultó al Poder Ejecutivo Nacional a incluir en los contratos una cláusula de indemnidad patrimonial a favor de los laboratorios y acuerdos de confidencialidad.
“Esta cláusula es inconstitucional ya que establece privilegios infundados (…) Exime de responsabilidad al fabricante de las vacunas y limita el acceso de los damnificados al sistema judicial, obstaculizando el derecho a la reparación integral”, considera la demanda.
Indemnización reclamada
- Incapacidad Sobreviniente (AstraZeneca– Estado Nacional): $ 130.285.050
- Pérdida de Chance económica (AstraZeneca– Estado Nacional): $4.500.000
- Daño emergente (AstraZeneca– Estado Nacional): $1.000.000
- Daño Moral (AstraZeneca– Estado Nacional): $6.300.000
- Daño Punitivo (AstraZeneca): $10.000.000
- Total: $152.058.050
Párrafos destacados de la demanda
- “El actor, como gran parte de la población, confió en el Gobierno y en sus controles, así como en los consejos de los ‘expertos’ que difundían información en los medios de comunicación. Sin embargo, esta confianza se basó en una falta de información científica precisa y objetiva, lo que constituye una violación a los principios básicos del consentimiento informado”.
- “Es en este contexto, marcado por la existencia del llamado ‘pasaporte sanitario’ y otras medidas coercitivas, que el actor se vio reducido a ser un mero instrumento de intimidación”.
- “Luego de un tiempo, se hizo evidente que la vacuna poseía una cláusula de indemnidad patrimonial y confidencialidad sobre su contenido y fórmula, lo que implicó una prohibición normativa de iniciar acciones contra sus fabricantes y limitó el acceso a la información completa sobre sus componentes”
- “La inoculación del actor, en el contexto de presión social y restricciones gubernamentales, no solo se realizó sin la información adecuada, sino que también lo sometió a un producto que, lejos de ser seguro, resultó ser experimental, con cláusulas abusivas que vulneraron sus derechos fundamentales como consumidor y ciudadano”.