Un grupo de jueces, fiscales, defensores oficiales y abogados que integraban la Comisión Asesora para la Justicia Penal presentó un recurso de reconsideración al Consejo de la Magistratura luego de que este órgano de control decidiera su remoción. En su presentación, señalaron que la decisión fue “arbitraria” y tiene “vicios groseros” y reclamaron que esa decisión quede sin efecto.
La decisión del órgano de control de los magistrados provinciales se tomó el 4 de julio y generó revuelo en Tribunales. En este caso, pidieron al Consejo que deje sin efecto la remoción que se produjo luego de un concurso para cubrir el cargo de un fiscal de Instrucción.
El recurso fue presentado, entre otros, por Marcelo Gutiérrez del Barrio -juez del tribunal penal colegiado-, Mauricio Juan -juez-, Mariana Silvestri -defensora oficial-, Laura Rousselle -jefa de la Unidad Fiscal de Violencia de Género-, Darío Tagua -jefe de fiscales de Correccional y de Tránsito-.
En concreto, la presentación apunta a tirar abajo las razones por las que el diputado provincial José Luis Ramón denunció presuntas irregularidades durante una evaluación oral de los aspirantes. Posteriormente, el Consejo de la Magistratura resolvió “por unanimidad” la remoción de todos los integrantes de la comisión, incluidos los suplentes.
Entre otros fundamentos, señalaron que el Consejo debió darles la posibilidad de conocer cuáles fueron los “supuestos incumplimientos injustificados” para garantizarles el derecho a defensa. En otras palabras, aseguran no haber conocido los argumentos de la decisión que tomó el órgano de control.
También cuestionan el rol del consejero Fernando Guzzo, jefe de la Unidad Fiscal de Homicidios, por lo que en el escrito también se lo recusa en cualquier decisión relacionada con el recurso. Sostuvieron que Guzzo debió excusarse de intervenir en la toma de cualquier tipo de decisión, puesto que también del concurso participó su pareja.
“Al haber optado por participar y rubricar la ilegítima remoción efectuada por parte del Consejo de la Magistratura, implica haber tomado una decisión que afecta seriamente garantía de imparcialidad“, argumentaron y precisaron que, como consejero, el fiscal representa la voluntad de todos los magistrados de la provincia. Guzzo no debió intervenir, recalcaron: “Éticamente le estaba vedado hacerlo“.