La vicegobernadora Laura Montero, declaró una casa de 0,70 centavos y estalló la polémica. Ahora, para reparar el error, la compañera de Alfredo Cornejo presentará un proyecto de ley de ética pública donde incluirá en un apartado un detalle de la información que deberán contener las declaraciones de patrimonio.

A través de esta ley, se obligará también a los municipios y a los tres poderes del Estado a presentar su declaración de bienes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Esta iniciativa surgió tras el escándalo por los montos irrisorios que presentaron los funcionarios provinciales.

“Quise cumplir y todos terminamos enredados en un desastre”.

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“Quise cumplir y todos terminamos enredados en un desastre. Propongo una ley adecuada a la provincia”, indicó la vicegobernadora, que señaló que “frente a la crisis la oportunidad”, por lo que considera que es oportuno avanzar en este tema.

Por eso, a través de su iniciativa, buscará evitar confusiones y lograr así que haya un criterio uniforme a la hora de la presentar las declaraciones juradas. De aprobarse, los funcionarios deberán aclarar tres valores en la documentación con sus bienes: valor de la compra al momento de la adquisición, monto que deberá ser en pesos si se adquirió con posterioridad a abril del año 1991, valor del avalúo fiscal al 31 de diciembre del año que se declara y el valor de mercado.

La presentación de la iniciativa se realizará este lunes junto al ex presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN), Leandro Despouy, que participará del encuentro donde se tratará además la ley de acceso a la información pública y el análisis de los resultados de la auditoría que se realizó en la provincia. Montero aclaró que esta actividad estaba programada desde hace tiempo, previo al “despiole”.

 

“Jamás se me ha cuestionado mi comportamiento ético, me vi involucrada con una declaración jurada que fue inconveniente para mi”, sostuvo. La vicegobernadora afirmó que esta presentación fue consensuada con el gobernador con quien desde hace tiempo señaló que vienen hablando de presentar una autoridad de aplicación como una especie de Oficina Anticorrupción, como existe a nivel nacional, para que entienda los temas de la ética pública.

El tema de las declaraciones juradas llegó a la esfera nacional y justamente Montero fue una de las más cuestionadas por su casa adquirida en el año 1987. El caso de la vicegobernadora no fue el único, también se cuestionó al ministro de Seguridad, Gianni Venier, que declaró un auto a $1 y al ministro de Infraestructura, Energía y Minería, Enrique Vaquié, que tenía un lote de $117.

Para los funcionarios de la gestión actual el decreto Nº 1.789 de Francisco Pérez- sobre la declaración de patrimonio- resultó “confuso” y por eso aparecieron los montos irrisorios, ya que argumentaron que no se especificaba qué tipo de valor de los muebles e inmuebles debía colocarse. “Esa fue otra herencia nefasta”, remarcó la vicegobernadora.

Ademas el proyecto de ética pública contempla un apartado de incompatibilidades y conflicto de intereses, un régimen de obsequios a funcionarios públicos donde se expresa que los sujetos que comprende la norma no podrán recibir regalos o donaciones en ocasión del desempeño de sus funciones, entre otros puntos.

Plazos: se establece que deberán presentar ante la Fiscalía de Estado una declaración jurada patrimonial dentro de los 60 días hábiles desde la asunción de sus cargos. Luego deberán actualizarla anualmente y finalmente deberán presentarla nuevamente dentro de los sesenta días hábiles de cesación en el cargo.

Contenido: Bienes inmuebles, muebles registrables, muebles no registrables en conjunto, títulos y acciones, sociedades y explotaciones unipersonales, saldos en cuentas bancarias, dinero en efectivo, ingresos anuales, identificación de cargos públicos, participación en cuerpos colegiados.

Publicidad: Las DDJJ deberán publicarse en el Boletín Oficial y podrán ser consultadas en el sitio web del gobierno de Mendoza.

Sanciones: Los sujetos comprendidos en la presente que no cumplieren con las obligaciones aquí establecidas, serán sancionados o removidos por los procedimientos establecidos en el régimen propio de su función. El cese o renuncia al cargo del que estuviese investigado no hará cesar la continuidad de las actuaciones, las que se tramitarán hasta el dictado de la resolución definitiva.

El descargo de Montero

La vicegobernadora se vio obligada a defenderse públicamente tras la controversia que se generó. Además de las declaraciones en los medios dio las explicaciones correspondientes en su sitio web para evitar malos entendidos.

“En la planilla del anexo que demanda Fiscalía de Estado por mi presentada, da lugar a una sola opción, y la declaración por mi efectuada fue la que se presenta en el Formulario 711 de Impuesto a las ganancias porque esta declaración es más exhaustiva en cuanto a la declaración de los bienes y la menos conveniente a los fines patrimoniales ya que se nos impone declarar el bien de acuerdo al valor que el mismo ingresó a mi patrimonio y describir absolutamente todos los bienes”, argumentó.