Tres meses pasaron desde que se inició el conflicto entre los traumatólogos y las clínicas privadas y si bien la atención se ha ido regularizando, el problema no está solucionado aún. Por ello, en las últimas horas, la Secretaría de Industria y Comercio de la Nación emitió una medida cautelar que busca poner fin a la suspensión de servicios traumatológicos que afecta a miles de afiliados del PAMI en el Gran Mendoza.
La resolución, publicada en el Boletín Oficial de la Nación, basada en un dictamen de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, ordenó a la AMOT a restablecer de inmediato la atención normal para los pacientes de PAMI, respetando las condiciones vigentes al 31 de marzo de 2025.
Además, le exigió suspender la aplicación de cualquier listado de precios o nomenclador impuesto unilateralmente y garantizar el libre ejercicio profesional de sus asociados con las clínicas, sin posibilidad de sanciones. La AMOT deberá notificar esta medida a todos sus miembros en un plazo de 24 horas y publicarla en sus canales oficiales y medios masivos.
Posturas enfrentadas: “Esclavitud” vs. “Patoterismo”
La decisión de la Secretaría de Comercio llegó en un momento de alta tensión y cruces de acusaciones entre las partes.
Ante esto, Daniel Fraccaro, titular de la AMOT, expresó su desconcierto ante la medida: “La verdad ni idea, es un tema legal que lo manejará el estudio legal que representa a los médicos”.
Asimismo, advirtió a El Sol: “Están trabajando normal con contratos que teóricamente se firmaban esta semana, por eso no se entiende. Volvió la esclavitud. Tremendo“.
Finalmente, el responsable de la entidad que nuclea a los especialistas en Mendoza enfatizó: “Esto es un negocio, los médicos y los abuelos son las víctimas. Es un tema bastante oscuro, hay que investigar a fondo”.
Por su parte, desde las clínicas privadas, celebraron la resolución y argumentaron que es una medida que se estaba esperando.
“Lo que queremos es que los profesionales se sienten a negociar sin patotear y, sobre todo, que no tomen a la gente de rehén. No se puede pedir un 400% de aumento, suspender la urgencia y pensar que eso es justo”, recalcaron.
Asimismo, indicaron que pese al conflicto, la atención en las clínicas es “normal”, lo que atribuye a los esfuerzos de las instituciones para “sacar a los pacientes del medio”.
Sin embargo, enfatizaron que las condiciones de trabajo impuestas por los traumatólogos, a pesar de que “están trabajando”, no son sostenibles para las clínicas.
Cómo sigue el conflicto
La medida cautelar tendrá una vigencia de seis meses, tiempo en el cual se espera que la situación se normalice y se abran instancias de negociación reales.
La Secretaría de Comercio busca, con esta intervención, “proteger el interés económico general y asegurar que un servicio tan vital como la traumatología no sea utilizado como rehén en una disputa arancelaria”.
Mientras, los adultos mayores, aguardan con expectativa que esta resolución signifique el fin de la incertidumbre en torno a su atención médica.